España dibuja la ruta para atacar la pobreza en todos los frentes
El Gobierno aprueba la estrategia contra la exclusión social que esboza las líneas para reducir la desigualdad pero carece de una dotación económica específica
El Gobierno ha aprobado este viernes la primera estrategia nacional contra la pobreza y la exclusión social en España. El documento abarca el periodo entre los años 2019 y 2023 y esboza la ruta a seguir para combatir la desigualdad en todos sus frentes, desde su manifestación en la infancia hasta la vulnerabilidad energética. En el texto se proponen 85 líneas de actuación como desarrollar un sistema de ingresos mínimos para los hogares, impulsar la universalización de la educación de cero a tres años en familias vulnerables o fomentar el bono social y el bono eléctrico.
La cercanía de las elecciones, sin embargo, hará imposible ponerlo en práctica hasta el año que viene. La estrategia obliga a desarrollar un plan anual en el que se fijen medidas y objetivos concretos, así como una dotación presupuestaria para ponerlos en práctica. Por lo tanto, por el momento es imposible conocer la financiación que se adjudicará al plan. Hasta que no se forme un nuevo Gobierno, no podrá comenzar a trabajar en el proyecto para 2020.
Las entidades del tercer sector reclamaban la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social desde hace una década. Este viernes, Carlos Susías, presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en España (EAPN-España), ha celebrado la aprobación del documento porque España se une al grupo de Estados europeos que ya trabajan en esta línea. Susías ha exigido rapidez al Gobierno que resulte de los comicios del 28 de abril y una "dotación económica suficiente" que permita poner en práctica la estrategia.
El documento traza un panorama de las desigualdades en España, donde una de cada cinco personas (el 21,6% de la población) está en riesgo de pobreza. Eso supone vivir en hogares con ingresos inferiores al 60% de la mediana de renta del país. Para una familia de dos adultos y un menor de 14 años, por ejemplo, supondría cobrar menos de 15.340 euros anuales. También alude a sectores especialmente vulnerables como las familias monomarentales —con un solo progenitor que mayoritariamente es una mujer—, los niños o los jóvenes.
El plan se asienta en los objetivos de la Estrategia Europea 2020 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, destacan desde el Ministerio de Sanidad, y en colaboración con diferentes ministerios del Gobierno, así como el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil y el Consejo Estatal de ONG, que agrupa a las principales entidades sociales del país. "La Comisión Europea podrá exigir a España que cumpla con la estrategia y reprender al Gobierno si no lo hace", expone Susías, que reclama contundencia por parte de las autoridades europeas a la hora de exigir el cumplimiento de los objetivos en el ámbito de políticas sociales.
Uno de los mecanismos para combatir la pobreza es la creación de un sistema de ingresos mínimos que permita "vivir con dignidad y favorecer el incremento de la renta neta disponible en los hogares", según señala el ministerio en una nota. La ministra, María Luisa Carcedo, ha recalcado este viernes que el primer paso para desplegar esta medida es el aumento de la prestación por hijo a cargo, que el Gobierno ha aprobado recientemente por decreto y contempla la subida de los ingresos que perciben las familias con hijos en situación de pobreza —de 291 euros anuales hasta 341, una cifra que se eleva a 588 euros para quienes sufran pobreza severa—. A finales de 2018, en España existían 593.000 hogares sin perceptores de ingresos. En 138.000 de ellos vivían menores, según la estrategia del Gobierno.
La segunda meta del plan se refiere a la inversión social en las personas y marca dos objetivos: educación equitativa e inclusiva y atención prioritaria en formación y empleo a grupos vulnerables. Entre ellos, que se amplíen los programas de becas y se potencie la escolarización temprana (de cero a tres años), especialmente dirigida a los colectivos más desfavorecidos.
La tercera meta apuesta por consolidar un sistema de servicios públicos sanitarios, educativos y sociales, universales y de calidad, que acompañen y protejan a las personas a lo largo de su ciclo vital y profundicen en combatir las desigualdades. En este punto se destaca, por ejemplo, el blindaje de la universalidad de la cobertura del Sistema Nacional de Salud. También fija como objetivo que los ciudadanos puedan costearse una vivienda sin que se imposibilite la satisfacción de sus necesidades más básicas.
En la cuarta meta se persigue la ordenación del sistema y la coordinación de los servicios, políticas y prestaciones. Entre las líneas de acción propuestas se incluye el apoyo al tercer sector en su atención y acompañamiento a los colectivos más vulnerables. También alude a la coordinación y cooperación territorial.
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