Bruselas rechaza revisar sus acuerdos migratorios pese a las revelaciones de abusos con fondos de la UE

Ni la Comisión Europea ni el Gobierno español han mostrado intención de revisar cómo se ejecuta su política migratoria en los países africanos a los que destinan sus fondos. Preguntados tras la publicación de la investigación de EL PAÍS junto a Lighthouse Reports en la que se demuestra cómo la UE —y también España— contribuye con sus fondos a que países como Marruecos, Mauritania y Túnez ejecuten operaciones de destierro de decenas de miles de migrantes y refugiados en zonas desérticas o remotas que violan sistemáticamente los derechos humanos, las respuestas han sido evasivas.

La Comisión Europea asegura que es consciente de los “desafíos” que conlleva la política migratoria europea y los acuerdos con terceros países para frenar el flujo migratorio irregular. Pero no se plantea, al menos por ahora, revisar o revocar dichos acuerdos, ni siquiera endurecer los mecanismos de control, pese a las revelaciones de graves abusos de decenas de miles de migrantes, sobre todo de raza negra, con detenciones masivas y desplazamientos forzosos perpetrados por países como Marruecos, Túnez o Mauritania con fondos europeos.

Una respuesta similar da el Gobierno español. “Los derechos humanos son una prioridad de este Gobierno y este Ministerio, que los defiende en todo momento”, han mantenido fuentes de Exteriores para defender que España vela para que sus donaciones salvaguarden el derecho de los migrantes y solicitantes de asilo. También el Ministerio del Interior ha insistido en su “pleno respeto” a los derechos humanos en sus acuerdos con países africanos, obviando que varios de los vehículos que ha donado se destinan, tanto en Marruecos como en Mauritania, a la detención y destierro de inmigrantes y refugiados subsaharianos.

“Vemos muchos desafíos en muchos de nuestros países aliados. Ellos son los primeros que tienen que tratar esta situación, por eso estamos cooperando con ellos”, ha dicho la portavoz de la Comisión Europea para alianzas internacionales, Ana Pisonero. Y ha agregado la línea tradicional de Bruselas en materia de derechos humanos: “El respeto de los derechos humanos y la dignidad humana de todos los migrantes, refugiados y demandantes de asilo son principios fundamentales de la gestión migratoria en línea con las obligaciones bajo el derecho internacional y la UE espera de sus aliados que cumplan esas obligaciones internacionales, incluido el derecho a no ser devuelto”.

Aun así, consultada sobre si Bruselas se plantea tomar medidas como pedir explicaciones a los países señalados por la investigación, o incluso suspender acuerdos como el memorando de entendimiento firmado con Túnez hace casi un año, la portavoz se ha limitado a recordar que “no se trata de acuerdos migratorios, sino de acuerdos mucho más amplios” con esos países.

“Nuestros esfuerzos se dirigen a establecer un diálogo más estructurado con nuestros aliados e incrementar el espacio para las discusiones. Y, por supuesto, con el objetivo de establecer sistemas de gestión de la migración basados en los derechos. Eso es algo que seguiremos haciendo con nuestros países aliados”, ha agregado.

Por su parte, el portavoz jefe de la Comisión, Eric Mamer, ha recordado que “son los Estados miembros los que quieren que la Comisión firme acuerdos de este tipo con otros países, porque todo el mundo es consciente de que tenemos que trabajar en alianza con otros países a la hora de afrontar la migración”.

Fórmulas “innovadoras”

Apenas ratificado el gran pacto migratorio y de asilo, la semana pasada, una quincena de países de la UE fueron más allá y reclamaron a la Comisión fórmulas “innovadoras” para frenar la llegada de migrantes a Europa, entre las que proponen la firma de nuevos pactos migratorios como los rubricados con Túnez, es decir, fondos europeos a cambio de que ese país impida las salidas. También plantean “explorar” la creación, fuera de territorio comunitario, de centros para enviar a los solicitantes de asilo rescatados en el mar, en un modelo similar al controvertido plan que Italia quiere concretar en Albania y que va un paso más en la senda de externalizar todos los campos de la gestión migratoria.

Una amplia investigación de EL PAÍS con la organización Lighthouse Reports y otros medios extranjeros ha documentado de la forma más exhaustiva hasta la fecha cómo los fondos europeos financian operaciones de detención y desplazamiento forzado de migrantes en Marruecos, Mauritania y Túnez. Cada año, decenas de miles de personas acaban desterradas en zonas desérticas o ciudades remotas en el norte de África, retenidas en condiciones insalubres y a menudo inhumanas para intentar disuadirlos de continuar su viaje hasta territorio europeo.

Visiblemente incómodos ante las preguntas sobre estas informaciones, los portavoces de la Comisión han recordado que se trata de “países soberanos” y que “son ellos los que controlan sus fuerzas nacionales”, pero han subrayado a la vez que dichos países “han acordado cooperar en base al respeto del derecho internacional y los derechos humanos. Por eso estamos trabajando y por eso seguimos implicados sobre el terreno”.

“Trabajamos con ACNUR [la Agencia de la ONU para los Refugiados], con la Organización Internacional para las Migraciones, también trabajamos con ONG internacionales sobre el terreno para proporcionar ayuda a la gente que lo necesita. Y seguimos trabajando sobre el terreno”, han insistido ante la pregunta —tampoco respondida abiertamente— sobre si el Ejecutivo comunitario se plantea endurecer los mecanismos de control del cumplimiento de los estándares mínimos en materia de derechos humanos en estos países.

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