¿A qué esperamos?

Las incertidumbres acerca de la posible fecha para el debate de investidura de Pedro Sánchez parecen haberse resuelto a favor de un nuevo retraso. De celebrarse a principios del próximo año, el actual Gobierno comenzará su noveno mes en funciones. La voluntad de discreción en la conducción de las negociaciones que pongan fin a esta parálisis inducida por la actitud de los partidos se está adentrando, sin embargo, en el terreno de la opacidad. Una cosa es no adelantar el contenido de acuerdos a punto de concluirse y otra diferente mantener a los ciudadanos en una deliberada ignorancia acerca de las materias sobre las que se negocia. Sobre todo, si, como ha trascendido, Esquerra Republicana de Cataluña se propone abordar los eventuales acuerdos de investidura como vía para hacer avanzar la salida que defiende a la crisis provocada por el independentismo en Cataluña.

No sólo sus exigencias de fondo no parecen haber sufrido variación en el curso de las conversaciones mantenidas con el Partido Socialista, sino que tampoco lo ha hecho su retórica. A este respecto, las reacciones de ERC al discurso navideño del jefe del Estado son más propias de un partido que sigue instalado en la lógica de la confrontación que en la de buscar la salida a un laberinto que es, sobre todo, el suyo. Y lo es porque ninguno de sus portavoces ha explicado hasta el momento cómo se puede defender la que sería hoy su estrategia oficial, consistente en ampliar la base del independentismo hasta lograr una mayoría que no tienen, sin reconocer simultáneamente que la declaración unilateral de independencia fue, por tanto, una intolerable imposición autoritaria. El papel político de ERC en ella fue decisivo, al exigírsela al entonces presidente de la Generalitat con el mismo lenguaje que emplea en estos momentos.

El motivo por el que la investidura podría retrasarse hasta los primeros días de enero es que, pese a los puntos que estarían ya cerrados, ERC vincula su abstención al pronunciamiento de la Abogacía del Estado sobre la situación penal de su líder, Oriol Junqueras, tras el fallo del Tribunal de Luxemburgo. La escasa relevancia procesal del pronunciamiento de la Abogacía sobre la decisión que adopte el Tribunal Supremo revela que el objetivo de esta condición sólo pueda ser otro: comerciar políticamente con la prisión de Junqueras. ERC no parece consciente de la repulsa que provoca la aplicación de esta ética de oportunidad a sus propios líderes y militantes, pero menos aún de los efectos que proyecta hacia el exterior. Para que la política tenga el espacio que no cesa de reclamar llenándose la boca de una democracia que no practica, negociar con firmeza no puede confundirse, ni en el fondo ni en la forma, con buscar la claudicación del interlocutor.

El Partido Socialista ha preferido callar ante las salidas de tono de ERC, redobladas durante los últimos días. Pero más allá de la dudosa eficacia que pueda tener este silencio como estrategia política para lograr un acuerdo, lo cierto es que la cautelosa reserva del Partido Socialista ante la provocadora locuacidad de ERC está haciendo ininteligible este punto muerto. En realidad, ¿a qué estamos esperando?