¿Por qué la renta mínima es necesaria?

El debate parlamentario sobre el establecimiento de una renta mínima para las familias sin recursos ha animado la discusión sobre la fragilidad de la última red de protección. A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de países europeos, España no cuenta con una prestación que cubra el riesgo general de pobreza. Plantear, por tanto, la homologación del sistema con nuestro entorno más próximo no parece una temeridad. Especialmente, cuando las estadísticas oficiales revelan que más de un 22% de la población está por debajo del umbral de pobreza.

Frente a la necesidad de cubrir este importante vacío sorprenden las reacciones en contra, casi viscerales, de algunos de los actores implicados en el debate. Y asombra, aún más, el recurso al habitual listado de estereotipos sin poner sobre la mesa datos empíricos que avalen las críticas. La última red de garantía de ingresos en nuestro país está definida por un modelo muy fragmentado de prestaciones y una amplia desigualdad territorial. Comparado con otros países europeos, se trata de un sistema más residual, con menor cobertura y prestaciones menos generosas.

La última malla está formada por prestaciones específicas a cargo de la Administración central y prestaciones más generales a cargo de las comunidades autónomas. Este diseño supone serios problemas de articulación, con niveles de protección muy diferentes por categorías de población y territorios. Además, dadas las bajas cuantías, su capacidad para reducir la pobreza es de las más reducidas de la UE, especialmente en el caso de los menores de edad y los jóvenes. Las prestaciones por hijo a cargo, que apenas alcanzan los 24 euros al mes para ingresos anuales por debajo de 11.600 euros, apenas tienen efecto sobre el riesgo de pobreza.

Parece imprescindible, por tanto, una reforma integral del sistema. Es necesaria una mejor articulación del conjunto de prestaciones para corregir las desigualdades entre grupos de población. Es fundamental también tratar de reducir las actuales lagunas, que dejan fuera a colectivos en especial situación de necesidad, y dotar a los programas de una asignación presupuestaria mayor. En tercer lugar, el Estado debe asumir su responsabilidad y asegurar un nivel básico de protección homogéneo en todo el territorio. Las diferencias entre las comunidades autónomas en la protección ofrecida son mayores que las que hay en países federales.

El coste de estas políticas dependerá de la generosidad y cobertura que se quiera que tenga la nueva prestación. En la actualidad, las comunidades autónomas se están gastando más de 1.400 millones de euros y la cobertura no llega a la mitad de los hogares sin ingresos. Extender esa protección requeriría un importante incremento del gasto, aunque sensiblemente inferior a las cifras apocalípticas que han mostrado algunos responsables del Ministerio de Hacienda.

¿Perpetuaría esta nueva prestación el ocio de sus perceptores? Según los datos del informe realizado por un grupo de expertos para el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, pendiente de publicación, los periodos reales de cobro de estas prestaciones suelen ser breves (más de la mitad están menos de un año) e inferiores a los de otros países. Para gran parte de los hogares la renta mínima es una ayuda transitoria. No obstante, habría que apoyar la prestación con estrategias de inserción sociolaboral adecuadas. En estos programas, los recursos de empleo destinados a los colectivos más alejados del mercado laboral son escasos y el alcance de los sistemas de bonificación durante la percepción de las prestaciones es limitado.

Definir una garantía de renta homogénea para el conjunto de la población y reducir la actual fragmentación de la última red supondría acercar la experiencia española a la de las sociedades europeas con mayor éxito en la reducción de la pobreza. No hacer nada y pretender que la recuperación del empleo dará respuesta a las necesidades sociales de millones de personas es seguir viviendo en el país de las maravillas.

Luis Ayala es catedrático de Economía en la Universidad Rey Juan Carlos.