El fiscal pide 50 años de cárcel para el presidente de la empresa pública de armas Defex por corrupción
Anticorrupción acusa a 27 personas y a tres mercantiles de delitos de blanqueo y organización criminal, entre otros, por contratos irregulares con Angola
La Fiscalía Anticorrupción pide 50 años y siete meses de prisión para el expresidente de la empresa pública Defex José Ignacio Encinas, por el presunto desvío de 52,3 millones de euros en comisiones ilegales para conseguir contratos para esta empresa con el Gobierno de Angola y en el beneficio personal de los directivos españoles. De esa cantidad, al menos 41,4 millones se dedicaron a pagar sobornos a funcionarios y altos cargos angoleños, según la investigación.
La Fiscalía ha presentado este viernes el escrito de acusación provisional, de 213 páginas, contra 27 personas y tres empresas vinculadas al negocio de venta de armas y material de seguridad de Defex. Les acusa de delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, corrupción en las transacciones comerciales internacionales y malversación de caudales públicos, entre otros delitos.
Para el antiguo director comercial de la compañía, Manuel Iglesias-Sarria, el fiscal pide la misma pena que para el presidente, 50 años y siete meses de cárcel. Entre los acusados está también el antiguo director de Operaciones de Defex, Ángel María Larumbe, coronel en la reserva para el que Anticorrupción pide 35 años de prisión, y Beatriz García Paesa, sobrina del espía español Francisco Paesa, que según las pesquisas diseñó desde su despacho de abogados luxemburgués la trama de desvío y blanqueo de dinero mediante una sofisticada estructura financiera. En su caso, la Fiscalía solicita 50 años de cárcel. Esa misma pena se pide para Juan Carlos Cueto, consejero delegado y presidente de la mercantil Comercial Cueto 92 SL, clave en el supuesto entramado de blanqueo. Para la mujer de este, Iciar de Yraola, que ocupaba otro cargo directivo en la compañía, la solicitud de penas suma 44 años.
La Fiscalía pide para Defex como persona jurídica el pago de una multa de 315 millones de euros por el delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales. Por dos delitos contra la Hacienda Pública pide también para la mercantil seis meses de multa. Defex está actualmente en proceso de liquidación después de que el Consejo de Ministros lo autorizara en septiembre de 2017, pero sigue bajo control de la SEPI porque el liquidador es otra empresa pública controlada por este conglomerado, Cofivacasa.
El escándalo de Defex, participada en un 51% por el Estado (SEPI) y el 49% restante por compañías privadas dedicadas a la venta de armas, se conoció en 2014 tras salir a la luz una operación irregular en Angola con un sobrecoste millonario repartido supuestamente en comisiones entre los funcionarios angoleños y los directivos españoles de la empresa de control público. Después empezaron a investigarse más operaciones sospechosas en otros países: Camerún, Arabia Saudí, Egipto y Brasil.
Según las pesquisas, del contrato de venta de material policial a Angola, valorado en 152,9 millones y suscrito en 2008, solo una tercera parte se empleó para comprar el material y formar a la policía angoleña. El resto, algo menos de 100 millones, se destinó al beneficio empresarial de las dos empresas que formaban la UTE ganadora del contrato (Defex y Comercial Cueto) y al pago de sobornos y comisiones. La UCO afirmó en uno de sus informes que “Defex actúa como una organización criminal”.
El fiscal encargado de la investigación, Conrado Sainz, asegura en el escrito que Defex "carecía de cualquier sistema interno de organización y control de sus operaciones comerciales" y que los mecanismos de prevención de delito eran "inexistentes". Según su relato, los acusados pagaron comisiones de más de seis millones de euros y regalos por importe superior a dos millones y medio de euros, además de todo tipo de dádivas como operaciones quirúrgicas, asistencias médicas, estancias en hoteles y traslados con conductor. Autoridades y funcionarios públicos angoleños recibieron sumas de dinero transferidas a través de Suiza, Islas Caimán, Portugal, Italia y Francia.
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata procesó hace un mes a la compañía como persona jurídica y a su antiguo director comercial Manuel Iglesias-Sarria en otra pieza separada del sumario, en este caso por el pago de comisiones y sobornos en Camerún para conseguir en este país africano contratos públicos de forma irregular. En esas operaciones se han detectado pagos de comisiones ilícitas por 14,6 millones de euros. Además, aún hay abiertas piezas separadas aún en investigación por la venta de armas supuestamente irregular a Arabia Saudí, Egipto y Brasil.
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