La Corte Suprema argentina bloquea el nombramiento de un magistrado designado por Milei por decreto

Ariel Lijo no será, al menos por ahora, uno de los cinco magistrados de la Corte Suprema de Argentina. Es un duro golpe para el presidente, Javier Milei, que lleva más de un año promoviendo su nombre en el Congreso, sin éxito. Cansado de esperar, Milei había nombrado a Lijo “en comisión” mediante un decreto firmado la última semana de febrero. Pero no esperaba que su candidato pondría palos en la rueda: Lijo pidió una licencia sin goce de sueldo como juez federal, atento a que el cargo como supremo “en comisión” dura solo un año y solo el Senado puede convertirlo en vitalicio. Los cuatro jueces activos de la Corte rechazaron este jueves su licencia y lo conminaron a renunciar, un gesto que, consideran, está a la altura del cargo al que aspira gracias a los favores presidenciales. Entre quienes votaron en contra de la licencia estuvo Manuel García-Mansilla, un académico conservador nombrado junto con Lijo en el mismo decreto de Milei.

La Corte argentina quedó en diciembre pasado con solo tres magistrados tras dos jubilaciones. Milei se adelantó a ese escenario y durante 2024 envió al Senado, la Cámara responsable de aceptar o rechazar a los candidatos del presidente, los pliegos de García-Mansilla y Lijo. No sorprendió la elección de García-Mansilla, un abogado alineado con las ideas ultras de Milei, pero sí la de Lijo, de pésima reputación en Comodoro Py, sede de los tribunales federales.

Como juez, Lijo acumula una montaña de cuestionamientos sobre su idoneidad: tiene más de 30 denuncias por mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura, el órgano que controla a los jueces, y se lo investigó por asociación ilícita, lavado de activos y soborno. Tampoco es un juez demasiado activo: de las 89 causas por corrupción política que se tramitan en su juzgado, solo elevó a juicio oral 14. Lijo llegó a Milei apadrinado por el supremo Ricardo Lorenzetti, que no perdona todavía a sus pares que lo hayan desplazado de la presidencia de la Corte en 2018, después de 11 años.

Tanto García-Masilla como Lijo chocaron, como era de esperar, con la mayoría opositora en el Senado. Milei, entonces, apeló con dudosa legalidad a la atribución que la Constitución le concede para nombrar por decreto cargos que necesitan la aprobación del Senado durante el receso parlamentario. Tres días antes del inicio del año Legislativo, firmó los pliegos de sus dos candidatos para “normalizar el funcionamiento del máximo tribunal, el cual no puede llevar a cabo su rol con tan solo tres ministros”. El argumento de la Oficina del Presidente fue que el Senado “no tiene la potestad para rechazar el acuerdo de los candidatos propuestos por el presidente por preferencias personales o políticas de los senadores”.

El jueves pasado, la Corte avaló el nombramiento de García-Masilla y le tomó juramento. El análisis de la licencia de Lijo quedó pendiente hasta esta semana, cuando fue finalmente rechazada. Se abre ahora un escenario que no tiene precedentes. Lijo ya advirtió que no piensa renunciar como juez por un cargo que “no tiene estabilidad” laboral. El balón está ahora en manos del Senado, donde Milei está en minoría y depende de la buena voluntad del peronismo kirchnerista. Las negociaciones parecieron destrabarse meses atrás, cuando el Gobierno ofreció a cambio del aval a Lijo participación opositora en el nombramiento de cientos de cargos vacantes de jueces en todo el país. Pero todo cambió con el escándalo de $Libra, la criptomoneda que Milei promocionó desde sus redes sociales y resultó ser una gran estafa. El rey había quedado desnudo ante un presunto caso de corrupción y el peronismo olió sangre. El pliego de Lijo quedó paralizado y Milei tuvo que nombrarlo por decreto.

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