Solo el 8% de los españoles bajo el umbral de la pobreza recibe una renta mínima

La crisis económica no aumentó solo el número de pobres, también transformó su fisonomía. De los nueve millones de españoles que viven por debajo del umbral de la pobreza (menos del 60% de los ingresos medios por hogar), dos millones son trabajadores con salarios bajos. Las comunidades autónomas disponen de mecanismos para aliviar su situación, pero en 2017, último año del que existen datos, solo el 8% cobró una renta mínima de inserción (el subsidio que garantiza unos ingresos a quien no los tiene). Esto es: 728.000 personas. Así lo revela un informe elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que alerta de las enormes diferencias de cobertura y cuantía entre comunidades.

“No puede ser que una comunidad cubra al 76% de las personas con necesidades y en otras cobrar una renta mínima se convierta en una auténtica lotería”, denuncia Gustavo García, portavoz de la asociación. Los datos del informe, extraídos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, revelan contrastes extremos. Dos comunidades, País Vasco y Navarra, lideran la cobertura. En el primero las ayudas públicas cubren a tres de cada cuatro personas cuyos ingresos se encuentran por debajo del umbral de la pobreza. En el caso de Navarra, la renta beneficia al 66,1% de esas personas.

La situación es muy diferente en el resto de las regiones. Solo cinco garantizan porcentajes superiores al 10% de cobertura: Aragón y Cantabria (18,8), Asturias (17,4), Madrid (11) y Castilla y León (10,7). En otras siete comunidades ni siquiera alcanza al 5% de quienes la necesitan. En el furgón de cola se encuentran Castilla-La Mancha (2,1%) y Murcia (3,6%).

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales recopila estas cifras desde hace ocho años. Según sus cálculos, el número de perceptores alcanzó su nivel más alto en 2015, cuando el 8,7% de los españoles con rentas por debajo del umbral de la pobreza recibió una ayuda. El porcentaje de beneficiarios se ha ido reduciendo desde entonces. Varios factores explican esta merma: la dispersión de las subvenciones, la excesiva burocracia para solicitarlas y la vergüenza que aún sienten muchos potenciales beneficiarios para hacerlo.

Trabajadores pobres

“Las rentas mínimas de inserción son herramientas caducas. Se utilizan métodos del siglo XX para atender la pobreza del siglo XXI”, subraya García. En su opinión, la pobreza ha cambiado. Ya no se puede considerar pobres solo a aquellas personas que lo son de manera estructural y que han sido excluidas de la sociedad. “La precariedad laboral ha cambiado lo que entendemos por pobreza. Ahora afecta a muchos trabajadores, personas completamente incluidas en nuestra sociedad que tienen que recurrir a este tipo de ayudas”.

García recrimina que en muchas regiones no se incentive el trabajo porque, si los perceptores consiguen un empleo temporal y paralizan la renta, luego necesitan una burocracia excesiva para recuperarla. “Les hacen informes sociales y de todo tipo. Si es humillante ser pobre, ser un trabajador pobre lo es más”, insiste. Sin embargo, su queja principal se centra en las diferencias de cobertura y cuantía de las ayudas. Para solucionarlo exige la creación de un sistema nacional de garantías que termine con los contrastes entre territorios. “Es una auténtica razón de Estado, mucho más que los símbolos, porque garantiza unos mínimos de subsistencia para las personas. Ahora cada comunidad es un mundo y eso sí que descohesiona el país”.

Una portavoz de la Consejería de Políticas Sociales de Madrid indica que la cuantía media que cobra un perceptor en la región es de 470 euros, pero puede llegar hasta los 900, dependiendo del número de miembros de la familia. La ayuda tiene carácter indefinido siempre que se acredite que se cumple con los requisitos. En País Vasco, donde se denomina Renta de Garantía Social, la cuantía media es de 644 euros, pero puede alcanzar los 915, indican fuentes del Gobierno regional. En Andalucía, la renta mínima de inserción sustituyó en 2017 al ingreso mínimo de solidaridad. La prestación es del 78% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que en la actualidad es de 537 euros (misma cantidad que hace dos años).

El informe realizado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales también revela que la cuantía media que cobró en 2017 un perceptor de renta mínima en España, 4.220 euros anuales, apenas suponía el 13,2% de la renta media que ingresaba un hogar (31.956 euros). Lo consideran una cantidad “extremadamente baja que apenas ha sufrido variación en los últimos siete años”. El estudio destaca a Extremadura, donde las cuantías que reciben los perceptores supone el 31,5% de la renta media de los hogares de la región. Por el contrario, cinco comunidades tienen porcentajes inferiores al 10%. Baleares cierra este particular ranking con un 4,9%, lo que para los expertos “no permite, de ninguna manera, garantizar la supervivencia”.