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Anulados los conciertos con cinco colegios gallegos que separan sexos

El Tribunal Superior declara ilegales las ayudas del Gobierno de Feijóo

Entrada del colegio Las Acacias de Vigo, que solo admite niñas.
Entrada del colegio Las Acacias de Vigo, que solo admite niñas.

La cascada de sentencias judiciales que han declarado ilegales los conciertos educativos públicos con colegios que segregan a los alumnos por sexos ha alcanzado también a Galicia. El Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad es el primero que aplica la doctrina del Supremo y ha ordenado anular los convenios que mantiene el Gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo (PP) con cinco centros ultracatólicos, tres en Vigo y dos en A Coruña. La Xunta de Galicia busca ahora alguna fórmula para esquivar el cumplimiento de la sentencia.

La ilegalidad de los conciertos públicos con los colegios que practican la llamada “enseñanza diferenciada” quedó establecida en una sentencia del Tribunal Supremo del pasado julio. El alto tribunal aceptó un recurso de la Junta de Andalucía y dictaminó que la actual Ley Orgánica de Educación impide que se dé cobertura con fondos públicos a centros que discriminan a los alumnos en función del sexo. Desde entonces, la doctrina del Supremo quedó acreditada en otra decena de sentencias. Ante la abrumadora evidencia jurídica, el ministro José Ignacio Wert incluyó en la nueva ley educativa que prepara su departamento una disposición que blindará jurídicamente los conciertos públicos con centros segregacionistas.

En el caso de Galicia, los convenios con los cinco colegios de la comunidad que separan a niñas y niños (cuatro de ellos vinculados al Opus Dei) fueron suscritos por el Gobierno autónomo en agosto de 2009, apenas unas semanas después de que Feijóo llegase al poder. El Ejecutivo anterior, una coalición de socialistas y nacionalistas, había decidido anularlos poco antes de las elecciones que provocaron el cambio en la Xunta. Dos de las primeras medidas que tomó el PP al asumir la Consejería de Educación fueron suprimir la gratuidad de los libros de texto para ahorrar unos tres millones de euros al año y reinstaurar los conciertos con esos cinco colegios, que cuestan una cantidad equivalente a las arcas de la comunidad autónoma. Varios sindicatos recurrieron la medida ante el Tribunal Superior de Galicia, que entonces dio la razón a la Xunta en dos fallos distintos.

Cuando en julio de 2012 el Supremo sentó la nueva doctrina jurídica, el Gobierno de Feijóo tampoco dio marcha atrás. Tanto el presidente como su consejero de Educación, Jesús Vázquez, pusieron por delante las dos sentencias del tribunal gallego. Ambos alegaban que las subvenciones públicas a los centros que separan niñas y niños son un modo de garantizar la “libertad de elección” de los padres que desean para sus hijos una “educación diferenciada”. Hasta que el pasado jueves el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Galicia (STEG) dio a conocer una nueva sentencia del tribunal gallego que acepta un recurso presentado por esa organización y anula los conciertos. La máxima instancia judicial de Galicia reconoce ahora que su doctrina ha quedado “superada” por la del Supremo. El argumento jurídico es claro: la Ley Orgánica de Educación de 2006 establece que los centros concertados no pueden discriminar a los alumnos en sus criterios de admisión, entre los que se alude expresamente a razones de sexo. Y el tribunal gallego asume lo que dijo anteriormente el Supremo: que si bien “no se cuestiona la existencia de la educación diferenciada, tan legítima como el modelo de coeducación [niños y niñas juntos]” eso no implica que “pueda acogerse al sistema de enseñanza gratuita de centros concertados sostenidos con fondos públicos”.

Feijóo y su consejero evitaron ayer aclarar cuál será su actuación a partir de ahora. Pueden recurrir al Supremo solo como un medio de ganar tiempo, ya que su iniciativa estaría condenada al fracaso. La Consejería de Educación se escuda en que sus servicios jurídicos están todavía estudiando el asunto. Pero un portavoz de ese departamento apuntó dos posibles caminos para eludir el cumplimiento del fallo judicial. Por un lado, la ley que prepara Wert, aunque ese texto ni siquiera ha sido aprobado por el Gobierno y, cuando lo sea, todavía tiene que someterse al largo trámite parlamentario. Con todo, la Xunta estudia además la posible aplicación al caso de una disposición de los Presupuestos Generales del Estado para este año, introducida tras una enmienda de Foro Asturias —en esa comunidad también el Supremo anuló este tipo de conciertos— y Unión del Pueblo Navarro que aceptó el PP. En ella, se autoriza a financiar con dinero público los colegios de “educación diferenciada que escolarizan alumnos de un solo sexo”.

Galicia renueva sus convenios educativos cada año, en el mes de agosto. La sentencia de su Tribunal Superior coincide con un nuevo recorte en educación, esta vez, un aumento de las tarifas en los comedores escolares públicos.