La petición de 15 Estados de centros para migrantes fuera de la UE presagia una política migratoria aún más restrictiva

Las señales sobre migración y asilo que se detectan en la Unión Europea apuntan un futuro inmediato con políticas más restrictivas todavía. Apenas se acaba de aprobar esta semana formalmente el Pacto de Migración y Asilo —una regulación muy criticada por ONG que trabajan en esta área— y ya hay Estados miembros pidiendo explorar otras vías para ir más allá. Este miércoles, 15 Estados miembros enviaron una carta a la Comisión Europea reclamándole “explorar” la creación de centros para enviar a los solicitantes de asilo rescatados en el mar. En la misiva, adelantada por EL PAÍS, hay algunas ausencias. No está firmada por Hungría, el país más hostil a la llegada de personas de fuera del territorio de la Unión. Y se envió unas horas antes de que en Países Bajos, un Estado muy influyente en las políticas comunitarias, se alcanzara un pacto de Gobierno dominado por un partido ultra con una agenda más dura en la política de asilo. El texto, como admiten algunas de las capitales firmantes, busca influir en el programa de la próxima Comisión Europea, la que se constituirá después de las elecciones europeas.

En esa cita electoral todas las encuestas vaticinan un importante ascenso de la ultraderecha. Algunas sitúan en el tercer y cuarto puesto en eurodiputados a las dos familias políticas más radicales y contrarias a la migración: Identidad y Democracia (ID) —integrada por el francés Reagrupamiento Nacional, liderado por Marine Le Pen, la italiana Lega de Matteo Salvini o Alternativa por Alemania— y Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) —donde se insertan formaciones como Vox o Hermanos de Italia, de la primera ministra Giorgia Meloni—.

El Partido Popular Europeo (PPE) no descarta acercarse, al menos, a una de esas formaciones, ECR, con una posición proucrania, una de las líneas que más separan a estos grupos. Así lo admitió la candidata conservadora a dirigir la Comisión tras los comicios, la alemana Ursula von der Leyen, en el primer debate de la campaña. Y en el manifiesto aprobado para la cita con las urnas por el PPE —según todas las encuestas, la formación que recibirá más votos y tendrá más representantes en el futuro Parlamento— se defiende la firma de “acuerdos con terceros países para garantizar que los solicitantes de asilo también puedan recibir protección de forma civilizada y segura”. “Queremos aplicar el concepto de terceros países seguros. Cualquier persona que solicite asilo en la UE también podría ser trasladada a un tercer país seguro y someterse allí al proceso de asilo”, abunda ese manifiesto.

Desde el Ejecutivo comunitario actual, se limitan a decir respecto de la carta recibida el miércoles que “es el momento de implementar el pacto migratorio” y que hay 2.000 millones de euros adicionales en el presupuesto de la Unión, revisado hace unos meses, para ese fin. La Comisión también apunta que está preparando una respuesta, aunque no aclara el plazo para su publicación. Fuentes comunitarias explican que España y Alemania, países que no han firmado la carta, están en la misma línea. “Toca implementar el pacto migratorio”, concluyen. En una entrevista este viernes en TVE, José Manuel Albares, el ministro español de Exteriores, declaró que los traslados de migrantes a terceros países “no garantizan la seguridad de las fronteras ni respetan los derechos humanos”.

‘Diplomacia de la migración’

Pero los 15 firmantes —Dinamarca, República Checa, Bulgaria, Estonia, Grecia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Rumania y Finlandia— reclaman que la UE no se quede solo en eso. El pacto ratificado formalmente esta semana trata, sobre todo, qué hacer con los migrantes y solicitantes de asilo una vez llegan a la UE. Lo que plantean estos 15 países es explorar, por otra parte, vías para evitar la llegada de esas personas a suelo europeo. Y plantean hacerlo a través de la firma de acuerdos como los que se han alcanzado con Túnez, Egipto o Mauritania. Según apuntan en Bruselas, este objetivo no es sencillo, puesto que hay que encontrar terceros países que acepten. En la capital comunitaria se estudia extender esa diplomacia de la migración, lo que pasaría por llegar a pactos con países de África occidental con los que todavía no hay nada firmado para evitar las salidas de migrantes en el propio territorio.

Esos 15 países, que forman parte de un grupo informal de trabajo sobre estos asuntos en el que hay otros cuatro Estados que no se han sumado a la misiva, también proponen que se estudie el llamado “modelo Albania”, un acuerdo firmado con Italia por el que se crean centros de recepción en ese país del sureste europeo en el que personal italiano tramita la petición conforme a la legislación de la UE.

“Veo esto con mucha preocupación. Es el momento de desarrollar el pacto migratorio que tanto nos costó alcanzar en el asunto más divisivo y espinoso de la UE”, critica el socialista español Juan Fernando López Aguilar, uno de los eurodiputados que negoció el acuerdo alcanzado en diciembre y que se ha ratificado estos días. “El acuerdo venía a poner orden y esa carta conspira para el desorden”, abunda, asumiendo que el propósito es abrir el debate antes de las elecciones europeas e influir en la acción de la siguiente Comisión.

Gemma Pinyol-Jiménez, de la consultora Instrategies y especialista en Políticas Migratorias, asegura:

“Estas propuestas ‘imaginativas’ parecen ser eufemismos para hablar de un proceso de externalización del asilo por parte de los países de la Unión Europea. Es decir, pedirles a terceros países —nunca sabremos con seguridad a cambio de qué— que se hagan cargo de atender/gestionar a personas que querrían llegar a territorio europeo a pedir protección internacional”, asegura Gemma Pinyol-Jiménez, de la consultora Instrategies. “Para mí, es una vulneración del derecho de asilo, en tanto que lo dificultan y no garantizan acceso al mismo. El modelo británico de la ley de Ruanda va en esta misma línea. Y la agencia de la ONU para los refugiados (Acnur) ya dijo que suponía una vulneración del derecho de asilo”, ataca esta experta en Políticas Migratorias.

“Esto es muy problemático. Estamos muy preocupados por este nuevo impulso a la externalización, va en contra de las realidades de la migración internacional y del derecho de asilo”, explica Silvia Carta, portavoz de Pikum, una plataforma de apoyo a inmigrantes sin papeles que se ha mostrado muy crítica con la propuesta. Para ella, la iniciativa de crear centros de atención fuera de la UE solo busca “circunvalar las obligaciones del pacto migratorio”.

Tampoco defiende la propuesta Luigi Scazzieri, del instituto de análisis Centro para la Reforma Europea, quien, no obstante, sí es escéptico con la eficacia del pacto migratorio europeo, ya que le parece algo simbólico y con normas que no funcionarán. “Su idea central es que tiene que haber un procesamiento rápido de las solicitudes. El problema es que, aunque se tramitaran las solicitudes con mayor rapidez y se estableciera un sistema muy eficiente (algo improbable), seguirían quedando cientos de miles de personas cuyas solicitudes han fracasado y que deben ser repatriadas. Pero las repatriaciones son muy difíciles y el índice en los últimos años ha sido bajo”, explica. Por eso, deduce que “estos países piensan que el pacto ha sido sobrevalorado”.

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