38 días en huelga de hambre para reclamar la renta básica

Paco Vega, de 65 años, jubilado, con pareja y dos hijas, ha vuelto a la calle tras permanecer ingresado en el Hospital Civil de Málaga, adonde llegó desfallecido por su tercera huelga de hambre en demanda de una renta básica. Este jueves cumple 38 días de protesta, está convencido de que es la única solución digna a la pobreza y asegura que la continuará hasta que termine “entubado por orden judicial”.

La demanda de Paco Vega, extrabajador del Ayuntamiento de Málaga y sin filiación política (militó en el PSOE nueve meses en 1982), es general, pero ha concentrado su lucha en Andalucía porque el Estatuto de Autonomía la incluye como derecho en su artículo 23.2. La inclusión de una renta mínima de inserción social en los Presupuestos autonómicos no la considera suficiente, por lo que reclama un compromiso personal de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, para que, al menos, se extienda a las víctimas de violencia de género y a personas sin recursos con menores a su cargo. “Otra cosa es crear solo fijos discontinuos de las ayudas”, afirma.

El activista, miembro del colectivo Renta Básica y presidente de la Asociación Mujeres y Hombres Avanzando en Igualdad, es ajeno a la población potencialmente beneficiaria de la medida. "Tengo una pensión más que suficiente", admite. Tampoco quiere que se le utilice políticamente. Protesta porque dice haber sido testigo desde el Ayuntamiento de los efectos de la pobreza. Su familia le apoya, aunque teme por los efectos de esta larga lucha en su salud. Acaba de salir del hospital y ha vuelto al lugar donde ha permanecido durante las tres huelgas de hambre que ha emprendido, frente a la Delegación del Gobierno de la Junta en Málaga.

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La renta mínima que defiende Vega y los sindicatos mayoritarios, CC OO y UGT, así como varias ONG, es una aportación económica para acabar con situaciones de vulnerabilidad económica. Su carácter universal la haría sencilla y más fácil de administrar que otros sistemas de protección, pero supone presupuesto público que sólo puede salir de una mayor presión fiscal o de otras partidas.

El presidente de la Autoridad Fiscal (Airef), José Luis Escrivá, ha calculado la pasada semana en el Congreso que esta renta básica, que ha reconocido que tiene "un potencial redistributivo muy significativo”, supondría en el conjunto de España un coste de entre 6.000 y 15.300 millones.

La ONG Save the Children, que ha participado en la comisión parlamentaria de Hacienda que estudia la medida en Andalucía, considera que en esta comunidad serían necesarios 670 millones de euros, más del triple de los 198 millones consignados ahora para la Renta Mínima de Inserción (RMI) prevista en el próximo presupuesto.

247.338 familias

Esta organización calcula que la comunidad alberga en estos momentos a 247.338 familias que podrían acogerse a la medida. Con la dotación actual, los beneficiarios serían unos 50.000 andaluces.

“El diseño de la renta mínima no atenderá a todas las familias y a todos los niños y niñas que se encuentran en situación de pobreza severa en Andalucía, por lo que no es una herramienta eficaz para luchar contra la pobreza infantil”, ha asegurado el responsable de Save The Children en Andalucía, Javier Cuenca.

Los destinatarios de la nueva renta mínima son aquellos que ganan menos de 418 euros al mes. Recibirán desde un 78% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM- 532 euros al mes) hasta un máximo del 125% de este índice, según en número de miembros a cargo. De esta forma, las ayudas, que se prolongarían mientras persista la deficiencia de ingresos, rondarían entre los 414 euros y los 665 euros al mes.

Según Save The Children, estas condiciones dejan fuera de la ayuda a muchas familias que se encuentran por debajo del umbral de pobreza severa y que ingresan, como mucho, 8.785 euros al año. “El porcentaje de población menor de 18 años en Andalucía en situación de pobreza relativa es del 44,3%, mientras que la media del Estado es del 29,7%”, ha alertado Cuenca.