Los expertos en dependencia piden un decreto ley si no se aprueban los Presupuestos

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, expertos en dependencia, exige un incremento de la partida presupuestaria destinada al sistema, si el Gobierno no logra los apoyos para dar luz verde a los Presupuestos Generales del Estado. Ante la "evidente falta de certeza" respecto a la aprobación de las cuentas públicas, esta organización pide en un comunicado emitido este miércoles que, en caso de no obtener el respaldo suficiente en la Cámara, el Ejecutivo opte por la aprobación de un decreto ley "ante la extraordinaria y urgente necesidad de asistencia de 275.000 personas" que se encuentran en lista de espera. De ellas, 110.000 están en  situación grave o severa. 

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Según las estimaciones de la asociación, basadas en datos oficiales, en 2019 podrían fallecer 30.000 personas sin haber percibido las atenciones a las que tienen derecho por su situación de dependencia. "Haya Presupuestos o no, el Gobierno debe aumentar [la partida presupuestaria] si no quiere ser responsable", apunta José Manuel Ramírez, presidente de esta organización. Desde la asociación reclaman que dicho incremento presupuestario se vincule al nivel mínimo de financiación, es decir, los recursos que se destinan a las ayudas directas a los dependientes —y que se reparten de manera equitativa entre todos los usuarios de las comunidades, a medida que se adjudica el servicio—. Esta financiación estatal otorga una ayuda para cada dependiente en función de la gravedad que le haya sido reconocida. De la inyección de 515 millones que prevé el acuerdo entre PSOE y Podemos —un 40% más de lo que había—, solo 132 se adjudican a este nivel mínimo, es decir, el verdaderamente finalista.

El resto del dinero, otros 383 millones, implicarán la recuperación de una segunda vía de financiación, el llamado nivel acordado, que fue suprimido durante la crisis, con los recortes del PP. Van a parar al sistema, pero no necesariamente a las personas necesitadas, según explican desde la asociación. "De esa forma no se garantiza que la inversión repercuta directamente en las personas dependientes", consta en el comunicado. Según señala esta organización, el nivel acordado tuvo su sentido en el arranque del sistema de la dependencia, como fórmula para facilitar a las comunidades autónomas su puesta en marcha, pero la propia ley preveía que se extinguiera en 2015, cuando se esperaba que el sistema estuviera completamente desplegado. 

Si el incremento presupuestario consensuado en el acuerdo entre PSOE y Podemos se aplicara solo al nivel mínimo, País Vasco o Navarra —que no perciben nivel acordado, ya que este se distribuye entre las comunidades autónomas de régimen común— obtendrían unos 23 y unos cuatro millones de euros más respectivamente, según las estimaciones de la asociación, basadas en el último reparto antes de que se suprimiera el nivel acordado, en 2011. 

Los expertos, que califican de "imperiosa" la necesidad de incrementar la financiación estatal, aplauden el aumento contemplado en el pacto entre Gobierno y Podemos, aunque no alcance los 715 millones que, según calculan, permitirían terminar en 2019 con la lista de espera de 110.000 dependientes severos y graves aún sin atender. No obstante, la asociación solicita que el aumento presupuestario vaya "acompañado de algún sistema que comprometa a las comunidades autónomas a reducir su lista de espera empezando por los grados más elevados", es decir, personas con dependencia severa y grandes dependientes. "Financiar sin comprometer a los gestores autonómicos es exponerse a mejorar las arcas de las consejerías de Hacienda sin que se traduzca en incrementos reales de cobertura, o a seguir maquillando las listas de espera", concluye el comunicado.