El juez procesa a la empresa pública Defex por pagar 15 millones en comisiones en la venta de armas a Camerún

La investigación del caso Defex por la presunta corrupción en la venta de armas de esta empresa pública española va cerrando capítulos y enviando estas prácticas a juicio. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha procesado a la compañía como persona jurídica y a su antiguo director comercial Manuel Iglesias Sarria por el pago de comisiones y sobornos en Camerún para conseguir en este país africano contratos públicos de forma irregular. Se han detectado pagos de comisiones ilícitas por 14,6 millones de euros.

En el auto de pase a procedimiento abreviado, De la Mata también procesa a dos personas, consideradas por los investigadores intermediarios en la operativa de contratación y facturación ilícita: el presidente de la mercantil Grupo Aresa Internacional, Óscar López i Salvadó, y el director comercial de Deimos Space, Francisco Luque Ramírez. También procede contra las personas jurídicas Aresa Marine y Deimos Space.

Con este auto, De la Mata pone fin a la instrucción de esta pieza separada del denominado caso Defex, una maraña de contratos y transacciones de dinero con las que se pagaban comisiones ilegales para obtener contratos en países como Arabia Saudí, Angola, Brasil y Egipto. Según fuentes de la investigación, las autoridades españolas han solicitado formalmente información sobre cuentas bancarias y titularidades de empresas en 15 Estados, entre los que se hallan algunos considerados paraísos fiscales, para buscar el rastro del entramado financiero con el que se desviaba y blanqueaba.

El instructor ha dividido la causa en distintas piezas separadas, una por cada país en el que se han detectado prácticas irregulares de Defex. En julio pasado, De la Mata envió a juicio la parte relativa a la venta irregular de armas a Angola. Con este país se inició la investigación hace seis años, después de que Luxemburgo alertara a las autoridades españolas de operaciones sospechosas. En su auto de julio, procesó a 27 personas —entre ellas, al que fue presidente de la empresa pública, José Ignacio Encinas, y a Beatriz García Paesa, sobrina del espía español Francisco Paesa— y a cuatro sociedades. Defex, que actualmente se encuentra en liquidación, era una de ellas.

Los hechos investigados en Angola se centran en contratos sobre repuestos para vehículos, sistemas de vigilancia, material antidisturbios y armamento de patrulleras. La venta de material de defensa y seguridad era uno de los objetos de esta sociedad mercantil estatal participada en un 51% por SEPI y en un 49% por socios privados. Según De la Mata, estas operaciones serían constitutivas de los delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales (actualmente corrupción en los negocios), falsedad documental, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales.

El magistrado explica que existen "indicios sólidos y consistentes" de que las operaciones que llevó a cabo Defex en Camerún consistían en conseguir contratos públicos mediante el pago de comisiones ilícitas a autoridades y funcionarios públicos, aprovechándose de la falta de mecanismos y procedimientos de prevención de delito de la empresa pública. Para ello, pagaban también comisiones “extraordinarias y no justificadas a agentes, concretamente a Philippe Bourcier, por medio de sus varias empresas, todas ellos meros parapetos para ocular los intereses personales” de este.

El comisionista Philipe Bourcier, que se encuentra huido de la justicia, es "pieza clave" de toda la operativa en Camerún, según el magistrado, que en el auto ratifica su situación de busca y captura e ingreso en prisión. Bourcier no solo hacía tareas de intermediación para Defex, sino también para Deimos y Aresa, con lo que multiplicaba las comisiones. Además de Bourcier, hay otro personaje, pieza clave de la operativa de Defex en el exterior, prófugo de la justicia, Guilherme Taveira, que intermedió en Angola.

Empresas sin actividad

Para el juez, las cantidades cobradas por Bourcier y sus empresas (siete que hayan podido localizar los investigadores) “no obedecen a una verdadera actividad comercial, ni se justifican con una participación en la prestación de servicios empresariales de agencia y consultoría, sino que obedecen al pago de comisiones ilícitas para la consecución de contratos públicos. En parte para el propio Bourcier, por la obtención del contrato, en parte para autoridades camerunesas”.

Unas operaciones que se hacían “con pleno conocimiento de los directivos” de las mercantiles, señala el auto. La persona responsable de estas prácticas en Defex sería el directivo responsable del contrato, Manuel Iglesias Sarria, junto con los presidentes de Grupo Aresa, Óscar López i Salvadó, el director comercial de Deimos Space, Francisco Luque, y las personas jurídicas Aresa Marine, Deimos Space y Defex.

La suma de las cantidades ingresadas en las cuentas personas de Bourcier y de sus empresas, señala el auto, suman un importe de 14,6 millones de euros, de los cuales 12,2 tiene su repercusión directa en sí mismo y en su entorno, mientras que el resto del capital, 758.154 euros, se emplea en transferencias a personas físicas y jurídicas y otros movimientos de los que no se descarta que pudieran repercutir en él mismo, asegura el auto.

En relación con las autoridades camerunesas, expone el magistrado, se han identificado pagos por un total de 414.147,42 euros de acuerdo con la documentación bancaria recibida. Hay al menos siete beneficiarios, entre los que se encuentran altos funcionarios y mandos del Ejército de Camerún.