417 medicamentos saldrán de la financiación pública el 1 de septiembre

Era, probablemente, la medida más sencilla del paquete de ahorro del Ministerio de Sanidad: dejar de financiar un número reducido de medicamentos para ahorrar unos 458 millones de euros. La lista definitiva que ha publicado hoy el BOE ha quedado en 417. Aunque más que hablar de fármacos, habría que decir que se trata de 417 presentaciones, porque el número de moléculas que dejan de pagarse con fondos públicos es mucho menor. La diferencia está en que un compuesto puede venderse de muchas formas, aunque siempre sea con el mismo fin. Por ejemplo, la lista incluye más de 30 presentaciones de acetilcisteína (en polvo, efervescentes, sobres, granulados; de 100 miligramos, 200, 600) un tratamiento para reducir la mucosidad durante los enfriamientos, y otras treintena de aciclovir, que se usa para combatir el herpes labial, sobre todo.

En España hay aprobadas una 26.000 presentaciones, de las que 18.600 son financiadas públicamente. De ellas, unas 5.000 son de uso exclusivamente hospitalario, lo que deja en unas 13.500 las que se recetaban en ambulatorios y consultas.

Aunque los excluidos son pocos (un 3% de las 13.500), la importancia de la medida estriba en que son productos muy populares. José María Molero, miembro del Consejo Asesor de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc), calcula que pueden suponer entre el 10% y el 15% de las prescripciones de un médico de atención primaria. Entre los fármacos, los hay para la mucosidad y la tos (acetilcisteína, Codeisan), antidiarreicos (Fortasec), lágrimas artificiales (Acuolens), antiinflamatorios (diclofenaco, Voltarén), protectores estomacales y antiácidos (Almax) y promotores del bolo digestivo (plantago).

Según ha explicado el ministerio –y así lo recoge la orden- para elaborar la lista se han atendido los siguientes criterios: que haya uno equivalente más barato, que ya existiera uno con “el mismo principio activo y dosis” pero que se pudiera conseguir sin receta (y que, por tanto, estuviera no financiado), que “en el entorno europeo se trate de un producto considerado publicitario” (los que se pueden anunciar y que, por tanto, no necesitan receta ni son financiados por la sanidad pública), “que principio activo cuente con un perfil de seguridad y eficacia favorable y suficientemente documentado a través de años de experiencia y un uso extenso” y “por estar indicados en el tratamiento de síntomas menores”.

A estas consideraciones se añade una mucho más general: “Que su financiación no se considere necesaria para cubrir las necesidades básicas de la población española” o que “no respondan a las necesidades terapéuticas actuales”. Un caso claro podrían ser los que se han quedado anticuados porque haya una alternativa mejor. Molero calcula que esto afecta a algo más del 10% de los excluidos. “Eso no quiere decir que no quede algún médico que los use, pero son los menos”. Entre ellos sitúa algún potenciador de la memoria, algunos mucolíticos, digestivos y los dedicados a las afecciones venosas superficiales.

En cualquier caso, como ha dicho el director general de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Agustín Rivero, estos medicamentos podrán seguir siendo prescritos por el médico. La diferencia es que el paciente deberá abonarlo íntegramente, y no solo la parte que le corresponda por el copago, como hasta ahora (es decir, el paciente compensará con su aportación el ahorro a las Administraciones).

Sanidad recalca que se trata de productos, en general, baratos (y que, por tanto, son asumibles por la mayoría de la población). Aproximadamente un 80% cuesta menos de siete euros, según el cálculo que ha hecho este periódico. Pero para un paciente polimedicado que tenga que tomar varios de los más caros el impacto puede ser importante. En cualquier caso, “siempre hay un medicamento que está financiado que se puede utilizar” como alternativa, ha indicado Rivero.

La lista original del ministerio era algo más amplia (456 en el primer borrador que se envió a las comunidades, 426 en el anterior a la orden cerrada), pero, al final, algunos medicamentos se han mantenido. Es el caso del Imiquimod y la podofidotoxina, unas cremas que se utilizan para tratar condilomas genitales. La Organización Médica Colegial, entre otros, alegó que estas lesiones eran precancerosas, por lo que al final se han mantenido en la lista.

