“Defex actúa como una organización criminal”

Un informe de la Unidad contra el Crimen Organizado (UCO) de la Guardia Civil concluye que la empresa pública Defex, dedicada a la exportación de material de defensa, actuó como una organización criminal a la hora de establecer contratos con terceros países. Dicho informe fue puesto a disposición de la Audiencia Nacional el pasado 17 de junio. La Fiscalía Anticorrupción investiga actualmente a Defex por una operación de venta de armamento a Angola realizada entre los años 2008 y 2009 por cuantía de 152,9 millones de euros, cuando el valor material no superaba los 50 millones. El sobrecoste se repartió supuestamente en comisiones entre los funcionarios angoleños y los responsables de la empresa española, participada en un 51% por el Estado y el 49% restante por compañías privadas fabricantes de armas. El sumario del caso cuenta con una parte secreta: se investigan otras operaciones sospechosas en Camerún, Arabia Saudí, Egipto y otros países del lejano Oriente.

El informe de la UCO describe un escalón principal, donde sitúa a Manuel Iglesias Sarria, vicepresidente de la compañía estatal, por encima incluso del presidente, José Ignacio Encinas Charro. Si bien el presidente no tiene una participación tan activa en la ejecución del contrato con Angola, “si habría sido otro de los principales beneficiarios a título lucrativo del sistema de cobro de comisiones”. “Cabe recordar”, dice el informe, “los 326.610 euros intervenidos en dos cajas fuertes de su titularidad”.

Debajo de la cúpula están los colaboradores necesarios, donde sitúa a tres empleados de Defex, Ángel María Larrumbe, jefe de operaciones, y los administrativos Ana Cerrolaza y Enrique Gómez Cuesta. Luego están los blanqueadores, donde el papel fundamental lo desempeña Beatriz García Paesa, y los facilitadores, que son funcionarios de nacionalidad angoleña, contratados para abrir puertas. “La organización criminal”, afirman los agentes, creó también una “estructura” para desviar y blanquear los fondos irregulares.

El informe de la Guardia Civil añade que “la actividad delictiva no se remonta exclusivamente al contrato investigado” y que los empleados y los jefes actúan coordinadamente: “A lo largo de la investigación, y principalmente de los correos electrónicos obtenidos, se ha observado cómo los colaboradores (administrativos y financieros) despachan y someten a la aprobación del escalón superior determinadas cuestiones de ejecución del contrato, principalmente cuando se trata de efectuar operaciones sospechosas”. Defex, con una facturación que supera los 50 millones de euros de media en los últimos cinco años, tiene menos de 20 empleados.

El caso nace en 2012. Ese año, Luxemburgo alerta a la Fiscalía Anticorrupción española de una transferencia de 41,4 millones de euros desde las cuentas de una UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Defex y Comercial Cueto 92 a una oficina del Dexia Banque “sin razón comercial o actividad mercantil alguna”. De esa investigación nace la Operación Angora de la Guardia Civil. En el verano de 2014 son detenidas cinco personas, entre ellas los altos cargos de Defex.

La investigación iniciada por el juez Pablo Ruz determina que hubo un fraude en un contrato de 152,9 millones de euros para la venta de material para la policía de Angola. El valor real del material apenas superaba los 50 millones. La investigación detectó sobornos a funcionarios extranjeros, pagos de comisiones y una operación para blanquear los beneficios de la operación.

Defex, que siempre ha estado bajo el paraguas del Ministerio de Defensa, actúa como un bróker. Es una empresa intermediaria que pone en contacto a fabricantes de armamento y material de Defensa con terceros países. Su primera particularidad es que el 51% de su accionariado es público, a través de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales). La segunda es que el restante 49%, en manos privadas, está compuesto por empresas fabricantes de armas.

El Estado nunca ha ampliado su participación más allá de ese 51%, a pesar de que Defex ha cerrado todos sus ejercicios con superávit. “Para los accionistas privados, ninguno de los cuales posee más de un 12%, es un auténtico regalo: recoger beneficios año tras año sin hacer casi nada a cambio”, explican los investigadores del caso. “Algunos de sus socios privados tienen su matriz en Estados Unidos (caso de Maxamcorp Holding Assets, con el 12%, y Expal Systems, con el 8%)”, explica un experto en blanqueo de capitales. “Su actividad dentro de Defex les permite no dar cuentas en su país de algunas actividades que se realizan a través de una empresa española”.

“Como Defex siempre da beneficios, nadie en la SEPI se ha preocupado de lo que hace”, explican en la Fiscalía Anticorrupción. “Eso permite que esta empresa contrate a expertos, pague sus viajes al extranjero a realizar todo tipo de gestiones, sin que esos gastos, ni esas gestiones, ni las comisiones que termine pagando, merezcan una explicación a los principales propietarios. Y eso explica también, que sea una empresa perfecta para que algunos crean que pueden actuar con total impunidad”. “Se produce así”, añaden en la fiscalía, “un caso de corrupción del Estado”.

Desde que el caso estalló en el verano de 2014, el Gobierno se ha resistido a cerrar la empresa, hecho que ha extrañado en la Fiscalía Anticorrupción, sobre todo por las ramificaciones que puedan salir a la luz con el avance de la investigación. “Debería cerrarla y, si acaso, abrir una especie de Defex 2”. Durante las primeras fases de la investigación, la fiscalía encontró cierta resistencia de la Agencia Tributaria a la hora de hacer una inspección a las cuentas de Defex, e incluso un cambio de posicionamiento de la Abogacía del Estado, según corroboran algunas fuentes. Tampoco se explica, y así se hace constar en el sumario, que las transferencias de dinero que fueron de cuentas españolas hacia Luxemburgo no fueran detectadas como operaciones sospechosas.