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Los servicios sociales alertan de que su función no es ser un “cajón de sastre”

Un informe del Colegio del Trabajo Social de Cataluña concluye que los recortes y la falta de políticas sociales pone en riesgo la atención a las familias

Una oficina de servicios sociales de Barcelona, en una imagen de archivo.
Una oficina de servicios sociales de Barcelona, en una imagen de archivo.

La ley que regula la actividad de los servicios sociales básicos en Cataluña cumple este diciembre diez años. El Colegio Oficial de Trabajo Social de Cataluña alerta en un dictamen de que los profesionales desempeñan su labor en medio de una alta precariedad, y de que la falta de políticas sociales en ámbitos como la educación o la sanidad les ha convertido en un "cajón de sastre". Esta circunstancia, aseguran los autores del estudio, les aleja de la principal prioridad del trabajo social: prevenir las necesidades de los ciudadanos y acompañarlos desde la proximidad.

La gran dificultad en los últimos años, según los autores del informe, ha sido dar cabida en el sistema de servicios sociales básicos a la creciente demanda que propició la crisis con unos recursos que no se actualizaron. "Somos la primera puerta de entrada al sistema pero también el punto de llegada para todo lo que no se ha podido solucionar", explica Arantza Rodríguez, una de las responsables, junto con Mercè Ginesta, Mercè Civit y Juanma Rivera, del dictamen Los Servicios Sociales Básicos en la provincia de Barcelona. Situación actual y propuestas de mejora.

En sus conclusiones, el estudio afirma que, más allá de sus funciones obligadas, el sistema de servicios sociales básicos, que se presta desde los Ayuntamientos, "ha sido receptor, sin poner límite, de otras competencias del resto de sistemas (salud, educación, vivienda, ocupación), o bien de los servicios sociales especializados". "Es la creencia ilusoria de que en los servicios sociales básicos todo cabe. Sus profesionales viven esta delegación como una carga inabordable que se suma a la complejidad intrínseca de su tarea", añade el documento. Por ejemplo, el sistema de atención básica se ha encargado en los últimos tiempos de dispensar ayudas para ortopedias, productos farmacéuticos o ayudas a la vivienda. "No nos toca, pero ni Salud ni Vivienda han puesto partidas especiales para estas prestaciones", aseguran los trabajadores. 

"Se nos atribuye mucho trabajo que al final acaba desdibujando cual es nuestra verdadera tarea", lamenta Rodríguez. Y esto se traduce, en el día a día del trabajo social, en un desajuste entre las expectativas de los usuarios y lo que realmente pueden hacer los profesionales, que han visto cómo su labor se ha ido reduciendo a la burocracia y a la gestión de un amplio número de expedientes.

Carlos Alarcón, trabajador social en el Ayuntamiento de Barcelona, explica que en estos momentos tiene a su cargo 110 expedientes familiares. "Nuestras intervenciones van desde la atención a la infancia en riesgo hasta la ayuda a la dependencia", explica. Este amplio abanico de tareas requiere preparación, conocimiento de los usuarios para poder prevenir situaciones graves y recursos para solucionarlas. "Las prestaciones económicas son solo una parte de lo que hacemos", aclara Alarcón, aunque admite que, en muchos casos, los usuarios los perciben como dispensadores de ayudas.

Sin embargo, los Servicios Sociales Básicos solo tienen capacidad para parar el golpe, no para dar una solución continuada en el tiempo. No obstante, los usuarios llegan con unas altas expectativas ("les dicen 've a servicios sociales, que te lo arreglarán'", dicen los autores del dictamen) que no son satisfechas, lo que en más de una ocasión ha derivado en agresiones verbales y hasta físicas. "Es agotador", asegura Rodríguez. "Trabajamos muchas veces con personas en situación de dependencia a las drogas, o personas dependientes", recuerda Alarcón.

"En los últimos años se ha incrementado sustancialmente el número de familias a las que atender", explica la autora del estudio, aunque no detalla cuál ha sido el aumento, ya que la multitud de servicios que prestan los diferentes Ayuntamientos no facilita un recuento de datos. La ratio que marca la Ley de Servicios Sociales es de tres trabajadores y dos educadores por cada 15.000 habitantes. "Está muy desfasada respecto a lo que ha quedado después de la crisis, y ni se ajusta a las necesidades de cada territorio ni a la complejidad social de cada zona, porque no se pueden poner refuerzos en un sitio y sacarlos de otro", resume Rodríguez.

El estudio apunta, como solución, a que se amplíen los recursos y a que se destinen más trabajadores en ámbitos que no son estrictamente el sistema básico. Según el Colegio de Trabajadores Sociales, es necesario que en las escuelas y en los centros de salud haya profesionales que puedan hacer una labor de prevención para descargar de trabajo al sistema básico. Los autores también creen que, con el inicio del crecimiento económico, es ahora el momento de revertir los recortes e impulsar políticas sociales.