Gobierno y Generalitat abren más vías para dialogar de casi todo

El Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat que preside Quim Torra son conscientes de que tienen que “aprovechar este momento político” que quizá tarde en repetirse. Y están abiertos a dialogar de casi todo. Ha habido 15 reuniones entre ministros y consejeros, de al menos ocho carteras diferentes. Y habrá más de inmediato. La Generalitat está dispuesta a discutir el tipo de pregunta que podría plantearse en toda España sobre su mandato de la autodeterminación.

El tropiezo esta pasada semana en la moción planteada y luego retirada del PDeCAT en el Congreso sobre la procedencia de un diálogo sobre Cataluña “sin imposiciones ni impedimentos dentro de la ley” ha sido, por ahora, la demostración de lo frágiles que son los puentes que están intentando construir entre el Ejecutivo central y el catalán. Pero ni el Gobierno ni la Generalitat están por la labor de renunciar a esa vía ante la primera derrota, según fuentes de ambas administraciones. En los dos ejecutivos aseguran al máximo nivel que la negociación no se ha cortado, que continúa en múltiples frentes y que se irá precisando y concretando en inminentes citas bilaterales.

La moción firmada por el portavoz nacionalista Carles Campuzano fue desautorizada por la cúpula de su partido y por el expresidente Carles Puigdemont pero más “por lo inoportuno del momento, justo al día siguiente de la Diada, y por la falta de una suficiente explicación de su contexto”, que por la excusa que se buscó, y que refrendó ERC, sobre un supuesto discurso duro del diputado del PSC, José Zaragoza, que la enmendó. Se retomará, ratifican en el PDeCAT, la Generalitat y el PSOE, “porque la vida política no pasa por esa resolución registrada hace meses y todos entendemos que hay que aprovechar esta coyuntura política”.

Fuentes oficiales de la Generalitat concluyen que tanto este Gobierno catalán como “la inmesa mayoría de los ciudadanos no está en contra de explorar la vía del diálogo y la negociación, y de aprovechar la oportunidad y el momento que se da con el Gobierno de Pedro Sánchez que no es el monolítico de Mariano Rajoy”. Todos los foros y encuentros se consideran importantes. Y se está a la espera de próximos movimientos del Gobierno, antes de cerrar la fecha para otra cumbre en Barcelona del presidente con Torra.

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La situación de los políticos presos o huidos y la negociación de los presupuestos son los grandes escollos en lo que se define como “un campo de minas” para la negociación. Pero no se quiere cerrar ninguna puerta y se han rehecho muchas relaciones personales rotas.

En el bando de la Generalitat dejan claro que no está en su mano renunciar al mandato expresado en la calle, en la Diada y en encuestas, sobre el derecho de autodeterminación pero apuntan que si el diálogo es “franco, leal, flexible e inteligente se podría hablar de todo”. Y con ese aviso quieren decir que la palabra autodeterminación tendría que figurar en una hipotética futura pregunta de una consulta que, aceptan, podría tener un ámbito en toda España siempre que luego ellos pudiesen desagregar su resultado para destacar los datos registrados en Cataluña.

Consulta nacional

Los nacionalistas podrían llegar a asumir al final de la negociación ese tipo de formato de consulta nacional, según fuentes oficiales de la Generalitat.

Míriam Nogueras, línea dura y vicepresidenta del PDeCAT, tuitetó hace cinco días una información sobre un pueblo de Zamora que quiere ser gallego: “Si 232 zamoranos pueden votar dentro del marco legal dejar de formar parte de Castilla y León (sin recibir visita de piolines), 7,5 millones de catalanes deben tener el mismo derecho”.

Los gestos de distensión se suceden, hasta el punto de valorarse desde Cataluña que el canal 24 horas de RTVE ofreciera imágenes aéreas de la manifestación de la Diada. Pero se mezclan con posiciones más dogmáticas y, sobre todo, con el lastre de los políticos presos, difícilmente salvable. En el Gobierno insisten en la separación de poderes y la independencia judicial. En la Generalitat recuerdan que la acusación de malversación contra esos presos la formuló la Abogacía del Estado y que se podría retirar porque hasta el exminixtro del PP, Cristóbal Montoro, la puso en duda.