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CORRUPCIÓN

Defex, la empresa semipública de armas hundida a golpe de comisiones

La compañía pide al juez ser acusación particular contra tres exdirectivos por el “cuantioso quebranto económico” que la ha llevado a la liquidación

Beatriz García Paesa, sobrina del espía Francisco Paesa, implicada en el caso Defex.
Beatriz García Paesa, sobrina del espía Francisco Paesa, implicada en el caso Defex.

Defex, la empresa semipública de armamento que está siendo investigada por corrupción en la Audiencia Nacional, ha decidido dar un paso adelante y pedirle al juez que la considere perjudicada y la deje ejercer la acusación particular. Quiere acusar a los que fueron sus tres máximos directivos de haber montado un “complejo puzle delictivo” a espaldas del consejo de Administración para desviar “elevadas sumas de dinero”. El escándalo de pago de mordidas en países africanos y blanqueo de dinero en paraísos fiscales ha acabado con la compañía, que está en liquidación.

El principio del fin de Defex, participada en un 51% por el Estado (SEPI) y el 49% restante por compañías privadas dedicadas a la venta de armas, llegó tras salir a la luz una operación dudosa en Angola con un sobrecoste millonario repartido supuestamente en comisiones entre los funcionarios angoleños y los directivos españoles. Se están investigando más operaciones sospechosas en Camerún, Arabia Saudí, Egipto y Brasil, la participación de un misterioso comisionista llamado Guilherme Taveira, y a Beatriz García Paesa, sobrina del espía español Francisco Paesa, que según las pesquisas diseñó desde su despacho de abogados luxemburgués la trama de desvío y blanqueo mediante una sofisticada estructura financiera.

De un contrato de 150 millones con Angola se desviaron 100 en mordidas

El escándalo estalló en 2014 con la detención de diez personas (entre ellas los directivos de Defex y García Paesa) y ha acabado con el negocio internacional de la compañía. No solo por los millones desaparecidos de su patrimonio; también por el precio que ha pagado su reputación, según lamenta la compañía en un escrito presentado hace unos días al juez José de la Mata, al que ha tenido acceso EL PAÍS. La empresa, tras constatar los “nuevos y sólidos indicios delictivos” que han aportado los últimos informes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, acusa a sus exdirectivos de dos delitos: administración desleal y apropiación indebida.

El escrito y los informes de la UCO y la UDEF aportados a la causa permiten reconstruir cómo funcionaba la trama. El caso partió de una alerta de Luxemburgo, que avisó a la Fiscalía Anticorrupción española de una transferencia sospechosa. Esta puso en marcha la operación Angora con la Guardia Civil en 2012. Según las pesquisas, del contrato de venta de material policial a Angola, valorado en 152,9 millones y suscrito en 2008, solo una tercera parte se empleó para comprar el material y formar a la policía angoleña. El resto, unos 100 millones, se desvió en pago de sobornos y comisiones. La UCO llegó a afirmar en un informe que “Defex actúa como una organización criminal”.

Defex, la empresa semipública de armas hundida a golpe de comisiones

La instrucción ha ido descubriendo una compleja estructura offshore que permitía que el dinero viajara por todo el mundo hasta llegar presuntamente a manos de los funcionarios públicos angoleños y de los exdirectivos de Defex. Mediante comisiones rogatorias a varios países y registros en despachos de Luxemburgo y Ginebra, los agentes han encontrado empresas que facturaban trabajos ficticios a Defex, otras intermediarias opacas que canalizaban los fondos y compañías sin actividad creadas en paraísos fiscales con las que se cerraba el círculo.

Nombres en clave

Los exdirectivos de Defex usaban seudónimos para relacionarse con sus socios en las empresas offshore, según detallan los informes policiales aportados a la causa. El presidente, José Ignacio Encinas, que estuvo al frente de Defex más de 20 años, hasta 2012, usaba el nombre en clave Oscar, según la UCO, que también le atribuye relación con el presunto testaferro, clave en la presunta trama delictiva, Vicente Ferro. Los agentes encontraron múltiples emails enviados desde el correo corporativo en los que daba órdenes de transferencias personales a través de sociedades gestionadas por Ferro.

"Instrumento para la corrupción"

“Instrumento para la corrupción”. Así definió el secretario de Estado de Defensa, Agustín Conde, a Defex hace unos meses en el Senado, cuando compareció para explicar la decisión de disolver y liquidar la empresa. Defex, creada en 1972, ya no podía cumplir con su objeto social, aseguró. Las prácticas corruptas descubiertas por la investigación judicial han arruinado su imagen en el extranjero.

