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El juez busca en 15 países sobornos de la trama que vendió armas a Riad

La investigación sobre la empresa pública Defex ha destapado un complejo entramado de cuentas bancarias en paraísos fiscales, empresas pantallas y trasiego de fondos

Manifestación ante el Congreso contra la venta de armas a Arabia Saudí.
Manifestación ante el Congreso contra la venta de armas a Arabia Saudí. AP

Los investigadores del caso Defex de presunta corrupción en la venta de armas de una empresa pública española se enfrentan a una complejo puzle delictivo que movió grandes cantidades de dinero para pagar comisiones ilegales en 15 países. Según fuentes de la investigación, las autoridades españolas han solicitado formalmente información sobre cuentas bancarias y titularidades de empresas en 15 estados, entre los que se hallan algunos considerados paraísos fiscales. Buscan el rastro del entramado financiero con el que se desviaba y blanqueaba el dinero procedente del comercio de armas con países como Arabia Saudí.

Han pasado cuatro años desde que estalló el escándalo de la empresa pública Defex de venta de armamento, y seis desde que se comenzó a investigar esta presunta trama de sobornos con epicentro en esta sociedad participada al 51% por el Estado de la que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aseguró en uno de sus primeros informes: “Defex actúa como una organización criminal”. En este tiempo la Fiscalía Anticorrupción ha pedido cooperación jurídica a países europeos como Portugal, Luxemburgo, Suiza, Francia, Italia, Reino Unido, Irlanda y Rumanía, que se ayudan mutuamente en el marco de Eurojust, la unidad de cooperación judicial europea. Pero también ha enviado comisiones rogatorias a Singapur, México, Estados Unidos, Hong Kong, Angola, Islas Caimán y Nueva Zelanda.

Muchas de esas peticiones ya han dado frutos. Países como Suiza y Luxemburgo han colaborado “muy activamente”, según fuentes de la investigación. Como resultado de los datos obtenidos el juez ha imputado ya a dos nacionales de Suiza y otros dos de Luxemburgo. En total, hay una treintena de personas imputadas. En otros casos las comisiones rogatorias se retrasan durante años porque los trámites se dilatan en el tiempo. Reino Unido e Irlanda están entre los países más lentos, mientras que otros como Hong Kong y Singapur directamente “no prestan colaboración”, según las mismas fuentes, pese a que la mayoría tienen ratificado el convenio contra la corrupción de Naciones Unidas.

La investigación es tan compleja que el fiscal Anticorrupción que la lidera, Conrado Saiz, ha solicitado la ayuda tanto de la UCO como de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Policía Nacional. Además, está colaborando en las pesquisas la Agencia Tributaria y la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). La maraña de empresas, sociedades instrumentales, testaferros y movimientos de fondos por todo el mundo es tan enrevesada que en muchos casos se han tenido que pedir ampliaciones de las comisiones rogatorias para solicitar más información a medida que van llegando nuevos datos.

El caso Defex nació precisamente de la colaboración judicial entre países. Fue Luxemburgo quien alertó a la Fiscalía Anticorrupción española de una transferencia sospechosa que permitió poner en marcha la investigación en 2012. Se descubrió que Defex había suscrito un contrato de venta de material policial con Angola y que, del valor total (152,9 millones), apenas una tercera parte se había destinado realmente a la compra del material y la formación de la policía angoleña. El resto, unos 100 millones de euros, había acabado como pago de sobornos y comisiones ilegales.

El dinero saltaba de país en país hasta que llegaba a su destinatario final, y lo hacía mediante empresas que facturaban trabajos ficticios a Defex, compañías intermediarias y otras sociedades opacas en países considerados paraísos fiscales donde se recogía el dinero. Una de esas operaciones, que no parecía tener contraprestación real, fue la que alertó a Luxemburgo. La unión temporal de empresas (UTE) formada por Defex y Comercial Cueto para la operación con Angola transfirió a un banco de ese país 41,4 millones de euros sin razón comercial alguna. Según el juez, los imputados confeccionaban facturas falsas o adendas a los contratos que permitían justificar sobre el papel el desvío de fondos.

Camerún, Brasil y Egipto

El contrato de Angola fue solo el primero. Muchos otros están ahora bajo sospecha. En sumario distinto, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata investiga transacciones comerciales con Camerún, Arabia Saudí, Brasil y Egipto. En este último caso, la denuncia partió de la propia Defex, que después de la imputación de su anterior cúpula hizo una auditoría interna que permitió detectar más conductas irregulares.

Defex vendió municiones durante un largo periodo de tiempo a Arabia Saudí. Hay una decena larga de contratos bajo sospecha, cuyo monto total aún se está calculando. También qué parte del dinero llegó a su destino y cuál se quedó por el camino en forma de sobornos a funcionarios del país árabe y conseguidores, y de comisiones ilegales para directivos de Defex. Uno de los presuntos conseguidores en Arabia Saudí es el empresario Álvaro Cervera y su sociedad Defense Development. Cervera había sidote directivo en Defex. Otro empresario investigado por esa operación es Charles Ques y su empresa Nytel Global, con sede en Girona.

Recursos de dos imputados ante la justicia suiza

Dos de los imputados en el caso Defexque instruye la Audiencia Nacional han intentado que Suiza no embargara sus cuentas bancarias ni entregara a España información sobre sus movimientos de fondos en el país helvético que revela la actividad de empresas constituidas a su nombre o ligadas a ellos a través de terceros. En ambos casos, sus recursos ante la justicia suiza han sido desestimados. En la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS uno de los empresarios alegaba que se había violado el secreto bancario y que las autoridades helvéticas iban a enviar datos de un período temporal más amplio que el que el juez De la Mata había solicitado. Los investigadores sospechan que empresas vinculadas a esta persona están relacionadas con contratos fraudulentos de exportación de material bélico a Arabia Saudí y Camerún. El Tribunal Penal Federal suizo autorizó el envío de información a España el pasado 20 de septiembre.

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