País Vasco y Comunidad Valenciana, lo mejor y lo peor de los servicios sociales

La buena noticia sobre la situación de los servicios sociales en España, que atienden a ocho millones de españoles, es que al cierre de 2017 se espera que se haya recuperado la inversión de 2010, cuando empezaron los recortes. La nota media de las comunidades autónomas ha mejorado 0,54 puntos desde 2015 y consigue superar el aprobado, con 5,08 puntos sobre 10, según el Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales (DEC), desarrollado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España (ADYGSS). La mala noticia es que sigue habiendo grandes disparidades entre comunidades autónomas: País Vasco y Navarra son las que mejor nota sacan (7,75 y 7,50) frente a Comunidad Valenciana y Canarias, con un 2,5 y un 3,3 respectivamente.

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La inversión en servicios sociales en España se recupera hasta 17.051 millones de euros, después de haber estado en mínimo "cuando más necesarios eran" en los peores años de la crisis (en 2013 tocó suelo, con 14.874 millones), según Gustavo García, coordinador del estudio. La mejora viene impulsada por las comunidades autónomas, que sustentan el 61,7% del gasto global no financiero, aunque las entidades locales (25,2%) también están recuperando los niveles de 2010. La aportación del Estado (13,2%) "es un desastre", dice García, y con 2.243 millones de euros todavía está lejos del gasto de 2010, de 2.947 millones.

El informe señala sin embargo que no es necesariamente el presupuesto invertido el que garantiza un mejor sistema. Hay casos, como el del País Vasco (gastó 611,8 euros por habitante en 2016) y Navarra (600,37 euros) en los que sí hay correlación. Pero en otros, como Extremadura, Asturias y Cantabria, el esfuerzo económico es notable (más de 400 euros por habitante), pero la cobertura es baja. Una de las causas, señala el informe, es que los servicios sociales de estas comunidades no están bien coordinados con las autoridades locales, que en paralelo, desarrollan su propia atención. "Aquí es donde se producen solapamientos, zonas de sombra e ineficiencias", señala el trabajo.

Detrás de la buena nota de comunidades como Castilla y León, que con menor inversión ofrece mejor cobertura que Extremadura, es que cuenta mucho con las entidades locales y mantiene a lo largo del tiempo, pese a los cambios de Gobierno, las estructuras y equipos que trabajan en este área. 

El DEC, realizado con datos de 2016 sobre gastos consolidados publicados por las administraciones públicas, se calcula en torno a tres ejes: los derechos reconocidos, la inversión económica y la cobertura de los servicios. "Queremos que sirva para mejorar" y no para ver quién saca peor nota, dice García, pero del estudio se desprenden grandes diferencias entre las autonomías, aunque señala que la desigualdad entre ellas tiende a reducirse levemente.

Estos son algunos de los constrastes más notables:

- A pesar de que Comunidad Valenciana y Canarias están a la cola, según García, "ninguna ha realizado un esfuerzo tan loable y tan duro" como estas dos autonomías.

- Extremadura (Gobierno regional y ayuntamientos) invierte un 2,737% de su PIB en servicios sociales, tres veces más que la Comunidad de Madrid (0,944%).

- En Castilla y León solo el 1,4% de quienes tienen reconocido el derecho a recibir ayuda a la Dependencia están a la espera de recibirlas; en Canarias es el 41,8%.

- El 77,5% de quienes se encuentran bajo el umbral de la pobreza en el País Vasco se benefician de las Rentas Mínimas de Inserción. En Murcia, solo el 2,2%.

- Las Rentas Mínimas de Inserción en Asturias suponen un 17,9% de la renta media por hogar en esa Comunidad; en la Comunidad de Valencia un 3%.

- En la Comunidad de Madrid la ayuda a domicilio llega al 5,67% de los mayores de 65 años, en la Comunidad Valenciana al 0,16%.

- La teleasistencia da servicio al 15,39% de los mayores de 65 años, mientras que en Extremadura solo al 0,8%.

- En el País Vasco hay 80,9 plazas de acogida por cada 100 mujeres víctimas de violencia de género con orden de protección. En Cataluña, 6,63.

García advierte de que la mejora del índice "podría no ser una mejora real de servicios de calidad sino un retorno al asistencialismo y a la limosna institucionalizada". En lugar de garantizar la renta de los ciudadanos e impulsar la subida de salarios, señala, las administraciones dedican fondos y recursos a gestionar el bono eléctrico o ayudas al alquiler. "Nos convertimos en meros gestores de ayudas económicas, como inspectores de los pobres", critica, cuando su labor debería centrarse en crear más plazas residenciales y ofrecer ayuda a la dependencia, por ejemplo.