El gobierno de Ayuso calcula en siete millones la factura que le reclama al Estado por sufragar su parte de la bonificación al transporte público

La Comunidad de Madrid solicitará al Gobierno central siete millones de euros como compensación por los días en los que ha sufragado el 30% de la bonificación estatal al transporte público, que el gobierno central dejó de pagar la semana pasada, cuando perdió en el Congreso la votación para renovar la medida, incluida en un decreto ómnibus. Tras aprobar este martes el consejo de ministros un nuevo decreto que incluye esa inversión (que en el caso de la región madrileña fue de 220 millones en 2024), y que el ejecutivo de Pedro Sánchez espera sacar adelante con el apoyo de Junts, el equipo de Isabel Díaz Ayuso extenderá esta factura aprovechando que se ha abierto la posibilidad de hacer la petición de compensación.

“Estamos empeñados en pedir lo que es nuestro”, ha dicho este jueves el portavoz gubernamental, Miguel Ángel García Martín. “Yo espero que sea automático porque el Real Decreto establece esa medida transitoria que permite que se nos pueda hacer frente a esos pagos”, ha seguido. “Pero si no se lo hace de manera automática, lo pediremos”, ha subrayado. “Esas ayudas se han dado a todos los madrileños durante todos los días en los que el ministro de Fomento y el Gobierno central han abandonado a los españoles utilizando como escudos de su incompetencia a los pensionistas y a los usuarios del transporte”.

Esto es lo que recoge el nuevo decreto diseñado por el gobierno para sustituir al anterior: “Mediante Orden Ministerial se establecerán los requisitos y plazos que deban cumplir los solicitantes de la ayuda, así como las condiciones del sistema de compensación o devolución que los beneficiarios deberán establecer por los días en que la medida no hubiera sido efectiva en el caso de que los descuentos a los que hace referencia este apartado se hubieran implantado más tarde del 1 de enero o se hubiera producido la interrupción de su aplicación después del 22 de enero y hasta la entrada en vigor de este real decreto-ley”.

Tras la derrota del gobierno la pasada semana en el Congreso, el ejecutivo madrileño se comprometió a asumir “de momento” la parte estatal de la bonificación a los títulos de transportes públicos. Sin embargo, los portavoces autonómicos insistieron una y otra vez en que esa decisión sería temporal, y difícilmente mantenible en el largo plazo.

La razón es de carácter presupuestario. El boquete en los planes de la presidenta regional —propiciado por el voto del PP, su partido, contra un decreto que mezclaba múltiples medidas en una sola votación, algunas aceptables y otras no para los conservadores—, no tiene comparación con ninguna otra región. De los 220 millones que recibía Madrid se pasaba a los 93,9 de Cataluña, los 40,4 de Andalucía o los 22,6 de la Comunidad Valenciana, según datos publicados en su cuenta de X (antiguo Twitter) por el ministro Óscar Puente.

La situación, en todo caso, se redirigió este martes, tras pactar el PSOE con Junts ajustes para sacar adelante el nuevo decreto aprobado por el Consejo de Ministros. Y ahora el gobierno de Ayuso espera obtener la compensación de los gastos en los que ha incurrido en el entretanto.

Las ayudas al transporte público las impulsó el Gobierno central en septiembre de 2022. En aquel momento, el Ejecutivo de Pedro Sánchez, anunció la subvención del 30% del precio, y animó a los gobiernos autonómicos que así lo desearan a complementar esa rebaja financiando otro 20%, para así reducir la factura que pagaba el ciudadano a la mitad.

El objetivo era ayudar a la población en medio de la crisis inflaccionaria derivada de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Cuando llegó el momento de decidir si se mantenía este programa o no en 2023, el Ejecutivo central añadió un condicionante: la subvención estatal del 30% solo se mantendría en aquellas regiones y municipios donde los gobiernos complementaran el 20% que antes era optativo.

En consecuencia, Ayuso empleó el último Consejo de Gobierno de 2022 para anunciar que Madrid se sumaría al proyecto, aportando la financiación de su 20% en enero de 2023. Y luego aumentó la apuesta: desde febrero de ese año, su contribución ha llegado hasta el 30%, por lo que el descuento en la región se ha disparado hasta el 60% (con la excepción del bono de 10 de viajes, donde el recorte se ha mantenido en el 50%). Una política cuyo impacto el Gobierno regional calculó en 30 millones mensuales. Ahora, Madrid espera recuperar el coste de haber pagado la parte estatal de la ayuda entre el jueves pasado y la aprobación del nuevo decreto.