El rostro de la renta mínima: mujer, española y de 35 a 44 años

“Ahora mismo estoy sobreviviendo. Madre soltera y con dos niños pequeños, me dirás cómo lo hago”, cuenta Carla por teléfono. No se llama así, pero prefiere no dar su nombre porque no quiere problemas. “Me da miedo que me quiten la renta mínima”. Esos 580 euros son el único ingreso de esta familia madrileña, la última red de protección para quienes ya han agotado el resto de recursos. “A mis hijos no les falta el pan, pero poco más. No es que viva al límite, es que lo sobrepaso. Es muy duro. Nunca puedo llegar a final de mes. Antes de cobrar la renta mínima, al pequeño se le rompieron las zapatillas y yo no tenía ni 10 euros para comprarle otras”, se lamenta.

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Como Carla, unas 313.000 personas percibieron esta ayuda en 2017, según el último informe del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, publicado la semana pasada. Pero el total de beneficiarios, porque la prestación se otorga por hogares, superó los 730.000.

La renta mínima tiene rostro de mujer. Según los datos del ministerio, es española, tiene entre 35 y 44 años y abandonó los estudios al acabar la educación primaria. Carla cursó hasta la ESO. Se quedó embarazada muy joven, dio a luz a punto de cumplir los 19 años. Ahora roza la treintena y tiene dos hijos de nueve y 10 años. “Vivimos en una casa ocupada porque nos desahuciaron. Me quedé sin trabajo y no pude seguir pagando”, explica. “Las complicaciones son muchísimas. Te atacan por todos lados. Si enciendo el radiador, tengo que apagar el termo”, afirma. “Ay, ojalá volviera a encontrar empleo”. Su voz suena por un momento entusiasmada. Pronto se apaga. “Con dos niños es muy difícil encontrar un trabajo con unos horarios que me permitan recogerlos. Es complicado hacerlo todo sola”, sigue.

El 60% de quienes cobraban la renta mínima fueron mujeres. Eran mayoría en todos los tipos de hogar, a excepción de los unipersonales (había más hombres solos). Entre las familias monoparentales, ellas ganaban por goleada: en más del 90% de las ocasiones, las titulares eran mujeres. La mayoría había estudiado hasta primaria, seguidos por quienes habían cursado la ESO o programas de garantía social. Por edad, el grupo más numeroso iba de 35 a 44 años, seguido por el intervalo de 45 a 54.

Discurso xenófobo

Los datos desmienten además el discurso antiinmigración agitado por la extrema derecha. “No es cierto que vienen a mantener las pensiones, sino a recibir las prestaciones que muchos españoles no alcanzan”, dijo en una entrevista el pasado agosto el líder de Vox, Santiago Abascal. No todas las comunidades autónomas entregaron al ministerio los datos completos, pero con las cifras de las que dispone el Informe de Rentas Mínimas de Inserción 2017, equivalentes a casi el 56% de los 730.000 beneficiarios, el 74,5% eran españoles, frente al 25,5% de extranjeros.

“Son más que hace años porque también son más en España. Aún así, son apenas un cuarto. Los inmigrantes suelen tener menos problemas de cronificación dentro del programa. Durante la crisis entraron muchos, pero salieron antes, son más dinámicos”, explica Luis Ayala, catedrático de Economía en la Universidad Rey Juan Carlos. “Y no entran directamente en los programas. Hay requisitos de acceso bastante restrictivos. Se exige que estén empadronados e incluso se imponen intervalos de tiempo”, prosigue. Algo más del 10% de la población empadronada en España es extranjera.

Hay importantes diferencias entre comunidades. Las prestaciones reciben nombres distintos. Y hay territorios que compaginan varias ayudas, como Baleares o Cataluña. “Esta es de las pocas prestaciones del Estado de bienestar que ya nació descentralizada. Hay comunidades con modelos de protección casi nórdicos, como País Vasco y Navarra. El problema es que en otras no se llega a un mínimo digno”, apunta Ayala, que ha estudiado las ayudas en las diferentes comunidades. En Navarra, la cuantía mínima fue en 2017 de 600 euros al mes, y la máxima para la unidad familiar o convivencia, de 1.200. En la Comunidad Valenciana, el mínimo fue de 388,51 euros y el máximo, de 626,03. “En España las estancias suelen ser cortas. Hay un porcentaje de los beneficiarios que son menos empleables, pero no hay un problema de cronificación. Sí de intermitencia. Casi una de cada dos familias que entran en el programa, sale y vuelve a entrar al tiempo”, indica.

Es el caso de Carla. Ella pidió la renta al nacer su segundo hijo. Dejó de necesitarla cuando encontró trabajo y pasó a cobrar algo más de 600 euros. Pero se quedó en paro y agotó la prestación. Vuelta a empezar. “Hay gente con estrella y yo nací estrellada. No sé cuándo me van a echar de la casa en la que vivimos. Esta vez los niños sí van a enterarse porque ahora son algo mayores”, cuenta. Trata de sobreponerse a la angustia. “Quiero que mis hijos vean que su madre puede con esto, que aprendan que esta vida hay que lucharla, que el mundo es difícil”.

Fe de errores. Los datos del informe del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar social sobre rentas mínimas no coinciden con los del País Vasco, según un portavoz del Gobierno vasco. En 2018, según sus datos, hubo 55.380 titulares de la prestación. La cuantía mínima fue de 644,49 euros y la máxima para una familia con tres hijos, de 915,47 (de 988,71 para pensionistas), según los mismos datos.