El juez procesa a una empresa pública de armas por sobornar a cargos saudíes

La Audiencia Nacional da el primer paso para sentar en el banquillo a la cúpula de la empresa pública Defex por corrupción en la venta de material militar a Arabia Saudí. El auto del juez José de la Mata apunta a que altos cargos del Gobierno de Riad, funcionarios diplomáticos y personas cercanas a la familia real saudí fueron receptores de comisiones ilegales. El escrito detalla el complejo entramado de intermediarios y comisionistas creado para amañar 11 contratos valorados en 48 millones de euros. Los altos cargos saudíes contaban con empresas pantalla para ocultar el cobro de los sobornos.

Defex, empresa participada al 51% por el conglomerado público SEPI, está siendo investigada desde 2014 por la Audiencia Nacional por el amaño de contratos en Angola, Camerún, Egipto, Brasil y Arabia Saudí para vender armas y material de defensa. En la pieza separada sobre los negocios con Riad es en la que ahora el magistrado propone juzgar a la empresa pública como persona jurídica; a su expresidente José Ignacio Encinas; a varios directivos e intermediarios, y a otras tres sociedades por cometer supuestamente varios delitos con 11 contratos suscritos entre 2005 y 2014.

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En total, el importe de estos contratos supera los 48 millones de euros, tal y como adelantó EL PAÍS. Ocho de los contratos fueron para suministrar munición a Arabia Saudí y otros tres, repuestos para carros blindados de su Ejército. De la Mata considera en su auto que existen indicios “sólidos y consistentes” de que Defex consiguió estas adjudicaciones públicas con Riad mediante el pago de comisiones a altos cargos y funcionarios saudíes.

El juez recoge en su auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado la identidad de algunos de estos, después de que la investigación de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lograra identificar a los propietarios de las empresas que, ocultas bajo iniciales, aparecían en la documentación intervenida como receptoras de los sobornos. El magistrado destaca también los vínculos de estos con diferentes ámbitos de poder en Riad.

Entre esas empresas saudíes cita a Labah Contracting, cuya propiedad adjudica al príncipe Ben Saad Al Saoud. Sobre él, De la Mata destaca que es cónyuge de la hermana de una persona “muy cercana” al príncipe Khaled ben Banda, comandante en jefe del Cuerpo del Vehículos Blindados del Ejército saudí y hermano del príncipe Bandar, jefe de la seguridad nacional. También menciona que Al Saoud es sobrino del propio rey Abdullah y suegro del príncipe Faisal ben Turki Ben Nassar, jefe de la inteligencia saudí, “entre otras relaciones filiales que esta persona mantendría con la Casa Real Saudí”. También recalca sus vínculos con “otros personajes influyentes”, como Mohamed al Hadaithy, responsable de la compra de munición.

El auto del magistrado cita además al antiguo jefe de la Guardia Nacional Sheikh Kahlifa al Saif, dueño de la empresa Armak Trading, del que asegura que tiene “magníficas conexiones”, además de una gran amistad con el general Abdulaziz al Zeer, director del Departamento de Armas y Explosivos del Ministerio del Interior saudí. El magistrado concluye que las empresas de ambos, entre otras, eran en realidad “sociedades pantalla para ocultar los cobros y desvíos de comisiones, simulando la prestación de servicios que, por supuesto, eran inexistentes”.

El juez cita un informe de la UCO sobre una de las adjudicaciones amañadas en el que se identifica a militares saudíes de alta graduación como los “últimos beneficiarios económicos” de otras empresas que se repartieron una comisión de cerca de 1,2 millones de euros por uno de los contratos fraudulentos. Así, nombra a los generales Abdullah al Anizi y Tarik Saak Sarham, este último responsable del departamento de Contratos y Acuerdos del Ministerio de Defensa. También menciona a Abdurrahman Alhudaithy, hermano de otro general saudí; a Hussein Algamdi, al que relaciona con el departamento de armas y munición del Ministerio de Defensa, y a Hussam al Saqqa, del que los investigadores no han podido concretar qué cargo ocupa en la Administración.

Tampoco han podido identificar a un comisionista que en la documentación intervenida figura como “K+D”. El informe detalla que las empresas de todos ellos recibieron entre marzo de 2012 y septiembre de 2015 más de tres millones de euros desde cuentas de las empresas de la trama. El juez destaca la existencia de supuestos pagos al agregado de Defensa en la Embajada de Arabia Saudí en España entre 2005 y 2014, el general Abdullah Alshamuary.

Los directivos de Defex responsables de estas prácticas corruptas fueron el expresidente Encinas, y los encargados de estos contratos, Manuel Iglesias Sarria y Ángel Larumbe, procesados también en otras dos piezas separadas del caso Defex, las que afectan a las operaciones en Angola y Camerún. Estos dos últimos “mantenían el control de las operaciones y suscribieron prácticamente todos los contratos”, según el auto. De Encinas dice que “no perdió la oportunidad de alcanzar un acuerdo personal con Cervera Pérez [uno de los intermediarios] y rapiñar para sí mismo parte de esos fondos, ocultándolos en su sociedad instrumental y opaca Tabarka Corporation”.