Pese a que el escándalo saltó en 2014, la empresa siguió funcionando hasta hace unos meses. De hecho, todavía tiene proyectos en curso: contratos con el Ministerio de Defensa de Camerún (72,4 millones de euros), con el de Antigüedades de Egipto (30 millones) y con los departamentos de Defensa de Kenia, Irak, Malasia y Singapur, que suman centenares de millones de euros.

El director de Operaciones, Ángel María Larumbe, coronel en la reserva, usaba el seudónimo Kogan, también según informes de la UCO. Kogan International Limited es el nombre de una de las sociedades que los investigadores atribuyen a Larumbe, constituida en 1995 en las Islas Vírgenes Británicas y disuelta en julio de 2015. La Guardia Civil cree que, a través de un complejo entramado financiero “ideado por Beatriz García Paesa”, cobró al menos 323.200 euros de comisiones ilegales usando ese nombre falso y moviendo el dinero de España a Luxemburgo, de allí a Hong Kong y finalmente hasta Suiza.

Ferro es un personaje clave en la trama, según los investigadores. Como administrador y presidente de la sociedad de inversiones financieras Beaulac, con domicilio en Ginebra (Suiza), daba instrucciones para la devolución de fondos a Larumbe a través de otra compañía, Cofinor, también radicada en Ginebra, que ejercía de intermediaria, y que la investigación pudo analizar gracias a una comisión rogatoria a Suiza.

Otro de los investigados en la causa que ha confirmado las sospechas de los investigadores es Walter Stresemann. Él gestionaba dos empresas, Emerald y Tropic, que tenían como objetivo justificar la transferencia de fondos de Defex a cuentas de sociedades vinculadas con el entramado societario de Larumbe y Encinas. Defex las contrataba supuestamente para que prestaran servicios, pero la investigación ha demostrado que esos trabajos no existían. Stresemann declaró ante el juez en octubre pasado que los servicios “nunca se prestaron y de hecho no era esa la intención”. La intención, según afirmó, era únicamente que los directivos se llevaran el dinero.

Los investigados crearon una red de empresas solo para recibir comisiones

Las pesquisas han identificado otra empresa, Newell, relacionada con Manuel Iglesias Sarria, que era vicepresidente de la compañía. Defex aportó a la causa hace unos meses un informe encargado a una consultora que refrenda las conclusiones policiales sobre la operación en Angola y señala que tanto Newell como Tropic fueron constituidas "única y exclusivamente con el objetivo de desviar fondos" de aquel contrato.

¿Comisiones del 0,5%?

Ferro no solo reconoció los pagos a empresas del entramado de los exdirectivos, sino que también relató al juez en mayo pasado que estos aseguraban cobrar de Defex un porcentaje del 0,5% del contrato por su intermediación, lo que llamó “comisión de participación”. El juez reclamó en febrero a Defex que explicara la forma de cobro y el monto total de lo percibido por esa vía.

El dinero iba a Luxemburgo, de allí a Hong Kong y finalmente a Suiza

Defex asegura que jamás existió tal comisión. “No habría sido autorizada” por la empresa, señalan en la respuesta a De la Mata, ya que “dentro de las remuneraciones de los directivos de la compañía pública no se contemplaban este tipo de emolumentos, ni fue declarada nunca como tal”. Defex añade: “La opacidad, el uso de personas físicas y jurídicas interpuestas, la utilización de cuentas en paraísos fiscales, los supuestos motivos dados para la apertura de las cuentas, así como la entrega de contratos simulados, no hacen sino demostrar el ánimo defraudatorio de los investigados”.

Defex está investigada (la antigua figura del imputado) en la causa como persona jurídica. Si el juez le permite ejercer la acusación particular, como esta pretende, jugaría a la vez los dos papeles, algo que la ley permite excepcionalmente. La compañía insiste en que tiene que defender sus intereses. “Tanto el patrimonio como la intachable imagen y reputación que ha ostentado desde su constitución en 1972 han sufrido los perniciosos efectos de la acción delictiva” de sus exdirectivos, concluye la empresa en el escrito al juez. Defex se encuentra investigada por el delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, delito contra la Hacienda pública y delito de blanqueo de capitales.

Un portavoz de SEPI aseguró, a preguntas de EL PAÍS, que aún es pronto para cuantificar el dinero presuntamente desviado por sus tres exdirectivos. "Tenemos que esperar al escrito de calificación del fiscal", añadió, y subrayó que la empresa pública está ofreciendo la “máxima colaboración” a la justicia para que esta "llegue hasta el final".

investigacion@elpais.es