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El millonario pacto secreto que ocultó la contaminación del embalse de Flix

Un nuevo informe de la Guardia Civil describe la connivencia entre imputados del caso Acuamed para dar por terminados los trabajos de extracción de lodos tóxicos y poder cobrar 37 millones

Trabajos de descontaminación del pantano de Flix
Trabajos de descontaminación del pantano de Flix

Directivos de la empresa pública Acuamed y de la constructora FCC manipularon presuntamente informes técnicos y científicos para ocultar que todavía quedaban lodos tóxicos en el pantano de Flix (Tarragona). Pretendían así poder dar por concluida la obra de descontaminación y cobrar los 36,9 millones de euros que FCC reclamaba a la empresa pública por los trabajos. Así lo relata un minucioso informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportado recientemente a la instrucción del caso Acuamed en la Audiencia Nacional.

FCC encargó informes técnicos a una empresa de ingeniería holandesa y a un experto del CSIC, pero no los aceptó tal y como le fueron entregados sino que incluyó observaciones y comentarios que “habrían servido para suavizar las referencias hechas a la contaminación” y permitir así que Acuamed pudiera dar por finalizados los trabajos, concluye el informe de la UCO, al que ha tenido acceso EL PAÍS.

FCC es una de las siete empresas (junto con Acciona, Abengoa, Sogeosa, Torrescámara, Altec y Altyum) salpicadas por el caso Acuamed, en el que se investiga un presunto fraude millonario en la adjudicación de contratos públicos de grandes obras hidráulicas. Una de las mayores es la limpieza de Flix, la mayor inversión realizada en una obra de descontaminación en España que ya acumula un coste de 138 millones de euros.

La Guardia Civil fija su atención en los llamados “acuerdos de Madrid” entre FCC y Acuamed, por los que directivos de la constructora y de la empresa pública pactaron para “dar por concluidos los trabajos de descontaminación y proceder así al pago de las reclamaciones a FCC”. Los intercambios de correos y de llamadas demuestran, según la UCO, que Acuamed tenía intención de “reconocer a FCC la cantidad de 36,9 millones de euros a cambio de terminar los trabajos de extracción de contaminantes del lecho del recinto”.

Para determinar esa cantidad económica, acordada entre ambos en “continua y estrecha colaboración”, se hicieron dos cosas, según la investigación de la UCO: emitir informes para justificar adecuadamente ante el Consejo de Administración de Acuamed el abono de las cantidades y emitir “certificaciones ficticias” en algunos capítulos del proyecto. Los correos electrónicos obtenidos en los registros muestran cómo los directivos se van intercambiando distintas versiones de los documentos y los van modificando “llegando a trabajar FCC con documentos con el logotipo de Acuamed”, señalan los investigadores.

Los correos y las llamadas muestran que los responsables de la obra, tanto públicos como de la empresa, sabían que todavía quedaba contaminación a pesar de que habían dado por finalizados los trabajos en este punto del río Ebro el 20 de octubre de 2015. Pablo Martín, el responsable de Acuamed para esa obra, reconoce en una de ellas que la situación “no es contaminación cero”.

Borrar “contaminados” y “preocupante”

Los directivos de FCC llegan a modificar el informe de un experto del CSIC y de una empresa de ingeniería para “suavizar aquellas afirmaciones de las que se pueda interpretar que aún persiste contaminación en el recinto”, destaca el informe. En los ficheros encontrados en los registros se aprecia cómo personal de FCC hace cambios como borrar la palabra “preocupante” o el adjetivo “contaminados”. “Los sedimentos que dejamos no los podemos definir como contaminados!!!”, comenta la persona que hace el cambio.

En un correo titulado “informe revisado”, una directiva deja por escrito que la ingeniería permite que modifiquen sus trabajos: “Estos guiris no siempre entienden que se les toque los informes, pero con [la filial española] no hay problema”. El experto del CSIC también aceptó los cambios que le proponía FCC, que era quien le pagaba el informe, según muestran los correos. En uno de ellos envía un nuevo borrador que incluye los cambios que le han sugerido previamente.

En abril de 2017 la nueva dirección de Acuamed rescindió el contrato a FCC y reconoció que todavía quedaba material contaminado en el fondo del pantano, unos 80.000 metros cúbicos. El actual director general de Acuamed, Francisco Baratech, nombrado por el Gobierno después de que su antecesor, Arcadio Mateo, fuera detenido e imputado por el juez Eloy Velasco, anunció su intención de reclamar indemnizaciones a la empresa por haber dado por finalizadas las obras antes de tiempo. Entre los productos contaminantes, la mitad es DDT, aunque también hay mercurio, hexaclorobenceno y PCB, entre otros.

Presión en el ministerio

En el tira y afloja para conseguir que Acuamed reconociera la factura de 36,9 millones de euros de Flix, hay unos meses en los que FCC empieza a plantear diferentes medidas de presión. Se llegan a plantear, según los correos intervenidos, “paralizar la obra” para conseguir sus reclamaciones, pero solo en determinados conceptos para no incurrir en responsabilidad respecto a la contaminación o el daño medioambiental. Acuamed y FCC declinaron comentar el informe de la UCO.

Es en este contexto cuando Miguel Jurado, presidente de FCC Construcciones y recientemente despedido de la compañía, empieza a pedir reuniones con el entonces secretario de Estado de Medio Ambiente, Fernando Ramos de Armas y con Liana Ardiles, directora general de Aguas para concretar una “hoja de ruta” y reclamar los pagos. Se suceden varios encuentros y en uno de ellos se destaca cómo Acuamed “va a cambiar responsable para facilitar la labor”. Según la UCO, este hecho se cumple finalmente con el despido de Azahara Peralta, ingeniera en Flix con Acuamed y una de las personas que denunció las presiones y originó la investigación de la Audiencia Nacional. La sustituyeron por Pablo Martín Mira, hoy imputado en la causa y del que la UCO asegura que era “plenamente conocedor” de que Flix no estaba descontaminado.

Según el informe “en enero de 2015 se siguen produciendo las reuniones entre FCC y Acuamed con el claro objetivo de llegar a un acuerdo, valorando iniciar las negociaciones con el secretario de Estado del Ministerio de Medio Ambiente para ‘forzar a Acuamed’ en relación a las reclamaciones económicas de los contratos de Baja Almanzora y Flix”. Federico Ramos estuvo imputado en la causa , pero fue desimputado.

"En este momento estamos haciendo gestiones con la UTE [liderada por FCC] para entrar en la obra y continuar con la descontaminación", señaló una portavoz de Acuamed. Los trabajos para reanudar la limpieza del pantano han sido adjudicados a la empresa pública Tragsa. FCC no está de acuerdo con la liquidación de las obras que hizo y ha solicitado un arbitraje, confirma la portavoz de Acuamed, que añade que es "prematuro por existir prejudicialidad penal que se dirimirá en la Audiencia Nacional".