La Corte Suprema de Argentina, un poder en ebullición

Argentina tiene un problema con su Corte Suprema. El máximo tribunal del país y cabeza de uno de los tres poderes del Estado, junto al Ejecutivo y el Legislativo, está preso de las disputas fratricidas de sus integrantes, la sucesión conflictiva de su presidencia y una renuncia imprevista que la dejó con solo cuatro de sus cinco integrantes. La Corte arrastra décadas de descrédito. De la “mayoría automática” de los años noventa, cuando los fallos se redactaban a gusto del Gobierno de entonces, pasó por una reforma auspiciosa durante el kirchnerismo a principios de 2000; pero el ruido político ha vuelto a lastrar su reputación.

La conformación de la Corte es un tema de extrema sensibilidad en Argentina, porque allí terminan, tarde o temprano, los casos de corrupción de altos cargos y otros funcionarios. Por eso los políticos toman nota de las divisiones internas. El 23 de septiembre pasado, el tribunal fue noticia por una apurada y desprolija sucesión en la presidencia. Ese día, el juez Horacio Rosatti reemplazó a Carlos Rosenkrantz con tres votos: el de su predecesor, el de otro juez - Juan Carlos Maqueda-, y el suyo propio. Los otros dos magistrados que integran el tribunal, Ricardo Lorenzetti y Elena Higthon de Nolasco, marcaron su desacuerdo ausentándose de la votación. No se había resuelto aún la crisis de sucesión cuando Higthon de Nolasco renunció sin previo aviso y dejó a la Corte con cuatro integrantes. El caso de la única mujer del tribunal era particular: había sobrepasado los 75 años que la Constitución pone como límite a los supremos y se mantenía en su puesto gracias a un permiso especial.

Cuando Highton de Nolasco hizo las maletas, el diario Clarín, el de mayor tirada de Argentina, tituló en portada que el Gobierno había perdido “su único voto en la Corte”. El presidente, Alberto Fernández, preguntó entonces con ironía de quienes eran “los cuatro votos restantes” en una institución que, se supone, debe ser independiente de la política. Lorenzetti, aliado de Highton de Nolasco y presidente de la Corte entre 2007 y 2018, dio una serie de entrevistas donde no ocultaba la magnitud de la crisis: denunció que el Tribunal era presa “de trascendidos” internos. Es decir, que si lo normal es que los jueces “hablen por sus fallos”, las filtraciones desde dentro del propio tribunal era “un problema que genera confusión” en la sociedad. Lorenzetti no habla solo por hablar: hace dos semanas intentó recuperar la presidencia que, según su lectura, le fue arrebata hace tres años por el Gobierno de Mauricio Macri. Cuando fue evidente que no podría bloquear a Rosatti, simplemente no votó.

“La Corte está fracturada”, advierte el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, “y eso puede afectar a su funcionamiento o volverlo más complejo”. “Esta Corte es muy maleable”, suma un juez federal que prefiere no dar su nombre, “lo ha venido siendo hasta ahora. Rosenkrantz es claramente opositor [al kirchnerismo], los demás no”. Marcelo Galle, presidente de la Asociación de Magistrados, prefiere hablar de “diferencias” más que de “fractura”. “En un cuerpo colegiado hay diversidad de opiniones y sus integrantes tienen posturas y las defienden”, dice.

La historia de la Corte argentina desde el regreso a la democracia en 1983 es de una tensión permanente entre independencia y sometimiento al poder político. El presidente Carlos Menem amplió en los años noventa el número de jueces de cinco a nueve y formó lo que, en sorna, se llamó “la mayoría automática” de cinco contra cuatro. En 2002, con el país inmerso en la más grave crisis económica de su historia, el Congreso avanzó con un proceso de juicio político contra seis de los nueve integrantes de aquel tribunal rendido a Menem. Un año después, el presidente Néstor Kirchner estableció por ley un sistema de elección de jueces más participativo y transparente. En 2006, el número se redujo por ley otra vez a cinco supremos. Sin embargo, los vicios volvieron y las tensiones entre jueces y poder político están otra vez a flor de piel.

A las peleas internas y las ambiciones dentro del Tribunal, se suma ahora la necesidad de elegir un sucesor para Highton de Nolasco. El Gobierno está a un mes y medio de unas cruciales elecciones Legislativas donde puede perder el control del Senado. La inminencia de una derrota ha tensado la cuerda en la coalición peronista gobernante. No es momento para acuerdos. “Dentro de la discrecionalidad que corresponde al Presidente, todos inferimos que pareciera que va a ser una mujer”, dice Galle desde la Asociación de Magistrados. Hay consenso, no obstante, de que el nuevo nombre demorará en aparecer. Gil Domínguez dice que “con la fractura política que hay es difícil pensar en un reemplazo a corto plazo”. “O encuentran un candidato de mucho consenso o quizás está la opción de ampliar la Corte”, argumenta.

La ampliación del número de supremos es combustible de largas disputas. Argentina ya tuvo una Corte de nueve, otra de siete y la actual de cinco. “La de siete miembros funcionó muy bien, con cinco también. El menemismo la amplió a nueve y no tenemos un buen recuerdo porque fue la Corte de la mayoría automática, fue un escándalo”, recuerda el constitucionalista Jorge Vanosi. “Es la Corte más chica de América Latina junto con la de Uruguay. Hay factores relacionados con la pluralidad ideológica, la diversidad de género, que la ampliación permitiría solucionar”, opina Gil Domínguez.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner defiende la idea de ampliar el número de integrantes de la Corte, a la que considera enemiga del Gobierno. En una carta que publicó días después de la derrota oficialista en las elecciones primarias de septiembre pasado, acusó a los jueces del tribunal de “condicionar o extorsionar” al Ejecutivo para complicar la gestión económica y de dirigir una persecución judicial contra dirigentes del oficialismo. La Corte tiene en estos momentos en agenda el análisis de 17 apelaciones presentadas por Fernández de Kirchner en tres causas por presunta corrupción. Los cambios en la Corte, con todo, están condicionados por el Congreso, donde el Gobierno no tiene los votos necesarios para avanzar. Los cambios que ansía la vicepresidenta tendrán que esperar.

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