Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

La Audiencia Nacional investiga 23 años de sobornos en la venta de armas a Arabia Saudí

La policía sigue el rastro de contratos irregulares de la empresa pública Defex por valor de más de 70 millones de euros

Acto de protesta llevado a cabo por miembros de la ONG Intermón-Oxfam en Bilbao, en protesta por el comercio incontrolado de armas. En vídeo, continúa la búsqueda del cadáver de Khashoggi mientras que Estados Unidos anuncia represalias. ATLAS

La Audiencia Nacional investiga 23 años de venta de armas a Arabia Saudí durante los que directivos de una empresa pública española de armamento pagaron sobornos millonarios para conseguir contratos con el país árabe. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata, tiene bajo su lupa cinco operaciones realizadas entre los años 1992 y 2004 por la compañía Defex con las autoridades de Riad y otros 11 contratos firmados en el periodo 2005-2014, según revelan documentos judiciales españoles y suizos a los que ha tenido acceso EL PAÍS. La Audiencia sigue el rastro de contratos irregulares por valor de más de 70 millones de euros en diferentes operaciones a lo largo de estos años.

Defex, participada en un 51% por el Estado (a través de la Sociedad Española de Participaciones Industriales, SEPI) y el 49% restante por compañías privadas dedicadas a la venta de armas, está siendo investigada desde 2014. Ese año se destapó una operación de venta de material policial a Angola con un sobrecoste millonario que supuestamente acabó repartido en comisiones entre los funcionarios del país africano y los directivos españoles. El escándalo acabó con Defex, que actualmente está en liquidación. Sus tres máximos responsables —el presidente, el vicepresidente y el director de operaciones— están imputados por mantener durante más de dos décadas un “patrón criminal sistemático de conducta”, según lo describe De la Mata en uno de sus autos.

La investigación ha determinado hasta ahora que Defex consiguió 11 contratos de venta de armas o material policial y de defensa a Arabia Saudí entre 2005 y 2014 gracias al pago de comisiones ilegales. El hecho de ser una empresa pública permitía a Defex obtener las autorizaciones necesarias para exportar armas y munición. Después, gracias a la creación de una “compleja constelación” de sociedades —en definición de las autoridades suizas a las que la Audiencia Nacional pidió información mediante una comisión rogatoria— se pagaban comisiones ilegales sin contraprestación comercial aparente a personas bien conectadas con las autoridades saudíes y también a los propios directivos de Defex.

La comisión rogatoria solicitada a Suiza se centra en un contrato de material militar que se suscribió con un representante del país árabe por un total de 19.050.000 euros, mientras que el valor de la munición efectivamente suministrada era de 14.550.000. Otra de las irregularidades detectadas es el pago de 7,6 millones de euros a una empresa saudí sin que conste prueba alguna de la realización de los trabajos que recogía el contrato.

La investigación, que en España ha llevado a cabo la UCO de la Guardia Civil, también tiene localizadas cinco operaciones comerciales en Arabia Saudí similares a las anteriores, en las que Defex realizó pagos por importe total de 60,7 millones de euros en más de una década (entre 1992 y 2004) a una empresa llamada Peninsula Inc Ltd, domiciliada en Islas Caimán. Unos pagos que se documentan “en distintas facturas sin detalle y sin contrato”, según precisa el magistrado en uno de sus autos.

Sociedades instrumentales

Peninsula y al menos otras cuatro empresas son consideradas por los investigadores como sociedades instrumentales que solo tenían como objeto desviar fondos a personas influyentes en la concesión de contratos y a los directivos de Defex, así como ocultar las ganancias procedentes de las comisiones ilegales. El juez considera que el antiguo director de operaciones de Defex. Ángel María Larumbe Burgui, que usaba el nombre clave de Kogan, y el expresidente, José Ignacio Encinas Charro, conocido como Oscar, usaron ese “patrón criminal sistemático” desde 1998. Ambos contactaron con varias personas, entre ellas el presunto testaferro Vicente Ferro, para que les administrase los fondos ocultos en el extranjero. Siguieron, según el juez, una “estrategia cuidadosamente planificada” y continuada a lo largo del tiempo.

Empresa disuelta pero aún activa

Disolución. El Consejo de Administración de SEPI acordó en abril de 2017 solicitar al Consejo de Ministros autorización para la disolución voluntaria de Defex. Ya no podía operar “como consecuencia del daño reputacional sufrido”y por “las medidas cautelares impuestas en la investigación judicial”.

Autorización. El Consejo de Ministros autorizó en septiembre de 2017 la disolución y designó al liquidador, otra empresa pública controlada por la SEPI: Cofivacasa.

Contratos pendientes. La empresa siguió funcionando tras su disolución porque tenía compromisos firmados. En 2017 cobró 805.000 euros por la finalización de contratos con Latinoamérica, según recogen las cuentas anuales de SEPI, que, a preguntas de EL PAÍS, evitó aclarar la situación actual de Defex.

En las investigaciones, que con el tiempo se han ido desgajando en varias piezas separadas, destaca también el papel de Beatriz García Paesa, sobrina del espía español Francisco Paesa, que fue supuestamente quien diseñó desde su despacho de abogados en Luxemburgo una sofisticada estructura financiera que permitía el funcionamiento de la trama de desvío y blanqueo de dinero.

En julio pasado, De la Mata decidió procesar a Defex por la supuesta venta irregular de armas a Angola, la pieza principal de la investigación y la que estaba más avanzada. El juez sentará en el banquillo a la empresa pública, otras dos sociedades y 27 imputados, entre ellos los tres directivos de Defex y García Paesa. Pero hay al menos otras dos piezas separadas, entre ellas la de Arabia Saudí, que siguen secretas y de las que continúa llegando información a la Audiencia Nacional. Entre la más relevante está la comisión rogatoria solicitada a Suiza en junio de 2017, que pide información sobre las cuentas bancarias a nombre de las sociedades usadas para ocultar el botín de los exdirectivos de la empresa pública.

Se adhiere a los criterios de The Trust Project Más información >