Milei nombra por decreto a dos jueces de la Corte Suprema

Javier Milei ha anunciado este martes que nombrará por decreto a dos nuevos jueces de la Corte Suprema de Argentina. Eludirá así al Congreso tras un año de negociaciones estancadas en el Senado, donde está en clara minoría. Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, los elegidos por el presidente, ocuparán sus cargos en comisión durante un año, hasta el inicio de un nuevo periodo legislativo el 1 de marzo próximo. Si durante ese plazo el Senado insiste en rechazar a Lijo y García Mansilla, el Gobierno de ultraderecha podrá firmar un nuevo decreto. El único intento presidencial para nombrar jueces del máximo tribunal con la sola firma del presidente fue durante el Gobierno de Mauricio Macri, en 2016. Fue tal el rechazo de aquella decisión que Macri cedió a la presión y aceptó la vía legislativa.

La Constitución argentina contempla desde su redacción en 1860 que el presidente puede ocupar cargos vacantes que requieran la aprobación del Senado, como los jueces de la Corte Suprema, cuando el Congreso está en receso. La norma tenía orígenes prácticos: en aquel entonces, el periodo de sesiones ordinarias comenzaba el 1 de mayo y terminaba el 30 de septiembre. Pero desde la reforma constitucional de 1994, las Cámaras sesionan durante nueve meses al año, entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre. La posibilidad de nombrar supremos por decreto presuponen una situación de fuerza mayor.

El argumento oficial es que la Corte, de cinco miembros, quedó en diciembre con solo tres magistrados tras dos jubilaciones. El decreto “tiene el objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con tan solo tres ministros”, dice un comunicado publicado desde la Oficina del Presidente. Luego carga contra el bloqueo parlamentario: “La Cámara Alta debió haber prestado acuerdo a los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo. En ningún caso el Senado tiene la potestad para rechazar el acuerdo de los candidatos propuestos por el Presidente en base a preferencias personales o políticas de los senadores”.

Milei chocó durante todo el año pasado con el rechazo de la oposición a sus candidatos, sobre todo Ariel Lijo, que no tiene los mejores pergaminos para el cargo. Lijo es un juez federal en activo que acumula una montaña de cuestionamientos sobre su idoneidad: acumula más de 30 denuncias por mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura, el órgano que controla a los jueces. También fue denunciado penalmente por asociación ilícita, lavado de activos y soborno. Tampoco es un juez demasiado activo: de las 89 causas por corrupción política que se tramitan en su juzgado, solo elevó a juicio oral 14. En los juzgados federales se lo acusa de acelerar o demorar expedientes según la necesidad de los involucrados. Para neutralizar pergaminos tan negativos, Lijo ofrece a Milei decisiones que, se esperan, se acomodarán a la Casa Rosada. Está apadrinado por el supremo Ricardo Lorenzetti, hoy enfrentado a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, los otros dos jueces de la Corte que siguen activos.

El segundo candidato es un reconocido académico de ideas ultraconservadoras, alineado con la “guerra cultural” que Milei libra contra todo lo que suene a progresismo. Cuando fue al Senado para defender su candidatura, le pidieron que opinase sobre el decreto de Macri de 2016. “Yo no hubiera aceptado una nominación en comisión porque más allá de que la Constitución lo prevé, evidentemente hay un gran sector de la población que, con buenas razones, resiste ese tipo de decisiones que son privativas del Presidente”, dijo. La mayoría peronista en el Senado no quiso saber nada con García Mansilla, pero, en cambio, puso precio en su momento a la candidatura de Lijo. Hoy están vacantes cientos de cargos de jueces en todo el país que el Gobierno ofreció como moneda de cambio, pero las cuentas no terminaron nunca de cerrar del todo. Ante el fracaso de las negociaciones, Milei decidió nombrarlos por decreto.

En diciembre pasado, cuando las negociaciones en el Senado estaban estancadas, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, adelantó la posibilidad de un decreto presidencial para poner fin a la cuestión. Y sacó a relucir el argumento de que la Corte “no puede funcionar” con solo tres jueces. “Cuando uno mira el tiempo que llevan los fallos de la Corte es lamentable que tenga 15 o 20 años para dictar sentencia. Desde el punto de vista del quorum se podrá, pero desde el punto de eficiencia procesal me cuesta creer que podamos seguir teniendo una Corte con tres miembros”, dijo Francos. La Corte respondió a la avanzada por la vía institucional y acordó un reglamento de emergencia que le permite pedir el auxilio de conjueces en caso de que no alcance la mayoría para firmar los fallos. Votó en contra Lorenzetti, que acusó a sus compañeros de “falta de moral” y de querer condicionar la elección de Lijo, su apadrinado, y García Mansilla. Convertido en el ariete de Milei dentro de la Corte, Lorenzetti nunca perdonó que en 2018 el resto de los supremos le arrebatasen la presidencia de la Corte después de diez años.

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