Patrocinar el maltrato a inmigrantes

La Unión Europea lleva años destinando cientos de millones de euros a países africanos para frenar a todo aquel que pretenda llegar a Europa saltando una valla o embarcándose en una patera. Fondos que —al menos en los casos de Marruecos, Mauritania y Túnez— se usan en parte para formar a agentes, comprar vehículos, embarcaciones y otros equipamientos empleados en detener a migrantes de forma masiva y trasladarlos a la fuerza hasta desiertos y zonas remotas. Allí son abandonados, sin agua, ni comida, ni teléfonos móviles, y quedan expuestos a los peligros de lugares tan inhóspitos y a los abusos de las autoridades.

La falta de transparencia en el sistema de financiación comunitario hacia países terceros no facilita seguir el rastro del dinero, pero una investigación de EL PAÍS junto a la organización Lighthouse Reports y varios medios internacionales ha revelado lo que era un secreto a voces: la UE y sus Estados miembros no solo saben que sus socios africanos gestionan la inmigración irregular con métodos brutales, sino que ayudan a financiar esas prácticas.

España tiene un papel destacado en esta política. Fue pionera en subvencionar a terceros países para que vigilen mejor sus fronteras y ha defendido en Bruselas esa fórmula —en el caso de Mauritania, por ejemplo— como exitosa. La UE tomó nota de esas políticas y ha firmado acuerdos similares con varios países: Marruecos, Túnez y la propia Mauritania, pero también con otros como Líbano.

Esos pactos han suscitado duras críticas porque con ellos la UE subcontrata sin las mínimas garantías una política esencial —la migratoria— que tendrá un impacto inequívoco en las próximas elecciones europeas del 9 de junio. España tiene, además, agentes desplegados en el terreno y con parte de sus fondos se financia a las fuerzas de seguridad locales que se afanan en arrestar, encarcelar y trasladar a migrantes contra su voluntad a lugares remotos y aislados.

La Comisión Europea afirma que sus contratos con los países africanos que le ayudan a alejar la inmigración irregular de sus fronteras contienen cláusulas de respeto a los derechos humanos. ¿Por qué no se aplican? Es evidente que la UE no puede intervenir en las políticas de Estados soberanos, pero puede perfectamente condicionar en qué se gasta el dinero público de todos los europeos. Si aún no existen los mecanismos adecuados para no contribuir a la barbarie, es urgente que se piense en crearlos. Por respeto a la dignidad de los migrantes y de los valores europeos, pero también porque esta política genera más sufrimiento que resultados.

La inmigración irregular es una cuestión compleja para la que no hay fórmula mágica. No se resuelve, pero puede gestionarse de manera más humana y eficiente si se aborda desde todos sus prismas. Y es la gestión, esta sí, la mejor receta para combatir a la ultraderecha, que tanto rédito obtiene atacando al extranjero y vendiendo soluciones fáciles para desafíos que no las tienen.

Junto con las prácticas que ahora se conocen, una quincena de países enviaron la semana pasada una carta a la Comisión proponiendo endurecer aún más la política de la UE, justo cuando los Veintisiete acaban de poner en marcha el ya de por sí restrictivo pacto migratorio. Esos 15 países, capitaneados por Dinamarca, reclaman la creación en países extracomunitarios de centros a los que deportar a personas rescatadas en el mar. Esa mera posibilidad, combinada con la denuncia publicada este martes por este periódico, debería despertar a la Unión y recordarle que, además de intereses, debe tener presente los tan manoseados valores europeos.