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Atrapados en la pobreza

Los partidos abordan de manera muy dispar la lucha contra la vulnerabilidad social, que se ha intensificado en España

Un edificio de viviendas en el barrio de San Blas, en Madrid.
Un edificio de viviendas en el barrio de San Blas, en Madrid.

Una de cada cinco personas está en riesgo de pobreza. Son más de 10 millones, según datos de 2017. Si viven solas, quiere decir que cobran menos de 8.522 euros al año. Si están a cargo de dos hijos pequeños, cuentan con menos de 13.635. No quiere decir que todas pasen hambre. Sí que comen peor. Que en ocasiones no pueden poner la calefacción o pagar el comedor de los niños, que crecen sin igualdad de oportunidades. Los partidos abordan el asunto de manera muy dispar en sus programas electorales. Según los expertos consultados, una de las “anomalías” españolas respecto a la mayoría de países europeos consiste en no tener un sistema estatal de garantía de ingresos. Una última red para los más vulnerables. La izquierda propone crear este mecanismo. La derecha, “armonizar” o “coordinar” los programas autonómicos ya existentes.

La realidad es que España dice adiós a la crisis a dos velocidades. Mientras el PIB recupera niveles previos a la Gran Recesión, la pobreza se ha intensificado y las desigualdades se han acrecentado. Las rentas del 20% más rico multiplican por 6,6 las del 20% más pobre. En más de medio millón de hogares, el año pasado no entraba ningún ingreso. “La exclusión social es un tema holístico, afecta a políticas de empleo, educación, sanidad, vivienda, servicios sociales y dependencia, a medidas económicas y fiscales”, afirma Carlos Susías, presidente de la Red Europa de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España (EAPN-España).

De todas ellas, Luis Ayala, catedrático de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos, destaca dos. La primera, un sistema estatal de garantía de ingresos. Las rentas mínimas de inserción dependen ahora de las comunidades. Son el último colchón para quienes han agotado el resto de ayudas. “Hay mucha desigualdad: regiones con niveles de protección casi nórdicos, como Navarra y País Vasco, y otras donde no se llega a un mínimo”, cuenta Ayala.

El PP propone “coordinar” estas ayudas con los “programas nacionales de prestación asistencial de protección complementaria al desempleo”. Ciudadanos habla de “armonizar” el sistema, “fijando requisitos comunes”, y de una “financiación conjunta” entre el Ejecutivo central y los autonómicos. Unidas Podemos opta por crear una “prestación de suficiencia de ingresos con una cuantía inicial garantizada por adulto de 600 euros al mes, que aumentará según los miembros del hogar hasta los 1.200”. El PSOE plantea desplegar progresivamente lo que llama “el ingreso mínimo vital estatal”, “sin menoscabo” de que pueda compaginarse con los programas autonómicos. El primer paso será ir subiendo la prestación por hijo a cargo, que reciben familias en situación de pobreza. En marzo, el Gobierno aprobó por decreto un primer incremento (de 291 euros anuales a 341 y hasta 588 para casos de pobreza severa).

Este es el segundo punto al que alude Ayala: proteger a las familias con hijos. En España, la tasa de pobreza infantil llega al 28,3%. Como parte del ingreso mínimo vital, el PSOE se compromete a avanzar “progresivamente hasta alcanzar a final de la legislatura, en casos de pobreza severa, un mínimo de 580 euros al mes” para familias con un hijo a cargo y “los 858 euros” para hogares con tres personas a cargo. Unidas Podemos propone una “prestación para el cuidado de niños, niñas y adolescentes que llegará a unos 1.200 euros al año de manera universal y a los 2.000 anuales para casos de pobreza severa, que se iniciará de forma urgente con 600 euros al año para familias en riesgo de pobreza”. Ni el PP ni Ciudadanos mencionan esta ayuda.

En las 100 medidas que Vox presentó en octubre, plantea una “prestación universal por hijo a cargo de al menos 100 euros al mes” que subirá a partir del tercer hijo. En su programa económico, presentado este abril, no habla de pobreza ni una vez. Propone bajar la carga impositiva, lo cual liberaría “una amplia capacidad de gasto privado para adquirir servicios monopolizados por el Estado”, “al tiempo que dejaría suficientes ingresos para ayudar a quienes realmente lo necesitan”.

Sin financiación

“Para lograr la justicia social hay que abordar el mercado de trabajo, la educación, la vivienda, la dependencia...”, apunta Ayala. El PP se ha comprometido a que las comunidades impulsen un plan de reducción de las listas de espera de la dependencia y a que, en un máximo de 30 días, se resuelva la petición de estas ayudas. Es decir, que en apenas un mes un sistema asfixiado por los recortes dé respuesta a las casi 130.000 personas que aguardan para saber si tienen derecho a una ayuda. Más de 250.000 personas esperan además a recibir la prestación que ya les ha sido otorgada.

Podemos quiere situar a España a la vanguardia, con un sistema universal, público y suficiente que permitiría aumentar los atendidos en más de medio millón, hasta 1,6 millones. Ciudadanos promete “un incremento de recursos” y una evaluación de los resultados de la ley para “garantizar estándares comunes de calidad en toda España”. El único partido que habla de financiación específica en este punto es el PSOE, que promete poner en marcha la subida en dependencia planteada en los Presupuestos fallidos de 2019, 831 millones más, hasta alcanzar los 2.231 millones.

Esta es la principal advertencia de los expertos. “Las propuestas son un discurso vacío sin financiación”, sostiene Ayala. “Sin ello, nos instalamos en el pensamiento mágico”, finaliza Susías.

Okupas: entre la cárcel y parar su desalojo

Los partidos divergen en sus programas sobre los desalojos tras una okupación. La derecha promete agilizar los procesos. Podemos, prohibirlos si no hay alternativa habitacional. El PSOE no los menciona.

El PP afirma que reforzará el delito de usurpación de viviendas “pasando de una multa a pena de privación de libertad de uno a tres años”. Planea que la inscripción en el padrón sea nula para los okupas. Vox quiere una reforma legislativa para que “sean expulsados en cuestión de horas de las viviendas” y excluirlos de las ayudas sociales. Ciudadanos promete una ley contra la okupación que promueva juicios rápidos y “endurecer las penas para las okupaciones violentas”. Podemos propone que “en ningún caso” pueda realizarse el desalojo de personas vulnerables sin que la Administración “garantice un realojo en condiciones dignas”.

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