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El debate | ¿Es mejor tener menos colegios, o menos alumnos por clase?

La caída de la natalidad obliga a las administraciones a decidir si apuestan por la fusión y el cierre de centros escolares, o bien por reducir las ratios en el aula

Primer día de curso en el colegio público Dionisio Ridruejo de Madrid, en septiembre de 2023.
Primer día de curso en el colegio público Dionisio Ridruejo de Madrid, en septiembre de 2023.MARIO BERMUDO

El desplome de la natalidad en España —los nacimientos cayeron cerca de un 40% entre 2008 y 2023— ya hace tiempo que se nota en los centros escolares de infantil (con un descenso del 15,1% desde 2018) y de primaria (-7,6%), y desde hace un par de cursos ha empezado a impactar también en secundaria. Esta sacudida demográfica, que se seguirá extendiendo hasta finales de la próxima década, supone un gran reto para las administraciones, que deberán decidir si aplican una política continuista (en la que las escuelas se adaptarán de forma natural a la demanda) o más intervencionista, con una bajada de las ratios planificada o incluso un cierre progresivo de escuelas.

Frente a ese dilema, el director de Educación de EsadeEcPol, Lucas Gortazar, y el secretario autonómico de Educación de la Generalitat Valenciana desde 2015 hasta 2023 (PSPV-PSOE), Miguel Soler, aportan sus visiones.


Contra un sistema educativo ‘zombi’

Lucas Gortazar

La caída de la natalidad está provocando que el tamaño de las clases (la famosa ratio) esté bajando en primaria. Pronto ocurrirá en secundaria. De mantenerse todas las escuelas a flote, la caída demográfica se traducirá en cada vez más centros educativos con ratios muy bajas y otros tantos con las mismas ratios que hoy, lo que polarizará nuestro mapa escolar. No sobran docentes en España, pero no ocurre lo mismo con las escuelas, por lo que dejar que la ratio baje lo que tenga que bajar en cada centro sin plantear cambios estructurales constituye una enorme irresponsabilidad pedagógica y fiscal.

Europa atraviesa días complicados. Al este del continente, una figura política ha sobresalido por su liderazgo en los últimos tiempos. Hoy su país está seriamente amenazado por una posible invasión rusa. Hace 15 años, la carrera política de Maia Sandu comenzó como ministra de Educación de Moldavia y, nada más llegar, asumió una decisión dolorosa pero necesaria: tuvo que cerrar un 8% de las escuelas. Moldavia contaba entonces con multitud de escuelas con apenas 50 alumnos debido a la caída demográfica que azotó a todo el este del continente hace 30 años, con infraestructuras inutilizadas que podríamos llamar escuelas zombis. Aunque impopular, esto permitió ampliar servicios, expandir la oferta educativa en la educación infantil, reducir ratios en escuelas situadas en zonas con mucha demanda e invertir en las escuelas receptoras de alumnos desplazados para mejorar su calidad. Fue ese mismo coraje político el que llevó a Sandu a la presidencia de la joven república.

En España, la población infantil ha caído casi un 25% en los últimos años. En primaria, el número de alumnos alcanzará su mínimo en 2032; en la ESO, poco después. Algunas zonas del norte o el interior, como Asturias, Zamora o Albacete, podrían perder más de un tercio del alumnado. En Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga la caída será menor (10%), mientras que Navarra o Baleares podrían incluso llegar a ganar estudiantes debido a inmigración. Con todo, este no es un fenómeno rural: en una parte importante de la geografía (sobre todo el norte y el interior), las escuelas se están quedando sin niños y, por la vía de los hechos, estamos construyendo lo que podríamos llamar un sistema educativo zombi.

Un sistema educativo zombi se caracteriza por mantener muchas escuelas pequeñas, no solo en zonas rurales, sino también en zonas urbanas. Son escuelas con una única línea con 10 o 15 alumnos, o escuelas con dos líneas y menos de 15 alumnos por aula (y no más de 30 por curso). El gasto por estudiante triplica al de los centros grandes sin mejorar necesariamente la calidad del servicio. En un contexto de restricción presupuestaria en educación, tener ratios muy bajas en muchos centros pequeños impide bajarla allí donde es más alta (con 25 alumnos por aula). Por muy popular que sea entre docentes y familias, bajar la ratio a partir de un tamaño no produce mejoras en aprendizaje y son más eficientes otras estrategias de individualización de la enseñanza como las tutorías individualizadas de refuerzo.

Además, en un sistema zombi, la interacción social y pedagógica, fundamentales para que una escuela funcione, se reduce. La oferta escolar y extraescolar quedan mermadas por falta de masa crítica. Por último, suele surgir el pánico entre familias y docentes, quienes, anticipando cierres futuros, suelen huir hacia centros más grandes, lo que agrava la situación y polariza aún más el mapa escolar. Por ello, salvo donde existen problemas de accesibilidad (escuelas rurales), es necesario llevar a cabo fusiones y cierres de centros, reubicar a docentes y alumnos y parar esta deriva.

