El funesto camino de la granja al contenedor

En España, 7,7 millones de toneladas de alimentos —163 kilos por persona, de media— que podrían haberse consumido, o a los que se pudo haber dado otro uso, acaban en la basura cada año. Son productos que se desechan a causa de los malos hábitos de consumo, los altos estándares de calidad de las empresas —que rechazan los que no cumplen sus cánones estéticos— o la mala planificación de comercios y ciudadanos. Una realidad escandalosa que se hace aún más aberrante a medida que aumentan los estragos causados por la crisis: el 27% de la población se encuentra en riesgo de pobreza. El Gobierno busca ponerle coto ahora a este problema con una estrategia para concienciar del valor de los alimentos, y estudia cambiar la normativa para que aquellos productos que vayan a desecharse se reutilicen o se donen.

Su objetivo es, además, analizar las reglas con las que las empresas hacen sus cribas antes de que el producto llegue al consumidor. Patrones que llevan a rechazar alimentos perfectamente buenos solo por criterios estéticos. Estándares “excesivamente estrictos”, según el experto británico Tristram Stuart, profesor de Historia Medioambiental en la Universidad de Sussex. Stuart pone varios ejemplos: kilos de tomates que se consideran demasiado pequeños para la venta, manojos de zanahorias retorcidas y algo rajadas... Alimentos que nadie garantiza que no terminen en los contenedores. Algo que las autoridades tratarán de evitar. También que aquellos productos cuya fecha de consumo preferente vaya a pasar —siguen siendo seguros pero no conservan todo su sabor, color o aroma— se reintroduzcan en el ciclo alimentario de alguna forma y no se destruyan sin más.

La idea satisface a las organizaciones de consumidores, que no obstante se muestran cautas sobre la verdadera suerte de los productos rescatados y la intención última de la estrategia del Ministerio de Agricultura. “Hay que evitar el despilfarro, pero sospechamos que cualquier cambio regulatorio irá orientado a que la industria pueda acabar comercializando esos productos desechados a un precio menor y obtenga un beneficio”, opina Ruben Sánchez, portavoz de Facua. “Lo primero que debería hacerse es prohibir que se tiren los excedentes de producción. La industria tira los alimentos que superan el cupo determinado para evitar que bajen los precios. Les sale más barato desecharlos”, añade.

El diputado de Compromis-Equo Joan Baldoví propuso hace poco una iniciativa parlamentaria para frenar el desperdicio. En ella se incluían medidas coercitivas para aquellos que despilfarrasen con prácticas como la de eliminar los excedentes. Sin embargo, a pesar de la contradicción que supone que el Gobierno prepare ahora su propia estrategia, su propuesta fue rechazada por el PP. Baldoví pretendía aplicar el principio de “quien contamina paga” para frenar unos residuos que tienen un elevado coste medioambiental y social.

Agricultura y 100 empresas acuerdan optimizar los excedentes

Porque el problema se produce a lo largo de toda la cadena. Desde el campo o la granja hasta la mesa. Pero uno de los principales problemas, reconoce Fernando Burgaz, director general de Industria Alimentaria, es que no se tiene información exacta de cuánto ni de todos los factores que influyen en esta práctica. “Se revisarán las normas de calidad, se tendrán en cuenta los tipos y la tecnología de envasado, si las fechas de caducidad y consumo preferente son las correctas, los tiempos de distribución, los hábitos de consumo. Todo eso cuenta en el despilfarro de alimentos”, explica Burgaz.

Los datos de la Comisión Europea sitúan a España como el sexto país de la UE que más despilfarra. Por delante están Alemania, Holanda, Francia, Polonia e Italia. En toda Europa tiran a la basura 89 millones de toneladas de alimentos. Una cifra que el Parlamento Europeo ha instado a reducir. En Reino Unido, Holanda o Irlanda ya han iniciado programas para hacerlo. Sobre todo, con campañas de sensibilización para consumidores y distribuidores.

En España, el ministerio de Miguel Arias Cañete ha firmado un convenio con la Federación Española de Bancos de Alimentos y la Asociación Multisectorial de Fabricantes y Distribuidores (AECOC), al que se han adherido más de 100 empresas, para frenar el desperdicio. Las compañías se comprometen a reducir ese despilfarro siendo más eficientes en la producción, reduciendo los tiempos de distribución y planificando mejor sus producciones para evitar que las mercancías se acumulen, cuenta el secretario general de AECOC, José María Bonmatí.

“Tenemos que optimizar y reducir el desperdicio casi a cero. Es una cuestión social, pero también medioambiental”, afirma Bonmatí, que reconoce que hay margen de mejora. “Muchas veces, por ejemplo, la propia dinámica comercial hace que las fechas de retirada sean anteriores a las del fin de la vida útil de los productos. También hay que vigilar el transporte y la logística. Hay que hacer una planificación correcta”, apunta el responsable de AECOC, que explica que, dentro del acuerdo con Agricultura, las empresas se comprometen a aprovechar al máximo los excedentes que se generen. Sea elaborando otro tipo de productos —alimentación animal, cosméticos— o redistribuyéndolos.

La industria no apoya que se cedan alimentos pasados de fecha pero inocuos

Una de las formas de darles uso es donarlos a organizaciones o bancos de alimentos. Ya se hace en algunos casos con excedentes de frutas y verduras. También, explica Tomás Fuertes, presidente de ElPozo Alimentación —una de las compañías firmantes del acuerdo—, con otros productos cuyo envase, por ejemplo, se ha deteriorado. “Nosotros cada día hacemos una revisión de todos los productos que se van a expedir y aquellos que tienen cualquier defecto de etiquetado o de presentación, como una arruga, pero que son productos perfectamente óptimos para el consumo, se donan a las distintas ONG e instituciones con las que colaboramos”, apunta.

