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Bruselas presiona a España para saber si en Acuamed se malgastaron fondos europeos

La justicia tiene bajo sospecha al menos siete infraestructuras cofinanciadas por la Comisión Europea

Agentes de la Guardia Civil registran la sede de Acuamed en enero del año pasado.
Agentes de la Guardia Civil registran la sede de Acuamed en enero del año pasado.

La Comisión Europea necesita saber si los fondos comunitarios con los que se cofinanciaron varias obras públicas gestionadas por Acuamed acabaron en las manos equivocadas. Por eso la comisaria de Política Regional, Corina Cretu, está insistiendo a España para que le informe del estado de la investigación judicial sobre el caso, que se instruye desde hace casi dos años en la Audiencia Nacional. Bruselas está cerrando el periodo de programación 2007-2013 de fondos europeos, y le preocupa el uso que se haya podido dar al dinero de las arcas comunitarias.

La Comisión está a punto de formular su opinión definitiva sobre el informe final de los programas operativos afectados. Hay al menos siete infraestructuras hidráulicas en las que se sospecha que se cometió un fraude millonario. Seis de los proyectos pertenecen a los programas regionales de Valencia y Andalucía, y un séptimo al programa pluriregional de Fondos de Cohesión y Feder, según fuentes comunitarias.

El Ministerio de Hacienda, a través del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, acaba de solicitar a la Audiencia Nacional información sobre “cada uno de los proyectos/obras investigados y que pudieran estar financiados con fondos europeos”, según un escrito al que ha tenido acceso EL PAÍS.

821 millones en obras entre 2000 y 2013

Las desaladoras españolas y otras obras hidráulicas han recibido más de 821 millones de euros en fondos públicos de la UE entre 2000 y 2013, según cálculos de la Comisión Europea. Uno de estos proyectos es la desaladora de Bajo Almanzora (Almería), bajo la lupa del juez Velasco por haber generado una “compensación indebida” de 40 millones de euros que, según el magistrado, implica a altos cargos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. El Gobierno escogió este proyecto para presentarlo a los Fondos Feder, de los que obtuvo 22,7 millones de euros.

Otra de las obras bajo la lupa de la justicia, la de Rambla Gallinera, en Valencia, también recibió una cantidad importante de los proyectos Feder de 2007-2013. La ayuda programada, según documentación oficial, es de 25,5 millones de euros. La planta desaladora de Torrevieja (Alicante), adjudicada a una empresa también investigada por Velasco, se benefició asimismo de fondos europeos: 29,5 millones.

La primera vez que Hacienda solicitó al juzgado información relativa al estado de la investigación, el magistrado Eloy Velasco contestó diciendo que no era posible atender la solicitud porque las actuaciones habían sido declaradas secretas. Eso ocurrió en febrero de 2016. Ahora Hacienda se ha visto obligada a insistir de nuevo ante la presión de Bruselas.

El responsable último del buen o mal uso que se da a los fondos europeos es el Estado miembro que los gestiona, apuntan fuentes comunitarias, que así se lo recordaron a España en 2016, en cuanto se conoció la Operación Frontino de presunta corrupción en la empresa pública Acuamed y varias constructoras. Una de las primeras medidas fue bloquear todas las entregas de dinero de fondos europeos a proyectos gestionados por Acuamed que aún tenían importes pendientes de pago.

Para asegurarse de que esta vez el juzgado responde, Hacienda recuerda en su misiva al juzgado que la normativa europea equipara al Servicio de Coordinación Antifraude (dependiente de Hacienda) con la OLAF, la oficina europea de lucha contra el fraude a la hora de solicitar información. La OLAF renunció a investigar el caso Acuamed el año pasado, pero mantiene abierto lo que denomina “caso de coordinación”, que consiste en que solicita información y se la facilita al Estado Miembro interesado, pero no investiga activamente.

La OLAF se inhibió precisamente porque el caso estaba en la Audiencia Nacional. Según fuentes comunitarias, ha estado facilitando “determinada información financiera” al juzgado, así como “datos sobre proyectos financiados por la UE”. España tiene hasta finales de noviembre para responder a la Comisión Europea, según estas mismas fuentes. Dependiendo de la conclusión a la que llegue, Bruselas podría retirar financiación empleada de forma irregular.

“La Comisión ha estado siempre puntualmente informada de cuantas medidas se han tomado desde la Dirección General de Fondos Comunitarios”, señaló una portavoz del Ministerio de Hacienda.

Mientras tanto, la instrucción está muy avanzada, tanto que, salvo cambio de opinión del juez, a la UCO de Guardia Civil solo le falta por entregar un par de informes para dar por concluido el caso en la parte policial, según fuentes cercanas a la investigación.