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La austeridad que se cebó con Genoveva

Los recortes obligaron a esta dependiente gallega con alzhéimer a soportar una hora diaria de viaje para ir a un centro de día. Ahora se queda sin asistencia a domicilio

Xosé Manuel, con su madre, Genoveva.

Dos fuerzas castigan desde hace una década el anciano cuerpo de Genoveva González Dosil: el alzhéimer y la austeridad económica. Las dos llegaron a la vida de esta gallega de 94 años, vecina de Costa da Morte, casi al unísono. Mientras la primera le ha ido robando el movimiento y la voluntad, la segunda le ha arrebatado las ayudas públicas que le corresponden. Para ella, el recorte de 4.600 millones en dependencia que se impuso en España desde 2012, según datos de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, significó tener que recorrer cada día durante cinco años unos 60 kilómetros en furgoneta para recibir cuidados en un centro de día. Hoy, con su anatomía encogida y en peso muerto, alimentándose ya solo por jeringuilla, no tiene siquiera asistencia a domicilio.

Genoveva, que reside en una aldea del municipio coruñés de Carnota de 80 habitantes llamada Quilmas, donde nació y de la que emigró a Argentina entre 1955 y 1986, ha vivido el alumbramiento y temprana recesión de la Ley de Dependencia. Su único hijo, Xosé Manuel Casais, cuenta que el diagnóstico de la enfermedad le llegó a su madre en 2008, al año siguiente de la entrada en vigor de la norma. Con su grado dos y bastante más movilidad que ahora, la Xunta, gobernada entonces por PSOE y BNG, le otorgó un servicio de transporte público especializado y gratuito, además de una plaza en un centro de día de Carnota, a solo ocho kilómetros de su casa. La cuota total de ambos servicios que pagaba Genoveva con su pensión de 360 euros era de 47 euros al mes.

Para sus cuidadores, en aquel momento su hijo y la pareja de este, el programa Respiro Familiar les otorgaba un fin de semana de descanso al mes. A Genoveva se le adjudicaba una plaza en una residencia durante esos días, que abonaba “proporcionalmente a su pensión”.

Pero en 2009, tras el estallido de la crisis económica, la vida de esta familia de Costa da Morte cambió radicalmente. El nuevo gobierno autonómico del PP, presidido por Alberto Núñez Feijóo, abanderó en España la avanzadilla de la austeridad. El centro de día de su pueblo se cerró en 2013 porque estaba en "malas condiciones", según explica la Consellería de Política Social, y ella fue trasladada a otro ubicado en Muros, condenándola a una hora de trayecto al día entre la ida y la vuelta, cuenta su hijo. En el vehículo que hasta hace poco la recogía cada mañana a las 9.30 viajan otros compañeros de ruta que residen en Fisterra y que soportan un tute diario de 135 kilómetros.

La medida tomada en los despachos de la Xunta no solo supuso para esta anciana con alzhéimer una paliza diaria de 60 kilómetros, sino que el transporte dejó de ser gratuito y la cuota a pagar subió de 47 a 125 euros, mientras el Gobierno central metía su exigua pensión en el congelador. La tijera presupuestaria alcanzó también a sus cuidadores. El Respiro Familiar de un fin de semana al mes se quedó “en un mes sí y otro no” y empezó a extenderse la falta de plazas. “La Xunta lo hace a través de conciertos en residencias privadas y para ellas no es muy rentable. En verano si no hay plazas, te quedas sin respiro”, explica Xosé Manuel, que se declara “harto de escuchar a Feijóo decir que no hubo recortes en dependencia”.

"Las decisiones en esta crisis han sido inmisericordes con las personas más vulnerables de este país", subraya José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. Recuerda que fueron dos decretos de Rajoy, uno de julio de 2012 y otro de diciembre de 2013, los que propiciaron los recortes sufridos por Genoveva. Un tercero, aprobado en febrero de 2012, impuso un nuevo baremo "más estricto" que también rebajará sus prestaciones si revisa su nivel de dependencia. "Ha habido personas que incluso han tenido menos suerte", añade Ramírez, "en el último año murieron 36.000 dependientes en lista de espera sin recibir la prestación".

