2019, el largo año de la España en funciones

El límite de los 12 meses que impone el calendario se queda probablemente estrecho para describir el 2019 español, un ciclo tan vertiginoso como improductivo en el que el sistema y las instituciones surgidas de la Constitución de 1978 se han visto sometidas a la mayor tensión en décadas por la sucesión de convocatorias electorales, gobiernos en funciones, la incapacidad de los partidos de alcanzar acuerdos, y por la inestabilidad en Cataluña por el proceso independentista y su derivada judicial.

El año que termina podría definirse como 2019 largo —al contrario del siglo XX corto que el historiador británico Eric Hobsbawm situó entre 1914 y 1991—. Este se inició el 2 de diciembre de 2018 con las elecciones andaluzas, en las que Vox irrumpió en las instituciones y terminará con la investidura del presidente del Gobierno, cuando quiera que esta llegue. En este tiempo, España ha pedaleado en el vacío como una bicicleta sin cadena; y los frenos, aunque resisten, dan muestras de que empiezan a calentarse.

Los votantes, agotados, comienzan a penalizar la política de beneficio electoral inmediato ejercida por asesores de trastienda. El carrusel ha devorado a líderes asentados como Albert Rivera y ha aupado a la extrema derecha, homologando definitivamente a España con otros países europeos. Ahora, la excepción española es otra: aquí los partidos de matriz conservadora (PP) y liberal (Ciudadanos) se han sentado a negociar los gobiernos autonómicos de Andalucía y Madrid y el Ayuntamiento de la capital con Vox, y han contemporizado con sus postulados xenófobos, machistas y negacionistas del cambio climático.

Los diez meses de Pedro Sánchez como presidente en funciones apenas han dejado más resultado tangible que la exhumación largamente esperada del dictador Francisco Franco de su mausoleo del Valle de los Caídos y la organización en tiempo récord de la Cumbre del Clima COP25, que no se pudo celebrar en Chile por los disturbios en aquel país. También, quizá, el polémico real decreto que permite al Gobierno intervenir los servicios y redes de Internet en situaciones críticas para el orden público, concebido para hacer frente a los actos violentos orquestados a través de la red tras la sentencia del procés.

Por lo demás, España, con algunos ajustes por real decreto, sigue funcionando con los Presupuestos elaborados por el popular Cristóbal Montoro en 2016. Y se eterniza la renovación de órganos como el Tribunal Constitucional, o el Consejo General del Poder Judicial, lo que afecta a la percepción de legitimidad de los nombramientos de los magistrados de los altos tribunales.

El bloqueo español se produce, aunque suene paradójico, en un escenario político en constante mutación, en el que las certezas cambian en función de las urgencias electorales y demoscópicas. Así, Rivera, en el lejano septiembre, tras negarse incluso a reunirse con Sánchez en su apuesta catastrófica de convertirse en líder de la derecha, le ofreció in extremis un pacto para evitar las segundas elecciones. En julio, Pablo Iglesias y el líder socialista no fueron capaces de gestar un Gobierno de coalición que sí fue posible negociar tras la repetición de los comicios. Y Sánchez, que exhibió dureza, incluso intransigencia, con los secesionistas catalanes en campaña, ahora se ve inmerso en una compleja negociación con ERC para lograr la investidura. En el lado, contrario, en este torbellino el popular Pablo Casado ha conseguido afianzar su liderazgo, aunque forzado a mirar de reojo a Vox. En esta España líquida cualquier foto sale movida.

El desafío independentista en Cataluña ha sido, un año más, el factor que ha determinado toda la vida política. El juicio del procés dio lugar a una sentencia que, como predijo el presidente del tribunal, Manuel Marchena, no gustó a nadie. La condena a 13 años de cárcel por sedición a Oriol Junqueras y al resto de líderes secesionistas desató graves episodios de violencia callejera, especialmente en Barcelona, orquestados a través de las redes sociales del llamado Tsunami Democràtic, un movimiento que aparentemente fue perdiendo fuerza desde los grandes cortes de vías de comunicación en Cataluña a finales de octubre hasta su penúltima acción, el intento fallido de boicotear el clásico Barcelona-Real Madrid, el 18 de diciembre. En el extremo opuesto, la teoría judicial de que el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la declaración unilateral de independencia fueron “una ensoñación”, un engaño a la población, y se descartara, por tanto, el delito de rebelión que defendía la Fiscalía, suscitó gran desencanto —esta vez solo dialéctico— entre los partidarios de la mano dura con Cataluña.

El Govern de Quim Torra ha reforzado en este periodo la estrategia de enfrentamiento con el Estado y las instituciones, empezando por el Rey, a quien no le perdonan el discurso del 3 de octubre de 2017 tras el referéndum ilegal. Felipe VI tuvo que presidir los premios Princesa de Girona en un Palacio de Congresos de Barcelona bunkerizado en el que la heredera, la princesa Leonor, pronunció en catalán el segundo discurso de su vida, precisamente el mismo año en que el rey emérito, Juan Carlos, se retiraba de la vida pública. Torra, president-activista, ha encabezado los cortes de carretera y las manifestaciones contra la sentencia del Supremo y ha mantenido una posición deliberadamente ambigua ante la violencia organizada que desbordaba a los Mossos en las calles.

La policía autonómica ha recompuesto los lazos con los cuerpos estatales, los jueces y los fiscales, muy deteriorados tras el 1-O. Los partidos secesionistas han salido en defensa de los nueve CDR detenidos e imputados –dos permanecen en prisión- por terrorismo en la Audiencia Nacional por almacenar material para fabricar explosivos. Este apartamiento de la idea de conseguir la república por vías estrictamente pacíficas tal vez sea el cambio más notable del independentismo en este 2019.

El pulso constante de Torra y los partidos independentistas en el Parlament a favor de la autodeterminación de Cataluña se ha traducido en varios reveses del Constitucional y en la condena a Torra a un año y medio de inhabilitación por desobediencia por negarse a retirar una pancarta a favor de los políticos presos como le había ordenado la Junta Electoral Central. Este fallo, todavía no firme, quizá despliegue sus efectos en 2020, forzando a Torra a convocar las elecciones catalanas antes de que el Supremo confirme la inhabilitación y el president pierda esa prerrogativa personalísima. Y tras la reciente sentencia europea sobre la inmunidad parlamentaria de Oriol Junqueras —de la que paradójicamente el mayor beneficiado ha sido su gran rival, el fugado Carles Puigdemont— está por ver la influencia de la lucha entre ERC y Junts per Catalunya por la hegemonía independentista en la investidura de Pedro Sánchez.

La corrupción se ha mantenido en 2019 como parte del paisaje español. La sentencia del caso de los ERE fraudulentos de Andalucía, con la condena de los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, sacudió al PSOE. Y se convirtió en munición de respuesta para un PP acosado por los rescoldos de la Gürtel, el caso Púnica —con la imputación de Esperanza Aguirre como plato fuerte— o el caso Lezo.

Sin embargo, el sumario con mayor potencial desestabilizador sigue siendo el del comisario jubilado José Manuel Villarejo y sus tareas de espionaje para diferentes círculos de poder, incluidas algunas de las mayores compañías del IBEX 35.

Los escasos momentos de unidad en este panorama de estancamiento los han deparado en estos meses los desastres naturales, como las inundaciones cada vez más devastadoras en el litoral mediterráneo o los incendios forestales, como el que arrasó en agosto la montaña de Gran Canaria. Y especialmente el rescate del cuerpo del bebé Julen del pozo de Totalán en enero. En esos días, el 2019 fue más largo que nunca.