El plan de regeneración del Gobierno impone mayor control sobre los cargos públicos y una comisión en el Congreso contra los bulos

El plan de regeneración que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros contiene 30 medidas para una mayor transparencia y control en la política y en los medios y una defensa del derecho a la libertad de expresión, modificando la redacción de delitos que la limitan como el de ofensa a los sentimientos religiosos y el de injurias a la Corona o a altas instituciones del Estado. El paquete incluye como novedades, además de lo que ya había apuntado el Gobierno, un mayor control sobre los cargos públicos, ajustando también el conflicto de intereses, como forma de prevenir la corrupción, y una exigencia de rendición de cuentas cada seis meses de todas las administraciones. Además, se crearán dos nuevas unidades en la Fiscalía General del Estado para luchar más eficazmente contra la corrupción “pública y privada”.

El plan apuesta por reforzar la ley de partidos y el reglamento del Congreso y del Senado, tanto para las formaciones como para que diputados y senadores tengan que hacer públicas sus cuentas, sus préstamos, su declaración de bienes. La novedad es que el incumplimiento de estas obligaciones conllevará sanciones; ahora no las hay y algunos se saltan esa exigencia sin consecuencias.

En cuanto a los medios de comunicación, otro de los asuntos centrales de este paquete de regeneración, hay medidas de transparencia, como la exigencia por ley de que se conozca con detalle su propiedad y mejores datos para garantizar las audiencias. Estos datos son lo que se utilizan para el reparto de publicidad institucional. Se propone también un cambio de la norma que limite este tipo de financiación de los medios para que no haya algunos que dependan casi exclusivamente del dinero público y se conviertan así en un instrumento del poder político.

El plan no opta por intervenir en los medios desde el poder político, como temía la oposición, y apuesta por la autorregulación frente a los bulos, pero sí plantea una comisión específica en el Congreso para analizar la desinformación y sus consecuencias para las democracias, algo que se ha hecho en otros países y en el propio Parlamento Europeo. De hecho, en el corazón de este plan están las líneas maestras de la nueva norma europea sobre libertad de medios, de aplicación directa en todos los estados a partir de 2025.

Registro público de medios

Habrá un registro público de medios, con información sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben. Todas las administraciones públicas estarán obligadas a publicar cada año cuánto dinero dedican a publicidad en medios y a cuáles ha llegado esa inversión. La ley de publicidad exigirá “más transparencia, proporcionalidad y no discriminación en la asignación de recursos públicos”. Habrá además una nueva ley del secreto profesional para garantizar la protección de las fuentes, y normas para “garantizar el pluralismo” evitando la concentración de medios en pocas manos.

El plan propone que sea la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la que supervise la aplicación de estas nuevas medidas. Se cambiará la ley del derecho al honor y la de derecho de rectificación “para mejorar el sistema para instar y lograr la rectificación de noticias falsas o abiertamente tendenciosas, con indemnizaciones y plazos adecuados”, dice el texto. El Gobierno diseñará además una “estrategia nacional de lucha contra las campañas de desinformación” a cargo del departamento de seguridad nacional, algo sobre todo pensado para momentos electorales en los que otros países pueden querer influir en los comicios españoles.

Después de mucha discusión interna en la coalición de gobierno ―Sumar exigía eliminar los delitos de injurias a la Corona y a las altas instituciones del Estado y el PSOE no quería ir tan lejos―, se ha pactado una redacción abierta pero que implica un cambio del Código Penal en este aspecto. “Abordaremos una reforma integral de los artículos del Código Penal que pueden afectar al derecho de libertad de expresión y a la creación artística, entre otros casos cuando se refiera a las instituciones del Estado, se trate de delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público u otros supuestos, con el fin de darles una redacción homologable a los países de nuestro entorno y de atender a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en materia de difamaciones y su encaje legal”, reza el plan.

El paquete legislativo incluye el cambio de la ley electoral para hacer obligatorios los debates electorales, algo que ya sucede en otros países, o el compromiso, tantas veces reiterado y nunca cumplido, de reformar la ley de secretos oficiales. Las empresas encuestadoras tendrán la obligación legal de publicar sus microdatos, algo que en este momento hacen muy pocas, en especial 40dB., la que realiza los sondeos para EL PAÍS y la Cadena SER, y también el CIS. Las estimaciones que hace este último son polémicas, pero los microdatos son utilizados por todos los expertos como base de investigación. El plan de regeneración también hace obligatoria la celebración anual del debate sobre el estado de la nación en el Congreso.