Un cuerpo enfermo y agarrotado

Nueve años de austeridad después y tras escuchar repetidamente a los gobernantes proclamar el comienzo de la recuperación económica, la situación de Genoveva y su hijo ha empeorado. El avance del alzhéimer ha agarrotado completamente el cuerpo de la enferma, y Xosé Manuel, de 70 años, casi no puede mover a su madre. Es incapaz de vestirla y así no puede enviarla al centro de día. Ha solicitado asistencia a domicilio pero asegura que en el Ayuntamiento de Carnota le han contestado que “no tienen personal”. “¿Cómo puede ser eso con la de gente que hay en el paro y quiere trabajar?”, se pregunta.

Fuentes del Ayuntamiento de Carnota esgrimen que su servicio de asistencia a domicilio no puede ser utilizado para atender a dependientes porque estos enfermos son competencia de la Xunta. El problema, explican desde el Consistorio, es la incompatibilidad de servicios que se implantó en Galicia en 2012 y que impidió que una persona pueda ser asistida en el hogar y a la vez disponer de una plaza a tiempo completo en un centro de día. En los servicios sociales municipales creen que Genoveva debería ser internada en una residencia. Su hijo asegura que hace casi dos años que la solicitó, pero que no ha obtenido respuesta.

El pasado julio Xosé Manuel Casais pidió a la Consellería de Política Social la revisión del nivel de dependencia de su madre porque los estragos de la enfermedad ya hace tiempo que rebasaron el grado dos. “No lo he pedido antes porque me dijeron que si le aumentaban el grado de dependencia no podía ir al centro de día. Y si no iba allí, sé que iba a perder la movilidad más rápido. El personal de estos servicios es muy bueno, la mueve y le hace ejercicios”. Cuando la obtenga, previsiblemente se le otorgará la asistencia a domicilio y tres días de centro de día. Pero la fecha es una incógnita.

En el Ayuntamiento le han advertido de que la revisión puede tardar un año: “Una señora de 94 años no puede estar en estas condiciones un año. No la puedo vestir, es un peso muerto”. Mientras crece su desesperación, Xosé Manuel asegura que en los servicios sociales ha escuchado que antes de la crisis “se tiraba la casa por la ventana”. “Eso no es así. Lo que se hacía era dar servicios a las personas dependientes porque los necesitan y es su derecho”. Y recibe con un suspiro de escepticismo los anuncios del nuevo Gobierno socialista sobre la revocación de los recortes del PP: “Lo de la dependencia siempre es a largo plazo”.

Menos gasto social que en 2009

S. V.

Dentro del recorte total de 4.600 millones que sufrió la dependencia en España, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales cifra en 2.700 millones de euros la cantidad de dinero que dejaron de percibir las comunidades autónomas desde que en 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy impulsó el tijeretazo.

Los datos de esta organización sitúan a Galicia entre las cuatro comunidades que aún no han recuperado el gasto en servicios sociales previo a 2009, junto a Andalucía, Cataluña y Castilla-La Mancha. En 2017, según la asociación, la Xunta dedicó a esta partida un 5,7% de su presupuesto, frente al 9,9% de otro territorio especialmente envejecido como es Asturias. Desde el Gobierno gallego defienden su "esfuerzo por reforzar el gasto social incluso en tiempos de crisis" y aseguran que el gasto social creció "un 25,28% en los últimos tres años".

Desde la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales reclaman al Gobierno de Pedro Sánchez que cumpla el Pacto de la Dependencia, firmado por todos los grupos políticos menos el PP, para recuperar el dinero y los derechos perdidos. Para ello, explica su presidente, José Manuel Ramírez, se debe aumentar la financiación autonómica, eliminar las listas de espera e impulsar una mayor transparencia.

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