Los servicios sociales de Barcelona, al borde del colapso
Los educadores denuncian la falta de medios y afirman que están desbordados por la cantidad de casos y la creciente burocracia
Los profesionales de los servicios sociales del Ayuntamiento Barcelona, y sobre todo los que atienden a menores y adolescentes, han lanzado dos contundentes advertencias al gobierno de la alcaldesa Ada Colau. En un manifiesto al que ha tenido acceso EL PAÍS, los educadores denuncian la falta de medios y afirman que están desbordados por la cantidad de casos y la creciente burocracia y trámites que deben hacer. Y los Equipos de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA), que atienden a menores con alto riesgo social, llegan a afirmar que su situación de desborde “implica una desatención grave a la infancia”.
Los educadores alertan de las “graves dificultades” en las que trabajan para afrontar las situaciones de pobreza de “muchos niños y adolescentes de la ciudad”. Los educadores aseguran que son la mitad de la plantilla que debería ser de acuerdo a la Ley de Servicios Sociales (90 frente a 208); avisan de que están “desbordados por el elevado número de casos que impide una intervención socio educativa real” y por el aumento burocracia, trámites (uno por ayuda) e informes que solicita la Guardia Urbana, la Fiscalía o la Dirección de Atención a la Infancia de la Generalitat, que les están “convirtiendo en gestores”.
En el caso del documento de los EAIA, enumera situaciones que entienden que implican “una negligencia por parte del Ayuntamiento”. Hablan de ratios de casos por profesional “muy por encima de los 40 que marca la cartera de servicios sociales”; de que no se cubren las bajas —algunas de hace meses”—, lo cual lleva a que en muchas ocasiones solo se pueda intervenir “en los casos de situación de urgencia”; o de que “no se tiene en cuenta la realidad” de cada barrio.
En global, los profesionales de los centros de servicios sociales municipales, han elaborado un documento de su situación donde lamentan que ha aumentado la burocratización en la gestión, que la cantidad de ayudas existente (alimentación, vivienda, suministros, transporte, comedores...) multiplica los trámites, que afrontan cargas de trabajo vinculadas a nuevas políticas en pobreza energética o vivienda, y que no ven una apuesta real por el trabajo comunitario.
El documento lo suscriben los sindicatos CC OO, UGT y CGT. Afirman que el “aumento inadmisible de la gestión y burocratización” iguala en tiempo al que dedican a las personas. En parte, este aumento de la carga de trámites se debe “encargos de diferentes ámbitos como la vivienda, la pobreza energética, certificaciones de pobreza o exclusión social así como el incremento de las peticiones de infancia en riesgo que provocan una situación de colapso en muchos centros”.
Fuentes municipales responden que escuchar a trabajadores y usuarios es justo el objetivo Pla Impulsem, un proceso participativo que arrancó en enero y persigue fortalecer el trabajo social y comunitario y evitar que los trabajadores deban dedicar una parte de su tiempo a la burocracia de las ayudas. Las mismas fuentes aseguran que los 41 profesionales que el consistorio se ha comprometido a incorporar lo harán después del verano y que el nuevo contrato programa con la Generalitat prevé incrementar los profesionales de los EAIA. Por último, recuerdan que el gobierno es partidario de implantar una renta garantizada y evitar tramitar varias ayudas por familia.
“No atender es maltratar”
Veterana en los servicios sociales, Esperança Borrull, delegada de UGT, alerta de que “cuando no son casos, son ratios, cuando no la crisis y nuevas ayudas, pero nunca se cuenta con la carga técnica de los profesionales” y se muestra especialmente preocupada por la situación de los EAIA. “Si a un procedimiento de protección no le puedes dar curso, estás poniendo en peligro a un menor y a su familia. Si a un diagnóstico de riesgo no le das curso”, añade, “estamos banalizando el concepto de riesgo”. Un profesional de estos equipos que prefiere no dar su nombre afirma que la situación “de los EAIA siempre ha sido muy frágil”, pero que ahora lo es más. “Un problema no atendido acaba siendo maltrato por parte de la administración”, subraya y lamenta “la cronificación de las situaciones en un ayuntamiento con superávit”.
Rafael Ureña, delegado de CGT, admite que el sector “esperaba un cambio” con el relevo en el ayuntamiento: “Que se abriera a los barrios, restar gestión a los técnicos, porque una tercera parte de la jornada la dedicamos a hacer papeles... con tantas pequeñas ayudas acabamos fiscalizando a la gente, pidiendo papeles para cada una. Y que lleguen los refuerzos” que prometieron en noviembre pasado. Con el presupuesto aprobado en mayo, las 30 nuevas contrataciones (luego aunciaron 41), siguen sin llegar.
Desde CC OO, Victoria García recuerda que en los barrios más empobrecidos continuan aumentando los casos y que ahora son más complejos. “Afrontamos multiproblemáticas, y como dice el documento de situación, la respuesta son parches”.
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