Rajoy recortó 2.865 millones en dependencia en su legislatura

La dependencia ha perdido 2.865 millones de euros durante la legislatura de Mariano Rajoy, debido a los recortes y los cambios en la normativa, según el último informe del Observatorio de la Dependencia. En España hay cerca de 1,2 millones de dependientes reconocidos, según los datos oficiales, pero uno de cada tres no recibe ayuda del sistema público de dependencia. “Esta legislatura ha sido devastadora para los dependientes”, ha asegurado José Manuel Ramírez, presidente del Observatorio.

En el informe publicado este viernes, el Observatorio de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales recoge que de las 384.326 personas en lista de espera, el 27%, son grandes dependientes, es decir, los más graves. “Este ha sido un Gobierno inmisericorde con las personas más vulnerables de nuestro país. Rajoy ha sido un presidente insumiso que no ha cumplido la ley”, ha dicho Ramírez. El organismo ha denunciado que en los últimos cuatro años más de 125.000 dependientes han muerto mientras esperaban recibir una prestación o servicio al que tenían derecho. No es aventurado, puesto que son personas de edad avanzada y en situación vulnerable, algo incompatible con los alargados plazos para la concesión de una ayuda.

La supresión de una de las fuentes de financiación del sistema (el nivel acordado), la reducción de los recursos que se destinan por cada persona en función de su dependencia (nivel mínimo) y la supresión de las cotizaciones a las cuidadoras de familiares que afrontaba la Seguridad Social son las razones que han llevado a España a este escenario. El gran recorte en esta materia lo ha supuesto un decreto aprobado en julio de 2012, que modificó drásticamente el nivel mínimo.

Un sistema que genera empleos

El sistema de dependencia, aseguran desde el Observatorio, tiene una gran capacidad de generar empleos. En 2015, periodo estudiado en este informe, se calcula que había 182.000 empleos directos vinculados al sector, y si se atendiera a aquellas personas que están en lista de espera, se generarían al menos 90.000 puestos de trabajo más.

“Si no tienen corazón, al menos que saquen una calculadora y vean que esta es la mejor inversión pública que pueden realizar. No es política de gasto social, sino de inversión social”, ha afirmado Ramírez. El presidente de la asociación ha dicho que, en este periodo, de cada 100 euros de gasto público en dependencia, las arcas públicas recuperaron más de 38.

La asociación ha denunciado, además, que el gasto público se distribuye incumpliendo la ley, que establece una financiación compartida al 50% entre el Gobierno y las comunidades. Actualmente la Administración general aporta el 18%, las comunidades autónomas el 62% y los usuarios el 20%. “Es inviable que las comunidades autónomas puedan atender a todas las personas, aunque quisieran. Hay un problema de modelo de financiación”, ha dicho Luis Barriga, miembro de la asociación. Esas estadísticas, ha afirmado, reflejan claramente el abandono del Gobierno.

Al ser preguntado sobre el acuerdo de Gobierno firmado por el PSOE y Ciudadanos en materia de dependencia, Ramírez ha dicho que es “demasiado genérico”, un tanto “inconcreto” y que no revela las medidas que va a aplicar. “No puede ser que los temas sociales sean marginales y haya demasiadas inconcreciones y pocas cifras. No valen solo las palabras”, ha afirmado.

12 comunidades suspenden

De las 17 comunidades autónomas, 12 suspenden en la aplicación de la Ley de Dependencia, según la evaluación periódica de la asociación. De las cinco que han aprobado, las que tienen mejor calificación son Castilla y León y Andalucía, seguidas por el País Vasco, Castilla-La Mancha y Madrid. Este es el primer año que Madrid aprueba.

Las peores calificaciones son, en cambio, para Valencia, seguida de Canarias, Aragón, Baleares, Murcia y Navarra. “Son comunidades que arrastran gravísimas desigualdades tanto en cobertura como en modelos de gestión”, detalla Ramírez.