Políticamente, el cierre o la fusión resulta delicado, pero aplazar esa decisión hace más traumático y negativo un cierre de golpe. El caso de Sandu demuestra que nunca es tarde y que, por costoso que sea políticamente, el cierre de escuelas evita un deterioro aún mayor del sistema y permite ofrecer un horizonte de mejora educativa a todos. Las administraciones deberían tomar medidas urgentes de reorganización antes de que la caída de la natalidad nos aboque a sostener un sistema fragmentado e ineficiente. De lo contrario, alimentar un sistema educativo “zombi” solo agravará el problema y hará más dolorosa la solución.


Mantener una escuela abierta es mantener vivo un pueblo

Miguel Soler

En los últimos años, no dejamos de oír hablar de la bajada de la natalidad en España. Ante esta realidad, se abren dos caminos muy distintos: uno, el de quienes ven en esta situación una oportunidad para cerrar colegios, recortar aulas y “ahorrar” concentrando al alumnado en menos centros; y otro, el de quienes pensamos que esta es una oportunidad única para mejorar la educación, reducir el alumnado por aula y, además, mantener vivos nuestros pueblos y barrios.

Quienes defienden cerrar colegios argumentan que “sobran” centros porque hay menos alumnado. Que es más eficiente llenar las aulas y cerrar aquellas que se quedan con poco alumnado. Pero esa mirada, centrada exclusivamente en el ahorro, olvida que la educación es una inversión, no un gasto. Y que las escuelas son mucho más que un lugar donde se imparten clases: son un espacio de vida y de cohesión social.

Pensemos en una clase con 15 o 18 estudiantes frente a una de 28 o 30. En la primera, el profesorado puede conocer mejor a cada niño, saber cómo se siente, qué ayuda necesita y cómo acompañarle para que aprenda y crezca. Reducir la ratio permite una atención más individualizada y mejora la calidad educativa. Cuando las clases no están saturadas, es más fácil trabajar tanto los contenidos del currículo como otros aspectos como la convivencia, el respeto, la educación emocional o la creatividad. Se puede crear un mejor clima de aula y atender tanto a quienes tienen más dificultades como a quienes necesitan mayores retos.

A menudo, quienes defienden recortar escuelas hablan del coste económico de mantener centros abiertos con poco alumnado. Sin embargo, cerrar colegios y llenar las aulas no es un buen negocio para nuestro futuro. España necesita personas jóvenes bien formadas, preparadas para los desafíos de una economía y una sociedad en constante cambio. Nuestras empresas requieren personas con conocimientos, pensamiento crítico y capacidad de adaptación. Y eso no se consigue en aulas masificadas. Por tanto, lo que parece un ahorro es, en realidad, una mala inversión.

La reducción de la ratio debe hacerse de manera progresiva y adaptada a la realidad de cada municipio y barrio, teniendo en cuenta las plazas escolares disponibles y la población real en cada tramo de edad. El objetivo debe ser claro: avanzar hacia una ratio máxima de 18-20 alumnos por aula en infantil y primaria, y de 22-24 en secundaria. No hablamos de ratios medias, sino de garantizar que ninguna clase supere esos máximos. Esta propuesta supone reducir entre un 20% y un 25% las ratios máximas actuales, una medida que ahora es posible gracias a la bajada de la natalidad. Se trata de aprovechar esta circunstancia demográfica para dar un salto de calidad en el sistema educativo, algo que hasta hace pocos años parecía imposible.

Hay municipios donde esto ya se está haciendo, demostrando que es viable y beneficioso para el alumnado. Por tanto, de lo que se trata ahora es de generalizarlo de forma planificada y coordinada, asegurando la continuidad de la actual red de centros y evitando su cierre.

Al mismo tiempo, en otras zonas donde persisten ratios elevadas o situaciones de alta complejidad educativa, debe incrementarse el profesorado y desdoblar aulas si es necesario. La bajada de la natalidad no puede servir de excusa para reducir profesorado, sino al contrario: hay que incrementar el número de docentes para atender mejor al alumnado, ofrecer programas de refuerzo y desarrollar nuevas metodologías.

Cerrar una escuela significa condenar a un pueblo al abandono. Las familias jóvenes no se quedan a vivir en un lugar donde no hay escuela para sus hijas e hijos. Cuando desaparece la escuela, desaparecen también las familias y la vida en las calles. Mantener una escuela abierta es mantener vivo un pueblo.

Aprovechar la bajada de la natalidad para mejorar la educación, reducir la ratio máxima de alumnado por aula y mantener los centros abiertos es una decisión inteligente, desde el punto de vista educativo, social y económico. Es apostar por la igualdad de oportunidades y por una educación de calidad para todos y todas, vivan donde vivan.

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