Los servicios sociales del Consistorio critican la gestión de Ada Colau

Los profesionales de los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona están molestos con el nuevo Gobierno de la ciudad, dirigido por Ada Colau. Los sindicatos UGT, CC OO y CGT se reunieron ayer con los gerentes del área y les presentaron un listado de reivindicaciones en el que piden acabar con las políticas asistencialistas basadas en ayudas, poder participar en el sector y alertan de que se está produciendo una excesiva fiscalización de las decisiones técnicas. Un control que da más trabajo a un sector ya al límite y que se produce ante el temor, entienden, de que haya casos desatendidos y que ha provocado algún choque entre las decisiones que toman los técnicos (por ejemplo sobre la concesión o no de una ayuda) y los niveles superiores.

Los tres sindicatos admiten que el sector había puesto grandes expectativas en un Gobierno que en su programa electoral hablaba de un modelo menos asistencialista, que prometía participación, una renta complementaria de ciudadanía e incidir en un trabajo integral, preventivo y comunitario. Y en cambio, aseguran, la atención sigue centrándose en las primeras visitas para reducir listas de espera. Mientras, lamentan, las tres reuniones mantenidas con los responsables de área para trasladar sus demandas no han dado fruto.

 Presupuesto

 La semana pasada el malestar estalló después de que la reunión que tenían prevista los sindicatos con la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, se aplazara a ayer lunes. Finalmente a la reunión no asistió la concejal pero sí el gerente del área, Jordi Sánchez, y el del conjunto de Derechos Sociales, Ricard Fernández. Ortiz explica que, nada más llegar al cargo en julio, celebró una asamblea con los trabajadores sociales, que les explicó su apuesta por “el trabajo comunitario y en la calle”, que encargó un “informe de necesidades y cargas de trabajo” y que en el último consejo del Instituto Municipal de Servicios Sociales explicó que su presupuesto aumentará un 28% y la plantilla crecerá en 30 personas. La teniente de alcalde afirma además que a finales de noviembre tendrán listo el nuevo plan del sector y precisa que el cambio de modelo no se puede hacer de un día para otro.

Tras la reunión, el veterano presidente del comité de empresa, José Antonio Lorite (UGT) celebró la ampliación de la plantilla en 15 educadores, 10 trabajadores sociales y cinco psicólogos, pero consideró que es “insuficiente”. Lorite lamenta además que, pese a las promesas, por ahora “son los políticos los que están haciendo los protocolos de atención” y que “no dejan participar a los técnicos, desde los administrativos hasta los directores de centro”.

Desde CC OO, Montserrat Clotet lamenta que en servicios sociales “la prioridad política siempre es la primera acogida, que es donde se generan las listas de espera” y relata “la complejidad de atender a los nuevos usuarios, familias de clase media que tienen ingresos pero también muchos gastos” y que por ello pueden quedar fuera de los baremos de solicitud de ayudas. Clotet recuerda que no se cubren bajas en las unidades de seguimiento y tratamiento y explica que “nunca como ahora” los profesionales habían afrontado cuestiones de salud o de pobreza energética, lo que añade complejidad a su trabajo.

El más duro de los tres sindicatos es la CGT. Uno de sus representantes, Israel Ureña, asegura que los centros de servicios sociales necesitan más profesionales de forma urgente y critica que mientras no se ha producido un incremento en la base “se ha creado una nueva dirección”.