Menos cooperación y bajo la lupa

La cooperación al desarrollo ha sufrido un año negro. La ayuda española que se destina a países pobres para frenar el avance del VIH en África, aumentar la alfabetización en América Latina o construir infraestructuras para que pueblos deprimidos tengan acceso a algo tan básico como el agua potable, ha caído en picado. En un contexto de severos recortes presupuestarios en esta partida, el sector se enfrenta a una renovación estratégica. El IV Plan Director, que se aprueba hoy y regirá esta política exterior los próximos cuatro años, dibuja un mapa en el que los fondos se destinarán a menos países “en los que confluyan los intereses estratégicos de España”, dice el borrador, y se estrechará la vigilancia sobre los resultados. Las ONG consideran que aumentar y mejorar la rendición de cuentas es positivo. Pero alertan de que no habrá nada que evaluar si se continúa por la senda del tijeretazo.

La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) acumula un recorte del 70% desde 2009. El presupuesto de esta partida para 2013 (unos 2.000 millones) supone el 0,2% de la renta nacional bruta, el mismo porcentaje que en 1981, cuando España empezó a ser donante. Es una cifra muy por debajo del objetivo del 0,7% que debería haberse alcanzado este año, según el compromiso contraído con la ONU. Con estos datos, en un contexto de crisis en el que España afronta un fuerte incremento de la pobreza interna, cabe preguntarse: ¿cuánto puede el país mejorar la vida de las personas pobres en el mundo?

Priman intereses geopolíticos frente a la lucha contra la pobreza

Esta cuestión trae de cabeza a los actores implicados en la cooperación. Las organizaciones no gubernamentales denuncian la inviabilidad de muchos proyectos por los recortes. Acusan al Gobierno de “desmantelar” esta política. Un informe reciente de Intermón Oxfam alerta de que siete millones de personas podrían dejar de recibir ayuda humanitaria española por la bajada de esta partida, una parte pequeña de la AOD, en más de 90% (de 127,5 millones de euros en 2010 a 12,3 en 2013). El Ejecutivo, sin embargo, pone el foco de sus preocupaciones en estudiar y seleccionar a qué países (29 menos, según Intermón) y programas (los que obtengan mejores resultados) destina unos fondos mermados para lograr un mayor impacto. Por eso, el IV Plan Director, hace especial hincapié en estos puntos.

¿No había control de cómo y dónde se destinaba la ayuda hasta ahora? “No estaba funcionando bien”, asegura el popular Ignacio Uriarte, portavoz adjunto de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo en el Congreso. José Manuel Argilés, jefe de la división de evaluación de políticas de cooperación, recuerda que la AOD creció mucho en los años previos a la crisis, pero su departamento seguía siendo “muy pequeño”. “Ahora el desafío es el contrario: la ayuda se reduce pero hay que consolidar una red de evaluación”, añade. “Los organismos internacionales nos piden un replanteamiento geográfico y un mayor control”, justifica Uriarte. La Coordinadora de ONG de Desarrollo (Congde) teme, sin embargo, que estos argumentos sirvan en la práctica para focalizar la ayuda en países geoestratégicos para España, relegando a un segundo plano el objetivo esencial de la erradicación de la pobreza en favor de otros intereses. “Se trata de concentrarnos en zonas que tengan un valor añadido para España, con las que nos sentimos responsables, como América Latina, el Sáhara o el Sahel. Otros países se concentran en otras áreas”, explica Uriarte.

El aumento de la pobreza interior juega en contra de la ayuda exterior

ONG, Gobierno y organizaciones internacionales coinciden, sin embargo, en la necesidad de una mayor evaluación de los resultados de los proyectos. En un momento en que la ayuda es escasa, Gonzalo Robles, secretario general de Cooperación Internacional —dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores— señala que no solo hay que intensificar la vigilancia, sino también “saber si lo que hacemos es útil”. Para ello, un panel de expertos internacionales ha trabajado en un texto para asentar las bases de la evaluación en España. “Hasta ahora se justificaba el destino del dinero y que se hubieran cumplido los objetivos de un proyecto. Ahora se pretende medir el impacto, es decir, responder a cómo ha cambiado la vida de los beneficiarios con relación a cómo sería si no hubieras actuado”, explica Patricia Roda, presidenta de la Fundación Lealtad, entidad dedicada a la evaluación de ONG. “No se trata solo de construir un acueducto, sino de ver cuántas personas han tenido acceso al agua”, incide Robles.

Todavía está por definir el modelo del Gobierno para dar este salto. La Congde subraya la importancia de determinar quién establecerá los objetivos a cumplir que se evaluarán; y señala que estos deben ser precisos. “El Plan Director debería fijarlos”, opina Cecilia Carballo, vocal de la junta de gobierno de la entidad. “Si no, sería como firmar un cheque en blanco”, recalca. Pero si de algo adolece el texto que se aprueba hoy es de vaguedad. El riesgo es que la evaluación pueda ser utilizada para justificar una asignación de recursos ya predeterminada por razones políticas. Solo hace falta alegar que no se logró el impacto deseado. “No se trata de censurar a nadie, sino de aprender”, apunta Robles. “El verdadero peligro es que un proyecto no sea bueno”, añade. “Primero hay que decidir los indicadores que queremos medir para luego ver el grado de cumplimiento”, explica.

El 0,2% de la renta nacional va a desarrollo, lo mismo que en 1981

El texto en el que se fijarán esos indicadores —“en proceso de diseño”, dice el secretario general de Cooperación— estará listo a principios de 2013; y se anexará al Plan Director. Belén Sanz Luque, jefa del departamento de evaluación de ONU Mujeres, una de las expertas consultadas por el Gobierno, recomienda “normas y estándares de evaluación creíbles” y que los profesionales que las hagan “no tengan interés en el programa examinado”. “Los evaluadores tienen que ser independientes; lo normal es que los que planifiquemos no seamos los que evaluemos”, coincide Robles. “Queremos medir lo mismo que en otros países”, añade. Los resultados, subraya, permitirán conocer a cuántas personas estamos llegando y extraer lecciones. “Y rendir cuentas al ciudadano”, apunta.

El objetivo es poner el dinero “donde sabemos que lo hacemos bien”, dice. La escasez de fondos obliga a una selección más estricta de su destino. Pero el conocimiento no es gratis. El seguimiento del impacto de los proyectos es muy caro. ¿Cómo se financiará un proyecto tan ambicioso de evaluación al tiempo que se recorta la cooperación? El seguimiento requiere, además, plazos muy largos de trabajo (para dejar que la ayuda surta sus efectos) y “existe el problema de la atribución”, señala Argilés. “¿Cómo puedes saber que un cambio se debe a tu actuación?”.