Habrá excepciones para enfermos crónicos (cáncer, síndrome de Sjögen)

Otro cambio respecto al proyecto inicial es que se mantienen excepciones en algunos casos. Es decir, aunque estén en la lista, hasta 97 de las presentaciones podrán seguir usándose en algunos casos. Por ejemplo, los formadores de volumen se mantendrán financiados para pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, colon irritable y diverticulosis. Los laxantes osmóticos se financiarán para casos de encefalopatía portosistémica y paraplejia. Los antagonistas del receptor opioide periférico (analgésicos) estarán financiados para pacientes de cáncer. Otros vasodilatadores periféricos conservarán la financiación en casos de claudicación intermitente (el dolor que produce la arterosclerosis en las extremidades, sobre todo las inferiores). Además, los alcaloides del opio y derivados se mantendrán para pacientes con cáncer que sufran tos persistente, y los oftalmológicos estarán financiados en casos de síndrome de Sjögren (del ojo seco).

Este es uno de los aspectos que critican los médicos de familia. Molero cree que se debía haber sido más generoso con las excepciones. Por ejemplo, indica que hay casos de personas con cáncer u otras patologías que, aparte de analgésicos, pueden necesitar laxantes, ya que el estreñimiento es uno de los efectos adversos de su medicación. Aunque el médico indica que la mayoría de los medicamentos tienen una utilidad terapéutica media o baja, no debe descartarse su uso en todos los casos. “También con los antitusígenos haría alguna excepción más. Por ejemplo, si una persona está recién operada, puede venirle bien para evitarle las molestias al toser y que no se le salten los puntos”, o “son convenientes en una persona que se va a operar de cataratas”.

En sus alegaciones a la orden original, a las que tuvo acceso este periódico, la OMC señalaba que alguno de estos productos tenían incuso un efecto placebo, “lo que dificulta su retirada”. Además, la OMC criticaba que la decisión de qué fármacos se incluían en la lista obedece a definiciones tan poco rigurosas como la definición de “dolencia leve” o “amplia tolerancia”. Usando un ejemplo que se ha repetido durante el debate previo a la orden, una acidez de estómago puede ser fruto de una comida fuerte, una úlcera, un cáncer o una medicación. En todos los casos puede recibirse el mismo tratamiento, pero en unos casos está más justificado que en otros.

Precisamente el caso de los antiácidos es uno de los que ha puesto el consejero catalán de Sanidad, Boi Ruiz, para oponerse a la medida. Según Ruiz, se va a producir un desvío en la prescripción hacia otros productos también para el estómago, como la ranitidina (Losec) o el omeprazol. La OMC recoge estas críticas en sus alegaciones, al indicar que “todas las medidas macro, tendentes a reducir el gasto farmacéutico mediante la retirada de la financiación pública de listas de medicamentos, históricamente han supuesto un repunte final del gasto farmacéutico”.

Un peligro que haya un desplazamiento y se receten productos más caros

El director de la Asociación para el Autocuidado de la Salud (Anefp), Rafael García Gutiérrez, coincide con una portavoz de Sanidad en que esto no tiene por qué ser así. “Si se han excluido todos los medicamentos de un mismo grupo terapéutico, el médico, en conciencia, tiene que indicar uno de ellos”, afirma. Anefp es de las asociaciones más partidarias de este tipo de medida. Sus siglas originales corresponden a Asociación Nacional de Especialidades Farmacéuticas Publicitarias –es decir, las sin receta-, un grupo que después de esta resolución va a crecer. García señala que, además, para evitar este deslizamiento, “hay que acelerar la implantación de la receta electrónica”.

Anefp ha sido, tradicionalmente, la que más ha defendido esta desfinanciación, sobre todo en el supuesto de que convivieran medicamentos con el mismo principio activo y dosis, unos de ellos con receta y otros sin ella, ya que, para ahorrar, el paciente siempre prefería el primero.

García también sale al paso de otra de las críticas al proceso: que los medicamentos que ya no quedan bajo el paraguas de la sanidad pública suban de precio. La resolución indica que los fabricantes de los medicamentos que han quedado fuera del sistema deberán notificar los cambios de precio, pero, al no pagarlos ya ni siquiera en parte la Administración, en teoría su importe es libre. “Eso no ha pasado nunca desde 1981. Nosotros tenemos el más riguroso de los controles: el de la competencia”, afirma.

Los 400 millones de ahorro (si se cumplen) representan aproximadamente el 22% del gasto farmacéutico de las comunidades. Las dudas sobre la medida empezarán a aclararse a partir del 1 de septiembre, cuando entre en vigor. Si el mercado se comporta como ante el anuncio del copago, previsiblemente habrá un acaparamiento de fármacos antes de fin de mes, y subirá la inflación.

Los médicos de familia creen que hay que ser más flexibles en los criterios

Más a largo plazo, habrá que ver si no hay ese efecto de desplazamiento de las recetas hacia productos más caros, y en qué quedan los ahorros después de reducir la lista e incluir las excepciones.