La Autoridad Fiscal cree que la renta básica costaría entre 6.000 y 15.300 millones

La Autoridad Fiscal (Airef) cree que la propuesta de renta básica de los sindicatos mayoritarios, CC OO y UGT, que se tramita en el Congreso no es una iniciativa más. La medida tiene "gran calado, con un potencial redistributivo muy significativo, y también con un coste fiscal importante", según ha apuntado el presidente de la Airef, José Luis Escrivá, en el Congreso.

En su comparecencia, Escrivá también ha cuantificado a cuánto ascendería la factura de la Iniciativa Legislativa Popular. "Los números rápidos que hemos hecho nosotros", ha advertido, señalan una cifra que está entre un mínimo de 6.000 millones y un máximo de 15.300 millones, teniendo en cuenta un complemento adicional por menores a cargo del beneficiario.

Para hacer esos "números rápidos", la Autoridad Fiscal ha tomado como base la Encuesta de Condiciones de Vida y ha cifrado en una franja que va entre 1,9 millones y 2,2 millones de personas las que podrían cumplir los requisitos para tener acceso a la ayuda. Aunque la cifra podría reducirse hasta los 1,3 millones  y 1,5 millones si se aplican exigencias de renta por hogar (un ingreso familiar mínimo, no solo individual).

Las cifras que ha puesto sobre la mesa la Airef no coinciden con las planteadas por los sindicatos en su iniciativa, aunque sí están dentro del rango manejado por el organismo público. CC OO y UGT calculaban, tomando la Encuesta de Población Activa y, como la Autoridad Fiscal, la Encuesta de Condiciones de Vida, que el coste se situaría entre los 9.200 millones y los 11.300 millones.

La renta planteada está condicionada a la búsqueda de empleo, por tanto, no es universal. Y supone una ayuda mensual de 430,27 euros (el 80% del IPREM) para quienes no lleguen a unos ingresos mínimos del 75% del SMI al año (7.429,8 euros).

Tras la comparecencia de Escrivá, ha valorado la iniciativa ante los diputados el profesor universtario José Ignacio Conde-Ruiz. Él ha elevado el coste anual a un rango entre los 9.300 millones y los 17.350 millones. Conde-Ruiz ha señalado que comparte el objetivo de la medida, pero que cree que no esté bien diseñada y que contiene incentivos negativos que podrían disparar la factura.