Macrooperación contra la venta de atún rojo ilegal: 79 detenidos y 80.000 kilos intervenidos

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La madrugada del 26 de junio varias decenas de agentes de la Guardia Civil irrumpieron en los principales mercados mayoristas de España. Hubo registros en Mercamadrid, Mercabarna, Mercasevilla y Mercamálaga. Y detenciones en varias provincias más. Comenzaba así la parte más importante de la llamada Operación Tarantelo, liderada por el Seprona y en la que ha participado Europol.

Finalmente, esta acción contra la comercialización de atunes rojos capturados ilegalmente se ha saldado con 80.000 kilos de pescado intervenidos, 49 registros e inspecciones y 79 personas detenidas a las que se les acusa de delitos contra los recursos naturales, blanqueo de capitales, organización criminal, falsedad documental y contra la salud pública.

La pesca del atún rojo está sometida a los controles de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT, sus siglas en inglés), que fija cuotas de capturas anuales para preservar esta especie. Las empresas españolas implicadas en este entramado compraban atunes pescados al margen de esas cuotas en Malta e Italia y luego los blanqueaban con los documentos de partidas legales, explican fuentes de la investigación. Básicamente, empleaban la documentación de una partida legal en varias ocasiones, añaden.

La actividad comercializadora de las empresas investigadas se centraba en España. La Guardia Civil calcula que el entramado movía un "volumen anual de más de 1.250.000 kilos de atún procedente de Malta" que tenía un origen legal. Mientras lo que "se comercializaba en negro superaría el doble de esa cantidad: más de 2.500.000 kilos", añade el instituto armado. La Guardia Civil calcula que se "habrían obtenido ilegalmente un total de 12.500.000 de euros al año".

Camión repleto de atunes

El inicio de esta operación se remonta a 2016 y ha contado con numerosas intervenciones telefónicas. Las indagaciones se centraron en un principio en pequeñas empresas. Sin embargo, fuentes de la investigación detallan que en esas intervenciones acabó apareciendo supuestamente implicada en el entramado una de las principales empresas europeas de atún rojo: Ricardo Fuentes e Hijos, de Cartagena.

Fuentes de la investigación explican que en el transcurso de los registros se localizó en una nave de esta compañía un camión con 50.000 kilos de atún procedente de Italia de origen presuntamente ilegal. Este grupo empresarial, además de contar con granjas de atún en España, también tiene implantación en Malta. "Es una de las principales empresas del sector de Europa", apuntan las mismas fuentes.

Las investigaciones se han centralizado desde el Juzgado de Instrucción 3 de Picassent (Valencia) y la Fiscalía de Medio Ambiente de esa provincia. Además, de la Guardia Civil y la Europol han participado las fuerzas de seguridad de Italia y Francia, país por el que circulaban los camiones con las partidas ilegales de atún. 

Intoxicaciones

Finalmente, la Guardia Civil ha decidido incluir también el delito contra la salud pública. Fuentes de la investigación explican que en algunos casos se detectaron "malas condiciones en el transporte de la partidas ilegales" y que han dado con, al menos, un caso de intoxicación en Sevilla. 

"Los ejemplares se transportaban sin respetar las normas de conservación rompiéndose la cadena de frío en algunos puntos", ha señalado la Guardia Civil este martes. Las malas condiciones del transporte hacen que se degraden las proteínas de los atunes. "Esto puede provocar fiebre y alteraciones gastrointestinales, como síntomas más leves", señala el instituto armado. Pero "puede tener graves consecuencias en consumidores de edad avanzada y niños".