La Corte Suprema de Argentina toma juramento a solo uno de los dos jueces nombrados con un decreto de Milei

La Corte Suprema de Argentina ha evitado, al menos por ahora, que la sangre llegue al río. Este jueves, hizo a un lado sus reparos y tomó juramento como juez del máximo tribunal al abogado Manuel Garcia-Mansilla, un ultraconservador desginado en “comisión” mediante un decreto de Javier Milei. Pospuso, sin embargo, hasta la semana que viene el nombramiento de Ariel Lijo, el otro candidato del presidente ultraderechista, un juez federal que sumó decenas de impugnaciones a su candidatura cuando le tocó defenderse en el Senado. La decisión de la Corte quedó a medio camino entre la claudicación y la rebeldía en la guerra que libra con la Casa Rosada.

El deseo del Gobierno era que tanto García-Mansilla como Lijo estuviesen en sus cargos antes del 1 de marzo, cuando Milei abrirá el año legislativo con un largo discurso ante el Congreso. El primero podrá sentarse ya como magistrado junto a los otros tres integrantes de la Corte. Lijo también estará, pero solo como invitado. La Casa Rosada, en cualquier caso, ya da por hecha su designación y se muestra victoriosa: después de un año de impulsar sin éxito la designación de sus dos candidatos ante el Senado, apeló a su derecho constitucional de nombralos por decreto. La fórmula, con todo, ha merecido críticas de la oposición, incluso la considerada “dialoguista”, y de juristas que ponen en duda su legalidad.

La Constitución argentina contempla desde su redacción en 1860 que el presidente puede ocupar cargos que requieran la aprobación del Senado, como los jueces de la Corte, cuando el Congreso está en receso. La norma tomaba en cuenta que en aquel entonces, cuando el traslado de diputados y senadores hasta Buenos Aires podía demandar semanas, las sesiones ordinarias comenzaba el 1 de mayo y terminaba el 30 de septiembre. Pero desde la reforma constitucional de 1994, las Cámaras sesionan durante nueve meses al año, entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre. La posibilidad de nombrar supremos por decreto presupone una situación de fuerza mayor, algo que el caso de Milei no está tan clara.

El único intento presidencial para nombrar jueces de la Corte por decreto fue durante el Gobierno de Mauricio Macri, en 2016. Macri acababa de asumir y decidió cubrir cuanto antes dos puestos que habían quedado vacantes. Pero fue tal el rechazo de aquella decisión que el presidente cedió a la presión y aceptó la vía legislativa. Esta vez, el argumento oficial es el mismo que en 2016: la Corte, de cinco miembros, quedó otra vez con solo tres magistrados tras dos jubilaciones, una en diciembre pasado y otra en 2021. “La Cámara Alta debió haber prestado acuerdo a los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo. En ningún caso el Senado tiene la potestad para rechazar el acuerdo de los candidatos propuestos por el Presidente en base a preferencias personales o políticas de los senadores”, argumentaron desde la Oficina del Presidente. Desde la oposición achacaron la demora no a cuestiones políticas, sino a la calidad de los candidatos sugeridos por Milei.

Lijo es un juez federal en activo que acumula una montaña de cuestionamientos sobre su idoneidad: tiene más de 30 denuncias por mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura, el órgano que controla a los jueces, y fue denunciado penalmente por asociación ilícita, lavado de activos y soborno. Pese a ello, logró que su pliego pasase por el filtro de la comisión evaluadora en el Senado gracias al apoyo del peronismo, que pretendía a cambio negociar los nombres de unos 300 cargos de jueces que están vacantes. Cuando parecía que finalmente Lijo sería juez de la Corte, estalló el escándalo de $Libra, la criptomoneda que Milei promocionó como un plan para ayudar al financiamiento de pequeñas empresas y resultó ser una gran estafa. La sesión definitiva en el Senado se cayó.

La Corte, en tanto, demoró el nombramiento de Lijo porque antes debe analizar el pedido de licencia que el candidato presentó como juez federal. Lijo argumentó que no puede renunciar, como establece la ley, porque su nueva tarea no tiene “la estabilidad” laboral de la que disfruta como magistrado de primera instancia desde hace más de 20 años. Le preocupa que si el Senado finalmente lo veta será juez de la Corte solo un año, el tiempo que dura su nombramiento en comisión.

El caso de García-Mansilla es diferente. Sus ideas ultraconservadoras bloquearon su avance en el Senado, aunque sus críticos reconocen que tiene más méritos morales y académicos que Lijo. En su defensa ante los legisladores, García-Mansilla dijo que nunca aceptaría ser nombrado por decreto porque eso atentaba contra la división de poderes. Este jueves, sin embargo, aparcó sus reparos y juró en su cargo sobre la Biblia.

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