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El pacto para renovar el Poder Judicial, más cerca tras el 10-N

PSOE y PP, junto a la coalición Navarra Suma que integra también a los populares, alcanzan los 210 escaños necesarios

J. J. Gálvez
El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.
El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.Eduardo Parra (Europa Press)

Aunque el bloqueo político persiste, el 10-N ha permitido ya al bipartidismo avistar la recuperación de una capacidad que había perdido en los anteriores comicios por primera vez desde la restauración de la democracia. Tras caer hasta los 189 diputados el 28-A, la suma de PSOE y PP —junto a la coalición Navarra Suma que integra también a los populares— alcanza ahora de nuevo los 210 escaños necesarios para poder pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde el 4 de diciembre de 2018.

Un órgano que, en este periodo, se ha visto cuestionado por las asociaciones judiciales al haber seguido con los nombramientos de los cargos de responsabilidad de los tribunales españoles y que ha llevado a su propio presidente, Carlos Lesmes, a denunciar que la prolongación de esta situación "puede contribuir a su descrédito" entre los ciudadanos. Una encuesta del CIS de hace unas semanas apuntaba que un 50,8% de los españoles valora como "bastante bajo" o "muy bajo" el grado de independencia de los magistrados españoles.

Las palabras de Lesmes, que calificó también de "anomalía" la incapacidad del Parlamento de sustituir a los vocales del CGPJ, se produjeron después de que los resultados electorales del 28-A complicasen mucho la renovación. Los dos principales partidos requerían por primera vez el apoyo de, al menos, una tercera fuerza que aportase los 21 parlamentarios que faltaban para alcanzar la mayoría de tres quintos de la Cámara que exige la ley.

Y, además, en la anterior legislatura había saltado por los aires el acuerdo que habían cerrado PP y PSOE para renovar el Poder Judicial tras publicarse un mensaje de móvil del entonces portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó, donde alardeaba de que la formación conservadora iba a asegurarse el control del Supremo y del órgano de gobierno de los jueces con el nombramiento de Manuel Marchena. Esa filtración provocó la renuncia pública de Marchena a ocupar ese puesto y, de inmediato, se paralizó la renovación. Y así sigue.

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Sobre la firma

J. J. Gálvez
Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.

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