Quince países piden a Bruselas que explore crear centros fuera de la UE para migrantes rescatados en el mar

Un grupo de 15 países, encabezado por Dinamarca, reclama a la Comisión Europea fórmulas “innovadoras” para frenar la llegada de migrantes a Europa. Proponen que la Unión Europea firme nuevos pactos migratorios, como los rubricados con Túnez —fondos europeos a cambio de que ese país impida las salidas—, y plantean “explorar” la creación, fuera de territorio comunitario, de centros para enviar a los solicitantes de asilo rescatados en el mar, en un modelo similar al controvertido plan que Italia quiere concretar en Albania y que va un paso más en la senda de externalizar todos los campos de la gestión migratoria.

“Alentamos el establecimiento de asociaciones integrales, mutuamente beneficiosas y duraderas con países socios clave a lo largo de las rutas migratorias”, dicen en una carta enviada al Ejecutivo comunitario este miércoles por la noche los ministros de Interior de Dinamarca, República Checa, Bulgaria, Estonia, Grecia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Rumania y Finlandia.

Reclaman, además, que se establezcan fórmulas para acelerar las deportaciones de los migrantes que no tengan derecho a asilo y que se “reevalúe” la aplicación del concepto de “terceros” países seguros; una fórmula que incrementaría las deportaciones y abriría otras vías para enviar a los solicitantes de asilo a esos países no solo de origen, sino también de tránsito. Además, piden que se haga una lista europea de países seguros fuera de la UE.

“Nuestra responsabilidad y compromiso centrales son defender la estabilidad y la cohesión social y evitar el riesgo de polarización en las sociedades europeas y pérdida de unidad en la familia de los Estados miembros de la UE”, dicen en la misiva, en la que defienden que el número de llegadas irregulares impide que los medios lleguen a quienes tienen derecho a refugio.

En los últimos meses, Europa está endureciendo su discurso sobre inmigración, que se ha convertido en uno de los temas calientes. En 2023, llegaron al territorio comunitario 385.445 migrantes en situación irregular, según datos de la agencia de fronteras de la UE, Frontex; lejos de los casi dos millones de 2015, en plena crisis de los refugiados derivada de la guerra de Siria.

El ‘modelo Albania’

La carta de los 15 países es el resultado de varios meses de debate de un grupo de trabajo informal de 19 Estados miembros, que plantean la discusión ahora que se aproxima la nueva legislatura. Aunque en vísperas de unas elecciones al Parlamento Europeo cruciales, en las que la derecha y, sobre todo, la ultraderecha, harán de la inmigración el núcleo de muchas de sus campañas, no todos los miembros de ese numeroso grupo han rubricado finalmente la misiva, que contiene algunas fórmulas polémicas como el modelo Albania.

Los firmantes defienden que se puede ampliar con nuevos acuerdos con otros países ese controvertido modelo, ideado por la primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni. Defienden que el modelo Albania no es como el que el Reino Unido ha aprobado en Ruanda —que contempla la deportación de migrantes en situación irregular a ese país africano—, sino que se basa en un acuerdo con un país “seguro” de fuera de la UE, donde se seguirá el sistema europeo, con personal de un país comunitario (Italia) y medidas conforme a la legislación europea.

La fórmula italiana, que Meloni acordó con el primer ministro albanés, Edi Rama, en noviembre, fue extremadamente controvertida y pasó por la justicia italiana. Se preveía que se pusiera en marcha en primavera de este año, pero todavía no se está aplicando. Prevé la creación en territorio albanés de centros con capacidad para hasta 3.000 personas —llegadas de los rescates en el mar realizados por las autoridades italianas—y donde se harán los trámites de identificación, control, gestión de solicitud de asilo y trabajos de repatriación para quienes no tengan derecho a protección.

La fórmula ha sido duramente criticada por las organizaciones de derechos humanos y las entidades especializadas en inmigración, que han alertado de que Europa está virando a la derecha en materia migratoria y se está blindando. También han advertido de que convenios como los firmados con Túnez o Egipto para que esos países frenen las salidas a territorio comunitario a cambio de ayuda económica están avalando y blanqueando a regímenes con un nefasto historial de derechos humanos.

La propuesta de los 15 países llega dos días después de que los Estados miembros dieran luz verde definitiva para empezar a implementar el pacto migratorio, un conjunto de reglamentos y normas que endurecen las condiciones de acogida de refugiados, facilitan las deportaciones y establecen, por primera vez, que todos los Estados miembros deben contribuir a la gestión de la migración y acoger una cuota de solicitantes de asilo o contribuir a una cesta común con 20.000 euros por cada migrante rechazado.

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