Kirchner logra que dimita el presidente del Supremo en su plan para renovar Argentina

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Julio Nazareno, imputado de 22 cargos en ocho expedientes que recogen denuncias por "mal desempeño de la función pública" y sobre el que la Comisión de Juicio Político de la Cámara de los Diputados iba a emitir en diez días un dictamen de acusación para que el Senado sentenciara su caso antes de un mes, se anticipó a la destitución y renunció ayer a su cargo. El abandono de Nazareno se enmarca en la voluntad del nuevo presidente de Argentina, Néstor Kirchner, de limpiar los grandes poderes del país.

En un mes y dos días de gestión, Kirchner pasó a retiro a los altos mandos de las Fuerzas Armadas, a los máximos jefes de la Policía Federal, desplazó a los representantes sindicales de la poderosa obra social de los jubilados, considerada un "nido de corrupción", y logró descabezar el máximo tribunal del país.

El jefe del Estado, que llegó al poder con sólo el 22% de los votos ante la renuncia del candidato a disputar la segunda vuelta electoral, el ex presidente Carlos Menem, cuenta hoy con un porcentaje de popularidad que oscila entre el 60% y el 70% de acuerdo con las decisiones tomadas, según los sondeos de opinión de las consultoras más importantes.

En el texto de descargo ante la Comisión de Juicio Político, redactado por su defensor, el abogado constitucionalista Gregorio Badén, el presidente del Supremo comparó al Ejecutivo con un "régimen fascista, marxista" y dijo que los diputados desconocieron "los principios más elementales constitutivos del debido proceso legal apartándose, inclusive, de la doctrina impuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos".

Nazareno, un abogado conocido como El Farmacéutico porque participa en la propiedad de una farmacia en la provincia de La Rioja, donde vivía y compartía despacho con los hermanos Menem, no parecía reunir los requisitos mínimos para el cargo cuando Carlos Menem, ya elegido presidente, amplió en 1990 el número de miembros del tribunal de cinco a nueve para asegurarse "la mayoría automática", como se la llamaba en el ámbito judicial. En la primera mitad de la década de los noventa, los decretos del Ejecutivo y las decisiones del Congreso liderado por el senador Eduardo Menem pusieron en marcha la liquidación sin control y a precio de saldo del patrimonio del Estado, la concesión de los servicios públicos a empresas privadas y una apertura de la economía considerada "salvaje" por la oposición. Las denuncias de corrupción y los reclamos fueron sistemáticamente desestimados cuando los recursos llegaban al Supremo que presidía Nazareno.

El Gobierno provisional de Eduardo Duhalde, elegido por la Asamblea Legislativa para completar el mandato de Fernando de la Rúa en enero de 2002, fracasó hace un año cuando promovió un juicio político a los nueve miembros del Supremo. La Corte reaccionó de forma corporativa y amenazó con dictar sentencias contrarias a la llamada "pesificación" de la economía. Las amenazas dieron resultado y el trámite del juicio se interrumpió en abril de 2002. Al día siguiente de asumir, el pasado 25 de mayo, Kirchner instruyó a su ministro de Justicia, Gustavo Beliz, para que impulsara en la Cámara una nueva estrategia, basada en la formulación de cargos para cada uno de los jueces miembros de la mayoría automática.

Desde ese momento ya no hubo instancias de mediación ni pactos. El pasado 4 de junio, cuando el presidente del Supremo insinuó alguna advertencia pública al Ejecutivo y recordó que la Corte aún tenía pendientes la resolución de casos que podían afectar gravemente la marcha de la economía, Kirchner se dirigió al país en el que fue su primer mensaje por radio y televisión y reclamó al Congreso retomar el juicio político. La decisión estaba tomada y la caída de Nazareno era cuestión de días. Los diputados tienen previsto ahora recoger evidencias y testimonios para formular cargos contra otro de los miembros de la "mayoría automática", Eduardo Moliné O'Connor.

Hace dos semanas Kirchner cumplió también su promesa de garantizar la transparencia de la elección y la independencia del futuro tribunal y firmó un decreto por el que limita la atribución presidencial a elevar al Senado los nombres de los candidatos a miembros de la Corte. Los pasos a seguir serán los siguientes: en un plazo máximo de 30 días, el Ejecutivo debe dar a conocer, en el Boletín Oficial del Estado y en dos periódicos de circulación nacional, la lista de aspirantes acompañada con una declaración jurada de los bienes familiares y la certificación de pago de impuestos en los últimos años. Los ciudadanos y las organizaciones no gubernamentales tendrán un plazo para presentar por escrito las objeciones "fundadas" sobre los candidatos.