Por una ley que blinde la financiación de la educación pública

La educación es el futuro de un país, de una sociedad. Nos hace mejores como personas y como ciudadanía. Es la base de una sociedad justa y de una vida digna. Es, en definitiva, un proyecto civilizatorio. Por lo tanto, la educación debe ser la prioridad esencial de un proyecto de país, porque de ella depende la formación académica y profesional, pero sobre todo el modelo de convivencia, de democracia y la cohesión social del país.

El derecho universal a la educación necesita el compromiso con su carácter público, en tanto bien común esencial, que garantice el ejercicio de ese derecho en condiciones de igualdad y equidad para todos y todas, sin discriminación ni segregación. Así como el compromiso con su financiación suficiente y necesaria, que dote de los recursos y medios suficientes y necesarios para llevarla a cabo.

Invertir en recursos, medios y organización

Se necesita inversión en “recursos humanos”, porque es el recurso fundamental en la educación: tanto el profesorado como los profesionales de la educación social, de la mediación intercultural, de la orientación, de trabajo social, especialistas educativos, asistentes, administrativos, etc. Se necesita la ampliación de más profesorado y profesionales en los centros educativos públicos: para reducir sustancialmente el número de alumnado por clase (la ratio escolar) con el fin de desarrollar una educación realmente inclusiva y personalizada que “no deje a nadie atrás”; y para dotar de plantillas estables que puedan desarrollar proyectos conjuntos que duren en el tiempo.

Se necesita también inversión para asegurar el acceso a la educación mediante la gratuidad de los medios y recursos: dotando a los centros públicos de todos los libros, recursos y materiales didácticos y tecnológicos públicos que necesite utilizar el alumnado y el profesorado; servicios de transporte y de ecocomedores escolares gratuitos en los centros públicos, de gestión directa y educativa, durante toda la etapa obligatoria, etc.

Pero es imprescindible que la financiación pública vaya exclusivamente a la educación pública, de titularidad y gestión pública, y que evite la sangría económica que sigue siendo la anomalía española de mantener un sistema privado financiado con dinero público de todos y todas, los conciertos educativos, que es actualmente el factor de mayor segregación social ya desde la escuela.

Mientras que, simultáneamente, es imprescindible dejar de financiar la religión en las escuelas para respetar la libertad de conciencia de los menores y permitir la convivencia de los que piensan diferente, dado que la finalidad de la educación es aprender y no creer.

Estas cuatro medidas esenciales de financiación tienen que acompañarse de inversión en recursos y medios para reducir y evitar el exceso burocrático que recae en el profesorado y en la comunidad educativa; en organizar y dotar una formación inicial y permanente vinculada con la práctica; en aumentar equipos de orientación suficientes en cada centro educativo, con un profesional al menos por cada 200 estudiantes; en incorporar a profesionales de la educación social en la dinámica de los centros escolares; en dotar de infraestructuras de calidad y bioclimatizadas a todos los colegios y centros públicos; en una oferta de plazas públicas de formación profesional suficientes.

Blindar la financiación

Estas medidas esenciales, demandadas desde hace tiempo por quienes están “a pie de obra”, por quienes son los profesionales y tienen experiencia en la materia y por la propia comunidad educativa y social, son la base imprescindible para dar posibilidad al Proyecto de Educación Pública Democrática que garantice el derecho a la educación a toda la población en las mejores condiciones y sin discriminación.

Pero para poder llevarlo a la práctica solo hay una receta posible: invertir presupuestos en la educación pública, en vez de seguir destinando financiaciones escandalosas al aumento de los presupuestos de la guerra (el gasto militar es mayor que el educación y sanidad juntos), al rescate de la banca o de autopistas, etc. Porque como dice el refrán: “dime donde pones tu dinero y te diré dónde pones tu corazón”. Dime donde pones la financiación y te diré lo que realmente importa.

En definitiva, es crucial aprobar una ley de financiación del sistema público educativo, en la que esta inversión se blinde independientemente de quién esté en el gobierno. Para que se invierta al menos el 7% del PIB en Educación, al nivel de los países más avanzados en la UE. Solo hace falta voluntad política.

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