Los que no se donan son aquellos productos cuya fecha de consumo preferente acaba de pasar o está cerca. Algo “incomprensible”, según los responsables de las organizaciones que tienen programas de ayuda para alimentación a personas en riesgo de exclusión. “Son alimentos que son sanos e inocuos, pero que quizá no estén tan frescos. Se podrían donar perfectamente”, apunta José Antonio Busto Villa, director general de los Bancos de Alimentos, entidades que el año pasado dieron de comer a dos millones de personas en España. A Carlos Susías, presidente en España de la Red Europea contra la Pobreza, la idea no le parece mal, pero avisa: “Tienen que ser alimentos buenos y seguros. No deben ser alimentos de desecho para personas consideradas de desecho”. La estrategia, dicen los expertos, podría ayudar algo a paliar los recortes sociales y la reducción de fondos que la UE planea para esos programas en los próximos presupuestos —propone una partida de 2.500 millones de euros para gastar de 2014 a 2020, pero no todos los países apoyan la modesta cifra—. “Reducir el despilfarro es bueno, pero no soluciona el problema. El Gobierno debe centrarse en mejorar las condiciones de acceso a los alimentos para todos los ciudadanos”, incide Susías.

A Busto Villa le satisface que Agricultura revise las condiciones de la donación, y aspira a que se fomente la entrega de alimentos en buenas condiciones, pero cuya fecha de consumo preferente ha pasado. Pero esa opción no convence a los fabricantes. “Cualquier empresa que esté envasando su marca quiere que ese producto responda a sus estándares de calidad. Vaya donde vaya. Y hay algunos productos que van perdiendo condiciones organolépticas”, dice el responsable de AECOC. Lo que harán los fabricantes, recalca, es revisar a fondo y más habitualmente las fechas límite de sus productos. “Ahí se puede trabajar”, opina.

Y es que ese es otro de los posibles factores del desperdicio masivo. El tiempo de duración de un alimento se vuelve a medir cuando cambia alguno de los ingredientes o su envase. Sin embargo, expertos como Stuart, que ha liderado investigaciones sobre desperdicio, creen que esas fechas límite son “demasiado prudentes”.

Muchas frutas y verduras se rechazan solo por criterios estéticos

Las autoridades españolas estudiarán, dentro de la estrategia de Agricultura, si ese tiempo límite que la industria impone a sus alimentos es correcto. “Las tecnologías de envasado han evolucionado, con lo que muchos productos pueden tener más vida útil de la que tienen reconocida oficialmente”, apunta el director general de Industria Alimentaria, que explica que también se tendrá en cuenta si el tamaño de los envases se adapta a las necesidades de los consumidores o promueve el desperdicio.

Esta, opina, puede ser una de las claves. El 42% de los desechos alimentarios se produce en los hogares, según estimaciones europeas. “Ahí se tira una parte importante de productos. Sea porque la gente puede tender a acumular, porque no los conservan bien o porque no tienen información suficiente de cómo hacerlo. También porque la mayoría confunde la fecha de caducidad con la de consumo preferente”, argumenta el responsable de los Bancos de Alimentos. Una opinión que comparte Sánchez, de Facua. Ambos piden que se cree una regulación para que en los envases conste una sola fecha, “la del último día que se puede consumir el producto sin riesgo”, pide Busto Villa. “Además, las etiquetas deberían tener información de qué propiedades pierde el producto a partir de una fecha”, dice Sánchez.

Pero la industria no tiene planes de cambiar el etiquetado, por el momento. Sin embargo, el responsable de AECOC explica que las compañías iniciarán —junto a Agricultura— una campaña de información al consumidor sobre las condiciones de conservación y consumo. También participarán las superficies comerciales, porque mercados, supermercados y tiendas generan el 5% de los desperdicios. No parece una cifra muy alta, pero aún así son muchos los productos acaban en el contenedor.

¿Qué se hace para evitarlo? Beatriz García Cabredo, directora de Responsabilidad Social Corporativa de Makro, explica que una buena planificación es vital. También el tratamiento del producto. “Se cuida la mercancía desde que llega para que no se produzcan roturas y se trata de conservar bien la cadena de frío en los productos frescos para que no se estropeen”, dice. Aun así, reconoce, hay alimentos que ya no se pueden vender y que se donan: latas golpeadas, productos que ya no son vistosos y que los restaurantes no querrán, alimentos cuya fecha va a vencer ¿Y aquellos cuya fecha ha vencido? “Esos se destruyen. Pero intentamos que no pase”, dice Cabredo.

Antes de llegar a la tienda también se desperdicia. Las empresas productoras generan el 39% de los desechos. Y es que a veces las normas por las que se rige la comercialización de productos frescos —verduras, hortalizas— impiden la venta de los que tienen alguna imperfección o no tienen el tamaño adecuado. Por ejemplo, una patata de la variedad nueva que tenga un brote de más de tres milímetros no se puede vender. “No pasa la criba de la empresa que las lava y las envasa y puede que acabe en la basura. Las empresas creen que el consumidor no querrá esos productos un poco imperfectos o temen que meterlos en el mercado baje el precio”, apunta Diego Juste, de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). Ellos son el primer eslabón de la cadena y también originan desperdicios.

“Se intenta derivar los excedentes a la industria para fabricación de derivados. Se dona lo que se puede. Se busca tirar lo menos posible”, dice. Pero, como denuncia la Organización de Naciones Unidas para Agricultura (FAO), a veces a las empresas les resulta más caro reutilizar el producto —fabricando otra cosa o donándolo— que tirarlo. La distribución de la mercancía a los bancos de alimentos cuesta, y además debe ser ágil.