Un principio de regeneración

El Consejo de Ministros aprobó este martes un conjunto de 31 medidas de “regeneración” y “transparencia” que afectan a instituciones y a los medios de comunicación, bajo el nombre Plan de Acción por la Democracia, que supone el primer paso concreto —con numerosas lagunas— del anuncio que Pedro Sánchez hizo en abril tras sus sorpresivos cinco días de reflexión y desplegó en el Congreso hace dos meses. El Gobierno se da el resto de la legislatura para aprobarlo en su integridad. Las medidas necesitarán de una negociación parlamentaria que será difícil y en la que se acabarán precisando algunas de las propuestas que ahora son apenas un esbozo.

Entre lo más destacable y concreto, los dos socios de gobierno han pactado una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana —la ley mordaza— en una cuestión puntual —no sancionar el uso por los profesionales informativos de imágenes de los miembros de las fuerzas de seguridad para dar cuenta de sus actuaciones—, pero que abre la posibilidad de abordar una imprescindible reforma en profundidad de una ley cuestionada desde que el Gobierno de Mariano Rajoy la aprobó en 2015 —con solo los votos del PP— para desactivar las protestas ciudadanas.

Desde la llegada de Sánchez al poder, el Ejecutivo y las fuerzas que le apoyan han sido incapaces de cumplir el compromiso de modificar la ley en cuanto tuviesen ocasión. El plan evita citar las devoluciones en caliente y el uso de pelotas de goma por las fuerzas antidisturbios, que hicieron fracasar el último intento de reforma por las discrepancias entre la mayoría socialista del Ejecutivo y los partidos que la apoyan.

El Gobierno se propone ahora “construir” un consenso con los demás partidos para abordar esos cambios. Será un buen momento para mostrar mayor ambición en una reforma que siempre será mejor, aunque no satisfaga las exigencias de todos, que dejar la ley mordaza tal y como está. Todas las formaciones del bloque de la mayoría deben esforzarse por llegar a un acuerdo. Quienes compartieron muchas de las protestas en la calle que llevaron al PP a endurecer en su día la ley deben poder hoy en sus escaños darle la vuelta la situación y poner fin a una norma que sigue siendo una anomalía de la democracia.

Una de las patas nucleares del plan es la relativa a la transparencia y responsabilidad de los medios de comunicación. Sin medios libres y de calidad no hay democracia, acierta el texto, en particular cuando los bulos políticamente interesados amenazan la democracia. La mayoría de las medidas derivan del reglamento comunitario que la Eurocámara aprobó en mayo con el voto, entre otros, de los populares, y que España debe incorporar antes de agosto de 2025. Son iniciativas como crear un registro público de medios que informe de su propiedad e ingresos publicitarios o mejorar los sistemas de medición de audiencias digitales, para contener un ecosistema que favorece la difusión de desinformación. El PP no debería tener problema para votar en España lo mismo que ha votado en Estrasburgo.

Esta trasposición europea se completa con otras propuestas más vidriosas y de las que cabe esperar más concreción en los próximos meses, como actualizar la regulación sobre el derecho al honor y el derecho de rectificación, ambas de hace más de cuatro décadas y claramente obsoletas. Como en todas las cuestiones que afectan a derechos fundamentales, es imprescindible que el Ejecutivo busque el mayor consenso, tanto político como del gremio, para no incurrir en trabas al periodismo que se propone defender.