El fraude de la hamburguesa de ternera con poca ternera

Un empleado despedido por estafar a su empresa que —tras su salida— denuncia a su vez las prácticas fraudulentas de sus antiguos empleadores. Y se destapa un escándalo.

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El esquema es bien conocido. Esta vez ha sido en una fábrica de ultracongelados radicada en Burgos que, según la Guardia Civil, logró presuntamente "importantes beneficios económicos a costa de incluir productos de baja calidad en lugar de la carne de vacuno" en las hamburguesas y albóndigas que comercializaba como de ternera con su propia marca y como marca blanca para supermercados de medio país.

Los agentes del Seprona encargados de la investigación han puesto a disposición judicial a 14 personas tras más de un año de investigación, durante el que han recorrido supermercados, han tomado muestras y las han mandado analizar en laboratorios.

La empresa —que tiene varios expedientes abiertos por el mismo motivo por parte de la Junta de Castilla y León— no niega que la carne de ternera se mezclara con otros productos, aunque achaca todo a un problema (suyo) con el etiquetado.

"Los análisis reflejaban que, en una proporción elevada, [los productos] realmente contenían porcino e, incluso, otros componentes alimenticios como complementos panarios, grasas o soja", concluye la Guardia Civil, que considera que la empresa ha incurrido en los presuntos delitos de estafa y contra los derechos de los consumidores. Del supuesto fraude se encarga el Juzgado de Instrucción 1 de Burgos desde principios de 2016.

Pero el caso arranca en julio de 2015. Los responsables de Eurofrits SA, que cuenta con 140 empleados, descubrieron que su jefe de distribución, que llevaba 20 años trabajando en la compañía, les estaba engañando. Él se encargaba de la logística y de los envíos a los clientes. Y su cuñado tenía una empresa de transporte que trabajaba para Eurofrits.

Durante 11 años el jefe de distribución le había pedido al marido de su hermana que "emitiese facturas por transportes que no se realizaban en realidad", según consta como probado en la sentencia del Juzgado de lo Social 2 de Burgos, que declaró procedente el despido del responsable de logística de Eurofrits. La empresa le acusaba de haberse llevado a través de estas facturas falsas alrededor de medio millón de euros. La sentencia del juzgado de lo social fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en marzo de 2016.

Para entonces el despedido había vuelto a acudir a los juzgados, pero esta vez para denunciar a la empresa por un fraude en los productos que vendía como carne de vacuno, que en una proporción elevada contenían tocino de cerdo, otras grasas o soja sin que se advirtiera en el etiquetado. Presentó un arsenal de documentación.

Menos del 25% de vacuno

Arrancó entonces la llamada Operación Catering, de la que se ha encargado la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA). Durante 14 meses los agentes han estado analizando la documentación —hasta 3.000 documentos— y recorriendo establecimientos para tomar muestras aleatorias que enviaban a los laboratorios. La Guardia Civil sostiene que, "al menos desde 2002, los diferentes elaborados en la planta, comercializados generalmente como ultracongelados, podían llegar a contener menos del 25% de carne vacuna".

Al ser productos elaborados —como albóndigas y hamburguesas— no se podía "descubrir el engaño, algo que solo era posible mediante un análisis en un laboratorio especializado", añade el Seprona. "Las importantes diferencias entre los precios correspondientes a la carne de vacuno y el resto de materias con las que se suplía la carne original, proporcionaban importantes beneficios económicos a la empresa burgalesa", concluye la Guardia Civil.

La empresa no niega que mezclara la carne con otros productos, aunque un representante legal de Eurofrits —que prefiere que no aparezca publicado su nombre— sostiene que "se hacía para ganar jugosidad". "El problema era que luego no se reflejó en el etiquetado", admite. ¿Por qué? "Por pura dejadez". En todo caso, la empresa sostiene que no buscó un beneficio económico: "el precio se correspondía con el coste real de cada producto". Serán la justicia y la Junta —que mantiene paralizados los expedientes hasta que se resuelva la vía penal— los que que diriman este nuevo caso de fraude alimentario.