El juez procesa a la empresa semipública Defex por la venta irregular de armas a Angola

José de la Mata, magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, ha decidido procesar a la empresa semipública Defex —participada en un 51% por el Estado (SEPI) y en un 49% por compañías privadas— por la supuesta venta irregular de armas a Angola. Según detalla en un auto el juez, aprecia indicios suficientes para sentar en el banquillo a la compañía, así como a otras dos sociedades (Comercial Cueto 92 y Global Reach) y a otros 27 imputados. Entre ellos, al presidente que estuvo al frente de Defex más de 20 años, José Ignacio Encinas; y a Beatriz García Paesa, sobrina del espía español Francisco Paesa.

El instructor investigó un contrato firmado entre Defex y la Policía Nacional de Angola para el suministro de material policial por un importe superior a los 152 millones de euros. "Cuyo coste de ejecución fue de algo más de 59 millones (el 38,6%) y el beneficio obtenido de casi 94 millones (61,3%)", detalla el juez de la Audiencia Nacional, que afirma que los imputados destinaron a las empresas solo una parte del beneficio y el resto se dedicó tanto a pagar comisiones a autoridades y funcionarios públicos angoleños, como al beneficio propio de varios de ellos mediante una "estructura compleja" de empresas pantalla. Según el magistrado, se desvió un 33% del montante de la operación.

Pero esta no es la única operación que De la Mata sitúa bajo la lupa. El juez investigó otros dos contratos con las autoridades de Angola: uno de dos millones para el suministro de material policial para una visita del Papa en 2009; y otro de cerca de dos millones para la venta de inhibidores a la Unidad de Seguridad Presidencial en 2011. "Cargaban brutales sobreprecios sobre el coste real de adquisición de las mercancías, armando toda una estructura de sociedades ficticias y de facturación falsa", recalca el magistrado.

Las piezas del entramado

El instructor coloca en la cúspide de la red corrupta a los directivos Cueto Martin, Encinas Charro, Ángel María Larumbe Burgui y Manuel Iglesias Sarria. "Auténticos líderes de la organización", dice el juez. También señala a Beatriz García Paesa, a la que define como una "pieza fundamental" de la trama. Ella presuntamente diseñó la estructura de sociedades y gestionó a "todo un grupo de blanqueadores profesionales en Luxemburgo".

Además de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el auto de De la Mata desgrana la participación de las entidades bancarias Deutsche Bank, Caixabank y BNP Paribas en operaciones de transferencias dinerarias a Luxemburgo y a Angola desde diversas cuentas. Según De la Mata, no aplicaron "ningún procedimiento" para prevenir el blanqueo de capitales. Por ello, entre las 27 personas procesada, figuran empleados de las tres entidades.