Mas se rebela contra la reforma educativa

La Generalitat llevará al Constitucional el plan si el Gobierno mantiene el texto Artur Mas convoca a los partidos de izquierda a una reunión la semana próxima Andalucía también estudia impugnar el nuevo borrador

El presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas
El presidente en funciones de la Generalitat, Artur MasEFE

La Generalitat de Cataluña asegura que aplicará la Ley de Educación de Cataluña (LEC) y se ha negado a aceptar la reforma educativa que prepara el Gobierno, que prevé reducir las horas de clase que se imparten en catalán y garantizar la escolarización en castellano, aunque sean en colegios privados, a costa de la administración autonómica. Después de la reunión de Ejecutivo catalán este mediodía, el portavoz Francesc Homs ha asegurado que "ante la ofensiva contra la lengua catalana, el gobierno catalán no ahorrará ni energías ni capacidad institucional para hacerle frente".

El nuevo plan de reforma educativa del Gobierno, conocido este lunes y que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, presentará oficialmente esta tarde a las comunidades, ha desatado una cascada de reacciones en las comunidades no gobernadas por el PP, especialmente Cataluña. El presidente catalán en funciones, Artur Mas, ya se ha puesto en contacto con los partidos de izquierda y ha convocado una reunión para el miércoles de la semana próxima. De momento, al encuentro asistirán, además de CiU, el Partit dels Socialistes, Esquerra (ERC) e Iniciativa (ICV). "Es hora de hacer piña", ha clamado Homs, quien ha vuelto a defender el modelo de inmersión lingüística. "Los resultados avalan el modelo, así que reformas como esta solo se pueden entender desde el desconocimiento o de mala fe", ha remachado.

La consejera de Enseñanza de Cataluña en funciones, Irene Rigau, ha asegurado este martes que la reforma, tal y como consta en el borrador, "no se puede aplicar" y ha anunciado su intención de recurrirla ante el Tribunal Constitucional. La responsable de educación catalana pedirá a Wert la retirada del borrador durante la Conferencia de Educación que tendrá lugar a partir de las cuatro de la tarde en Madrid.

Rigau ha considerado "inimaginable" aplicar esta norma en Cataluña y ha hecho un llamamiento a hacer cumplir la ley de la Generalitat en caso de que prospere la estatal tal como está planteada. La consejera ha recordado que el borrador no respeta el artículo 3 de la Constitución al no dar un "trato adecuado" al catalán, invade competencias y no cumple con el Estatuto de Cataluña. En consecuencia, Rigau sostiene que si el ministerio no hace "modificaciones" en el anteproyecto, la Generalitat llevará la ley ante el Tribunal Constitucional (TC). Si esto fuera así, ha afirmado, la consejera cree que el apoyo de la sociedad al Gobierno catalán sería total para "evitar" aplicar la ley.

Rigau ha criticado que hasta el pasado viernes se había trabajado con otro texto sin "una línea de lengua" y que este nuevo borrador se lo enviaron a mediodía del lunes. “Es decir, cuando ya habían pasado las elecciones catalanas”, ha afirmado.

Los partidos catalanes también están mostrando su rechazo a la reforma de Wert, que consideran un ataque en la línea de flotación del modelo de inmersión lingüística, considerado un éxito por los expertos. Los partidos de izquierda han apostado para hacer un frente común para defender la escuela catalana y se han mostrado partidarios de presentar un recurso de inconstitucionalidad. “Parece que el señor Wert continúa con su intención de españolizar a los niños”, ha dicho el primer secretario del PSC, Pere Navarro.

Los partidos catalanes, dispuestos a hacer un frente común en defensa del catalán

“Si esto sale adelante, vamos juntos al Parlamento de Cataluña para llevarlo al Tribunal Constitucional porque es un intento de cargarse la inmersión lingüística y la convivencia”, ha asegurado el líder de ICV, Joan Herrera, quien ha pedido la dimisión del ministro Wert.

Desde Esquerra, en cambio, apuestan por no dedicar ni un segundo a negociar la reforma. El líder de los republicanos, Oriol Junqueras, asegura que "no hay que poner parches" a esta futura ley, sino que la Generalitat debe seguir aplicando la LEC. Junqueras también ha reclamado a CiU que acelere el proceso para convocar la consulta soberanista y que rompa sus pactos con el PP que mantienen en varios ayuntamientos (Badalona o Castelldefels), en la Diputación de Barcelona o en la corporación de medios de comunicación públicos. “No sé qué más debe pasar” para que CiU rompa con el PP, se ha preguntado. Junqueras también ha cargado contra el Estado, al que le ha acusado de atentar contra los intereses de Cataluña. “Lo único que les preocupa es cómo llevan a Cataluña a la ruina económica y miseria intelectual y cultural”.

La Candidatura d'Unitat Popular (CUP), que esta legislatura se estrenará en el Parlament con tres diputados, también ha arremetido contra los planes de Wert y han llamado a la “desobediencia social” para que las escuelas no la apliquen. El diputado electo de la CUP, David Fernández, ha calificado al ministro de “general Espartero del siglo XXI”, que hace 170 años ordenó bombardear Barcelona para sofocar una revuelta popular.

”Si resistimos al franquismo, resistiremos también al ministro Wert”, aseguran los maestros

La comunidad educativa también se muestra dispuesta a desobedecer la reforma. La Asociación de Maestros Rosa Sensat ha llamado a una “insumisión absoluta” a la reforma. ”Si resistimos al franquismo, resistiremos también al ministro Wert”, ha clamado su presidenta Irene Balaguer. La entidad Somescola, que agrupa a 26 organizaciones vinculadas a la educación en Cataluña, asegura que la reforma es un atentado a la lengua, a la cohesión social y a la igualdad de oportunidades, y además supone un retroceso a “un pasado predemocrático”.

La Federación de padres y madres de Cataluña (Fapac) también ha mostrado su “indignación” y “rechazo” a la reforma educativa que ha achacado a un “tema de ideología y de fanatismo” que busca “crear confrontación y a dividir la sociedad”, ha aseverado la entidad en un comunicado. La Fapac también ha censurado el hecho de que la nueva ley se haga “sin consenso y con muy poco diálogo”.

Los sindicatos también se han mostrado combativos ante la reforma. Desde UGT acusan a Wert de impulsar un “apartheid lingüístico en las escuelas” y de querer retroceder “a aquella época donde el catalán solo se podía hablar en la intimidad del hogar”. Relegar el catalán a una asignatura optativa demuestra, según este sindicato, “el carácter fascista del ministro y del Gobierno, queriendo eliminar rasgos diferenciales, como ya lo hizo Felipe V, Franco, y ahora Wert”. Por su parte, CC OO califica la reforma educativa de “ideológica”, que busca “hacer prevalecer una concepción elitista y selectiva del sistema educativo”. Con más prudencia se ha pronunciado Ustec, que apuesta por negociar antes de declarar la desobediencia, ya que la nueva normativa, además de tocar la lengua, supone un “aumento de la mercantilización y de privatización de la educación”.

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