Cuatro de los nueve jueces del Supremo de Argentina tienen redactadas sus dimisiones

Los poderosos nueve miembros de la Corte Suprema de Justicia de Argentina probablemente están hoy más solos y desamparados que los 15 millones de ciudadanos considerados pobres y más encerrados y desesperados que los más de dos millones de ahorradores a los que intentaron conquistarse el pasado viernes desmontando el corralito financiero de un plumazo. Nadie les quiere, nadie pide por ellos. Julio Nazareno, presidente del tribunal, ex socio de los Menem en el despacho que compartían en la provincia de La Rioja, y otros tres de los nueve miembros ya redactaron sus renuncias.

El Congreso, con el acuerdo de los grupos parlamentarios mayoritarios, se alineó sin fisuras detrás del Ejecutivo y admitirá a trámite esta misma semana las demandas de juicio político que considere mejor fundamentadas y más sólidas, con el propósito de suspender a los jueces en sus cargos dentro de 'quince o veinte días'.

'¿Llegan al jueves? ¿Soportarán la cacerolada que se les viene?', se preguntaba un alto cargo del Ejecutivo. La guerra de poderes en el Gobierno argentino está declarada. La presión del Ejecutivo sobre la Corte puede volverse insostenible para los jueces si el peronismo moviliza a sus militantes para contribuir a la manifestación de repudio que la asociación de abogados laboralistas convoca cada jueves, y que la pasada semana contó con la adhesión de las asambleas de vecinos de Buenos Aires. Eran 500 personas la primera tarde, más de 1.000 la siguiente, 5.000 la pasada semana y ¿cuántos el próximo jueves? El acto es siempre pacífico, pero cada vez más estruendoso y prolongado, porque al caer la noche los manifestantes marchan desde el Palacio de los Tribunales hasta los edificios donde viven el presidente de la Corte, Julio Nazareno, y uno de los jueces, Antonio Boggiano, miembro del Opus Dei.

En el acto de repudio, reclamando la renuncia, conviven la organización Hijos en nombre de sus padres desaparecidos, las Madres de Plaza de Mayo, militantes de izquierda y una mayoría de espontáneos a los que la bronca les detonó finalmente el pasado noviembre, cuando la Corte sacó de prisión y cerró el proceso contra el ex presidente Carlos Menem y contra su ex cuñado Emir Yoma. Cada sector o grupo de ciudadanos tiene su propia lista de reclamaciones por los fallos del Supremo en los últimos 12 años, los 10 que corresponden al mandato del peronista Menem y los dos siguientes a cargo del radical Fernando de la Rúa, que había prometido promover los juicios políticos y acabó beneficiándose a su vez de la 'mayoría automática' montada por Menem.

Se acusa a los jueces del Supremo de todo tipo de delitos. De encubrir y proteger a los militares sospechosos de asesinatos, secuestros y torturas durante la dictadura militar, de aprobar privatizaciones irregulares de las empresas del Estado, de legalizar atropellos a los derechos constitucionales como las confiscaciones de depósitos con el llamado Plan Bonex en 1990 o las rebajas de salarios y jubilaciones en 2001, y de impedir, trabar y desviar la investigación del atentado terrorista que en 1992 destruyó la sede de la Embajada de Israel y causó más de 20 muertos.

De las 28 demandas contra la Corte, algunas de ellas demoradas en el Congreso desde comienzos de la década de los noventa, 10 fueron presentadas por los propios legisladores y 17 por abogados que representan intereses de ciudadanos, organizaciones o empresas. La restante es de uno de los miembros del tribunal, el juez Enrique Petracchi, que solicitó su propio juicio político cuando fue involucrado por una investigación parlamentaria en un supuesto delito vinculado al lavado de dinero. Petracchi es considerado uno de los 'históricos' porque integraba la Corte antes de que Menem aumentara el número de miembros, primero de tres a cinco, luego a seis y finalmente a nueve.